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Javier Bedoya de Vivanco no cree en la capacidad de autoregulación de la prensa.

Javier Bedoya de Vivanco, autor de la llamada "Ley Mordaza", plantea en blanco y negro un área gris y compleja: el conflicto entre el derecho a la intimidad y el interés público.

Por 97 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el Congreso aprobó la semana pasada el dictamen que modifica el artículo 162 del Código Penal. La iniciativa legislativa de responsabilidad del congresista UN Javier Bedoya de Vivanco estipula para quien “indebidamente interfiere, escucha o difunde una comunicación privada” pena de cárcel no menor de dos años ni mayor de cuatro años, y si “el agente es funcionario público”, de tres a seis años. El dictamen precisa que “está exenta de responsabilidad la difusión de comunicaciones que tuviesen un contenido delictivo perseguible por acción penal pública o que contravenga el ordenamiento legal vigente”. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se han pronunciado enérgicamente en contra y han exigido que el presidente Ollanta Humala observe la ley. El Ejecutivo tiene 15 días para pronunciarse. La abrumadora votación da cuenta del nivel de irritación de los políticos con audios y videos producto de interceptaciones ilegales divulgados por la prensa. La presente entrevista al autor demuestra que los ánimos siguen caldeados.

¿Esperaba el cargamontón de los medios a su iniciativa legislativa?
–Sí esperaba un cargamontón adverso. Lo que no esperaba es la serie de pronunciamientos a favor. Me llenan de gratitud expresiones como la de Mario Vargas Llosa o César Campos en Expreso, u otros periodistas que dicen que no es un atentado contra la libertad de prensa y que era necesario un freno a los excesos. Mi primer proyecto lo presenté en 2010 y no prosperó. En agosto, tan pronto volví a jurar, lo actualicé. Contó con 99 votos a favor, uno solo en contra y 4 abstenciones, lo que evidencia que en todas las bancadas ha habido una conciencia de que esta ley era necesaria.

–¿Motivó el proyecto la divulgación de los llamados ‘potoaudios’ que emitió canal 2?
–Ya yo había públicamente solicitado a los medios de prensa que se autorregularan, sin embargo no tuvo mayor acogida. Esa perversa y miserable campaña de Jaime Bayly contra Lourdes Flores fue lo que gatilló la necesidad de presentar el proyecto.

–Ha pasado poco más de un año de esa emisión y no hay responsables.
–No estaba penalizada la difusión. Yo espero que una vez que entre en vigencia esta ley, sabiendo que ya no van a poder difundir estas cosas, baje el chuponeo.

–Tampoco se ha sancionado a los ‘chuponeadores’…
–Que yo sepa, ninguna autoridad se dedicó a averiguar sobre eso.

–Siguiendo con su apreciación de la autorregulación, ¿el Tribunal de Ética, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) no cumplen su labor?
–Lo que puedo decir objetivamente en función de cómo veo actuar a los periodistas, lo que transmiten en la radio, televisión, en los periódicos, es que da la impresión de que esas entidades no existieran.

–¿Nunca han funcionado?
–Más bien veo que, por ejemplo, la presidenta de una de esas entidades (María Teresa Quiroz) tilda el proyecto de inconstitucional, mordaza, contra la libertad de prensa y cita una serie de párrafos inexistentes del proyecto. Yo no sé cómo se aventuran. Lo mismo sucede en los editoriales de El Comercio y de La República, citan textualmente, ponen entre comillas párrafos que no han sido aprobados, que no forman parte de la ley, y en base a esos datos equívocos construyen el editorial. Lo mismo ocurre con la señora Kela León, no ha leído el proyecto y se lanza a criticarlo. Qué penoso espectáculo.

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El 15 de septiembre de 2010, en el tramo final de las elecciones municipales, estalló el “potoaudio”.

–El ex ministro de Justicia y ex presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, ha tildado su proyecto de inconstitucional y contrario a los tratados internacionales.
–¿Por qué en su momento no levantó la voz? Él era ministro de Justicia cuando yo presenté por primera vez este proyecto. No tengo ningún afán de persecución a la prensa ni estoy en contra de la libertad de prensa. ¿Usted cree que voy a llegar a esta etapa de mi vida para volverme a favor de las dictaduras y las mordazas? Pero también creo en el derecho de 30 millones de peruanos de tener el derecho a la intimidad, a la privacidad, y nada de esto quiere ser reconocido. La Constitución en un mismo artículo señala dos cosas aparentemente contradictorias: Artículo 2: derecho de las personas a la información. Numeral siete: derecho a la persona a la intimidad, al honor, al buen nombre, a la buena reputación personal y familiar. ¿Es que acaso la Constitución es contradictoria? Lo que sucede es que no hay derechos absolutos y hay que poner límites a los derechos, y cuando la gente de propia iniciativa no autorregule esos límites, la ley tiene que decírselos desgraciadamente.

–¿Reconoce que la propuesta puede mejorar?
–Eso ya corresponde a la opinión de los detractores, de repente pueden tener razón en algunas cosas susceptibles de ser mejoradas. Este proyecto tiene opinión favorable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Fiscal de la Nación ha emitido también opinión favorable. Fueron opiniones que la Comisión de Justicia pidió. Los miembros de la Comisión de Justicia lo revisaron e hicieron algunas enmiendas. En el debate en el pleno hubo nuevos aportes. Tres etapas en consecuencia, en que una etapa es mi proyecto.

–Pero el medio periodístico no fue consultado. Ni periodistas, ni sus instituciones, ni directores.
–Los directores de los medios no necesitaron ser consultados porque fueron en conjunto todos ellos a hacer lobby con el presidente del Congreso, y estoy seguro que lo deben está haciendo con los ministros del Estado y ante el Presidente de la República. En consecuencia sus puntos de vista han sido presentados al más alto nivel. Y si otros entes no han sido consultados, mire, después de leer los comentarios adversos publicados sobre el proyecto, veo que esos medios no hubieran tenido nada que aportar.

–¿La ley no trunca la labor periodística?
–No les estoy prohibiendo que cumplan con su labor de investigación y periodística. Lo único que les estoy diciendo es que al ejercer esa labor respeten los otros derechos constitucionales, respeten la inviolabilidad de la documentación. Así como hay legislación que persigue y sanciona el blanqueo del dinero mal habido, no se dan cuenta ustedes que se han convertido en blanqueadores de noticias mal habidas. Porque muchas de estas noticias son objetos de chuponeos ilegales y al difundirlas están blanqueando la labor del chuponeador, claro, porque la difusión no está sancionada, el chuponeo sí. El chuponeador que vaya preso, pero el periodista que difundió eso ilegalmente chuponeado no. Que nadie toque a los periodistas. Ni con el pétalo de una flor. Así no son las cosas.

–¿Está comparando a los periodistas con delincuentes?
–Yo lo que digo es que están blanqueando noticias mal conseguidas.

–¿Qué entiende usted por intimidad?
–Es la privacidad de la gente. Por mucho que una persona pueda tener una actividad pública, puede ser un político, un artista o un personaje público, esa persona tiene derecho a su vida privada, a una esfera intima y personal, en la cual nadie tiene por qué inmiscuirse y menos difundirlo.

–¿Qué entiende por derecho a información?
–Es el derecho que tiene toda persona a ser informada sobre los acontecimientos públicos que suceden en el país. Que sean de interés público y que no violen derechos de otras personas.

–Si su ley hubiese existido en 2000, ¿se hubiesen difundido los “vladivideos”?
–Veo que usted no ha leído mi ley.

–Claro que sí.
–Desde el inicio mi proyecto decía “está exenta de responsabilidad la difusión de comunicaciones que tengan un contenido delictivo procesable por acción pública”. ¿Qué significa esto? El típico caso que usted menciona de los “vladivideos”, cuyo contenido eran hechos delictivos. Desde el inicio hasta el final he librado de responsabilidad aquellos audios, aun cuando hayan sido objeto de chuponeo y tengan un contenido penal de actos delictivos susceptibles de ser sancionados, ahí no habrá responsabilidad.

–En 2000 Montesinos controlaba el Poder Judicial.
–Qué fácil y qué cómodo, la prensa el año 2000 estaba manejada por el señor Montesinos, los medios también. Entonces no escupa amigo al aire.

–¿Qué diferencia hay entre los “potoaudios” y los de BTR?
–Mientras los audios de BTR podían contener hechos delictivos, estaban evidenciando entendimientos para dar licitaciones y hacerse de lotes petroleros, etc., los audios de las conversaciones de Lourdes Flores no contenían ningún acto ilícito. Era simplemente chismografía, que podía ser utilizada políticamente en contra de la candidata Lourdes Flores porque estaba hablando coloquialmente y con una persona amiga. Entonces, algunas expresiones de Lourdes Flores era carnecita. Durante 30 días la destrozaron.

–El abogado de IPYS, Roberto Pereira, dice que el Ejecutivo debería observar la ley porque está mal redactada.
–Es opinión de él. Esto ha pasado por la opinión de 15 miembros de la comisión de Justicia, por la revisión de 130 congresistas. Amén. Este proyecto, a pesar que haya pasado por 150 opiniones, pueda continuar teniendo errores.

–¿Qué pasaría en caso de una observación del Ejecutivo?
–Habría que conocer en qué consiste la observación para ver si es que es subsanable o no. Si se puede acoger, en consecuencia el Congreso se allana a esa observación o el Congreso opta por insistir en su proyecto.

–¿No cree en la autorregulación de los medios, pero sí cree en la autonomía e imparcialidad de los jueces?
–Los jueces son personas a quienes la sociedad, después de prepararlos y después de un examen, les han encomendado administrar justicia. Lo que un juez pueda resolver, va a la Corte Superior y lo que esta resuelva va a la Corte Suprema. Si ya 9 personas opinan en el mismo sentido, asumo que deben estar en lo correcto.

–¿Cree usted que los medios de comunicación pueden servir en la lucha anticorrupción?
–Claro, y han jugado un rol importantísimo. Han sido el principal vehículo en la época de la dictadura, porque no había otra forma de hacer conocer los hechos y denunciarlos. Hubo prensa que se la jugó, la prensa que estaba libre. (Entrevista: Eloy Marchán)

Se Pasó de la Raya

Duras lecciones del escándalo de escuchas ilegales en Gran Bretaña.

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El imperio Murdock se tambaleó.

¿Era necesaria la sentencia de un juez para que la prensa divulgue los “petroaudios”? ¿O los “potoaudios”? La frontera entre la intimidad y el interés público es difusa.

En el Reino Unido el interés público comprende –pero no se restringe– a los siguientes parámetros:

1. Detectar y poner al descubierto crímenes o serias faltas.

2. Proteger la salud pública y la seguridad.

3. Prevenir que el público no sea engañado por la acción o las declaraciones de un individuo u organización.

Recuerda que “es de interés público la libertad de expresión en sí misma”.

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Tabloide profano News of the World.

A su vez, la Comisión demarca las fronteras al derecho a la privacidad:

1. La privacidad no es un derecho absoluto. Puede ser transgredida por conducta o consenso.

2. La privacidad no significa invisibilidad. Fotografías captadas en genuinas áreas públicas e información en el campo del dominio público pueden ser legítimas.

3. La privacidad puede atentar contra el interés público cuando es utilizada para sostener una conducta secreta impropia para una figura pública o un modelo de valores.

La opinión pública básicamente acepta estos criterios. Por ello pocos se rasgaron las vestiduras en Gran Bretaña mientras el tabloide News of the World se dedicó a realizar escuchas ilegales a más de 4,000 políticos, deportistas, ricos y famosos. El derecho a la intimidad de las figuras públicas tiende a estrecharse frente al escrutinio público.

Sin embargo, cuando se supo que NoW también chuponeó a víctimas de los atentados dinamiteros en Londres y soldados muertos en Afganistán, y llegó al extremo de manipular el mensajero de voz del celular de Milly Dowler, 13, desaparecida en 2002, borrando antiguos mensajes para dar cabida a nuevos, y creando la falsa esperanza a los padres de que estaba viva, estalló la repulsa ciudadana.

Como consecuencia, el magnate Rupert Murdock, propietario del tabloide, ordenó su clausura en julio pasado, y han sido condenados a prisión más de un editor y periodista responsables de la grave transgresión. ¿Es el caso de los “petroaudios”? El propio Bedoya de Vivanco dice que no. ¿Y el de los “potoaudios” de Lourdes Flores en plena campaña electoral? Bedoya de Vivanco dice que sí, pero la prensa tiende a pensar que no. ¿Qué dice la opinión pública? ¿Qué diría un juez?

En Defensa del Chisme

El derecho a la intimidad de los ricos y poderosos.

Para el ácido periodista británico Auberon Waugh el escrutinio público a los “ricos y famosos” es “un pequeño precio a pagar por ser rico, o hermoso, o excepcionalmente talentoso, o incluso famoso”. Según él, “si, como persona famosa, está usted en el hábito de hacer cosas que lo avergonzarían si fueran ampliamente conocidas, entonces tiene la opción de cambiar sus hábitos o alejarse de una buena vez por todas de la escena pública”.

 


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