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26/May/2011
 
 
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Actualidad La reforma constitucional clave que propone Gana Perú.

El Candado Subsidiario

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Alberto Borea a favor de reformas puntuales.

La posibilidad de una reforma constitucional no es mencionada en los nuevos “lineamientos de política” presentados por Ollanta Humala.

El propio candidato declaró luego de presentar ese documento el pasado 12 de mayo que “en el plan de Gana Perú estaba considerada una nueva Constitución… Muchos creían que el eje central de la campaña era eso. Yo creo que las transformaciones que estamos planteando ahora no implican llegar al nivel de una nueva Constitución. Vamos a plantear determinadas reformas que consideramos necesarias, pero dentro del nivel del Parlamento de la República”.

Humala sostiene ahora que buscará “alianzas estratégicas” en el Congreso para sacar adelante iniciativas como la ley General del Trabajo, la del Canon y las sobreganancias mineras.

Pero Kurt Burneo, del equipo técnico de Gana Perú, dejó en claro durante el debate técnico del domingo 22 que en caso de ganar impulsarían una reforma constitucional para sacar al Estado de su rol subsidiario en la economía.

Según señala el jurista Alberto Borea, la actual constitución “solo le autoriza al Estado a participar en la actividad empresarial por razón de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. La Carta de 1979 permitía una mayor injerencia del Estado en la economía. Con ello se podía, desde el mismo mercado, regular el papel de agentes privados codiciosos que no entendieran aquello de una actuación en armonía con el interés social. Hoy se vuelve a debatir sobre este tópico. Algunos piensan que se cerró demasiado el espectro y se ata de manos al Estado para desarrollar actividad a favor de esos sectores donde no llegan las empresas privadas”.

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Burneo dejó en claro que se intentará salir de la definición del Estado subsidiario.

Borea considera que “la constitución debe ser lo suficientemente amplia para que gente que tiene pensamientos diferentes sobre temas opinables, pero valores esenciales compartidos, pueda desarrollarse bajo su sombra. En una constitución han convivido los gobiernos más conservadores y los del New Deal en los Estados Unidos y hace ya más de 40 años lo hacen los socialistas y los conservadores en España. Si se impone un solo modelo solo se propicia el peligro de una convulsión social en tanto no se puedan llevar a la práctica diversas opciones respetables pero divergentes de quienes están al mando en un momento”.

Si bien los “lineamientos” no proponen textualmente modificaciones constitucionales, sí introducen un rol más activo del Estado en la economía. Es destacado el ejemplo del otorgamiento de créditos por parte del Banco de la Nación a PYMES y empresarios. Según Burneo, ese papel ha sido limitado por el mencionado carácter “subsidiario” del Estado.

Francisco Eguiguren, constitucionalista que luego de la primera vuelta se sumó a las filas de Gana Perú, está a favor de hacer cambios a la Constitución. Aunque en el Congreso “no hay mayoría, la Carta Magna vigente prevé el camino del referéndum popular para modificarla o llamar a una Asamblea Constituyente”, señala. “El caso del referéndum del Fonavi es un ejemplo”.

Coincide en que “se deberían hacer cambios sobre todo en el capítulo referido al régimen económico. El mercado no puede resolverlo todo y el Estado tiene que tener un rol más preponderante”.

REFORMA EN DEBATE

El fujimorismo agita el fantasma de la reforma constitucional. Nada que sorprenda si es que se toma en cuenta que el plan de gobierno naranja tiene la carta de 1993 como el documento fundador del Perú que conocemos hoy. Buena parte del coro mediático se suma al dogma.

¿Siempre hubo tan cerrada defensa de la Constitución precedida por un autogolpe? De ninguna manera.

En mayo del 2001, el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua emitió un decreto supremo que creó la Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional.

Luego fue aprobada la ley 27,600, que estableció que la Comisión de Constitución presente un proyecto de reforma total que tomara particularmente en cuenta el texto de 1979, y que fuera luego sometido a referéndum.

El 70% de los artículos fue aprobado en el Congreso pero el debate perdió aliento y luego de ser suspendido durante diez días en mayo del 2003, nunca fue retomado.

En su discurso del 28 de julio del año siguiente, el entonces presidente Alejandro Toledo le planteó al Acuerdo Nacional tres vías de discusión: convocar a una constituyente, otorgar al siguiente Congreso potestades constitucionales por seis meses o retomar el proceso truncado el año anterior.

La discusión no despegó. Una de las promesas de Alan García fue el retorno a la constitución de 1979, pero el golpe de timón fue de tal magnitud que el dirigente Wilbert Bendezú fue retirado de la secretaría de organización por convocar a una marcha en apoyo del cambio.

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