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La Visión Sombría

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La tragedia de la niña Romina Cornejo, las tonterías que proclama el ministro del Interior como respuesta al último caso delictivo de alto perfil y los repetidos casos de corrupción o incompetencia dentro de la Policía Nacional, provocan periódicamente excitados comentarios en los medios, que devienen inconsecuentes por su propia hiperventilación.

En un editorial publicado este martes 17 en El Comercio, por ejemplo, el diario afirma que “la violencia que está imponiendo el crimen organizado no tiene parangón”.

Pero sí tiene parangón. El Perú está lejos de sufrir, por ejemplo, las tasas de homicidios de los países más violentos de Latinoamérica. El promedio latinoamericano es de 25.6 víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes, mientras que el peruano fue de 10.9 el año 2009. Los países más violentos del Hemisferio registraron tasas de 55.3 víctimas por cada 100 mil habitantes (en El Salvador, el 2006); 45.2 (en Guatemala, el mismo año); 49.1 (en Jamaica); 42.9 (en Honduras); 37.3 (en Colombia, en 2006). Este último país tuvo una tasa de homicidios de 65.7 víctimas por 100 mil habitantes el 2002.

Lo anterior no significa que no tengamos un problema importante y medianamente grave de seguridad ciudadana. Latinoamérica es la región más violenta del mundo en criminalidad. Si comparamos nuestros índices de violencia homicida con los de España (2.7 víctimas por 100 mil habitantes); o Portugal (1.8) vemos que quintuplicamos y sextuplicamos los índices comunes a los países de Europa occidental.

No solo eso. Al comparar los mismos índices con los de los países más estables de América Latina (Uruguay tuvo 4.3 víctimas mortales por cada 100 mil habitantes; y Chile apenas 1.9) el Perú se sitúa entre las naciones con niveles intermedios de violencia homicida en Latinoamérica.

El problema es que hay condiciones para un agravamiento de la violencia criminal en el país.

En junio pasado, el Instituto de Defensa Legal (IDL) encargó al Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica una encuesta sobre la seguridad ciudadana en Lima y Callao. Lo primero que resalta al examinarla es lo pesimista de la percepción ciudadana.

El 96% de los encuestados considera que Lima y Callao son lugares poco seguros o muy inseguros. El 61% percibe que los robos en la calle han aumentado del año pasado a éste; el 63% que aumentaron las agresiones de pandillas; el 73% que crecieron los secuestros; el 60% que hubo más robo de vehículos...

¿Por qué? El 57% dice haber sido víctima de un robo o intento de robo en la calle (de lejos el mayor tipo de ataque). La sensación de amenaza en el espacio público es, por eso, muy alta. El 74% considera que la delincuencia y la inseguridad ciudadana es el principal problema que afecta a Lima y Callao (contra 60% que piensa que es el desempleo y la falta de trabajo). Pero si se añade a ello que el 42% piensa que es el pandillaje, el 39% que es la corrupción y 34% que es el consumo y venta de drogas (frente a un escaso 20%, por ejemplo, que considera que el principal problema es el transporte público), se ve que los hechos vinculados con la delincuencia y la inseguridad son los que en forma abrumadora se identifican como problemas principales para la gente en Lima y Callao.

¿Quién o quiénes son responsables de que ello ocurra? La Policía sale muy malparada en esa visión sombría. El 79% de los encuestados declara tener poca o ninguna confianza en la Policía. ¿Por qué? El 63%, la abrumadora mayoría, dice que es “por la corrupción” policial.

En forma congruente con lo anterior, apenas el 20% de los encuestados aprueba la gestión del ministro del Interior, Octavio Salazar, en tanto que el 58% la desaprueba.

Y por eso, frente a la percepción de una Policía y un Ministerio del Interior afectados por la corrupción y la ineficacia, nada menos que un 71% de los encuestados sostiene que la Fuerza Armada debe “intervenir en el control del orden interno”. Esa salida (que, de paso, ha probado ser desastrosa en los países más afectados por la violencia en Latinoamérica) es un indicativo de desánimo y de profundo pesimismo ciudadano frente a las instituciones que deben realizar las funciones básicas de un Estado: proveer de seguridad a sus ciudadanos.

Yo dirigí durante casi tres años el programa de seguridad ciudadana de IDL y con base en la experiencia de una amplia diversidad de casos, lugares y problemas, puedo decir que hay varios casos exitosos que deberían servir de modelo.

Pero no le pregunten sobre eso a Octavio Salazar, que anda en ello más perdido que ciego en tiroteo. Pregúntenles a personas como Quintiliano Olivas, coordinador de Juntas Vecinales en Villa El Salvador; a Susano Enciso, infatigable luchador contra la delincuencia en cerro El Pino; a Wilder Sánchez, veterano dirigente rondero de Bambamarca. Todos ellos lograron sorprendentes resultados en la lucha contra la delincuencia sin otros medios que su valor, tenacidad y capacidad de organización vecinal, distrital o provincial.

También podrían preguntarles a varios jefes policiales que se esforzaron en desarrollar sistemas de policía comunitaria, e integrar su esfuerzo con el de la población organizada. En todos los casos en los que este tipo de esfuerzo se realizó en forma perseverante, los resultados fueron sorprendentes y en algunos casos espectaculares. Distritos asolados por el crimen se convirtieron en lugares pacíficos, por lo menos mientras duraron esos policías ilustrados en sus puestos.

El año pasado hicimos en IDL un plan piloto de seguridad ciudadana para Villa El Salvador, con la intención de que pudiera ser replicable en la mayor parte de distritos en el país.

En el libro que expresó ese plan: “La fuerza de todos”, partimos de una premisa: que “la seguridad ciudadana es un derecho humano pésimamente distribuido… quienes cuentan con mucho dinero tienen, por lo general, mucha seguridad; quienes tienen poco, disfrutan de poca seguridad; y quienes nada tienen, de ninguna”. La respuesta de quienes tienen poco o nada frente a la inseguridad debía expresarse en una sola palabra: organización.

El plan y el método para darle sentido a la organización disciplinada de los vecinos debía, debe “vertebrar la acción de los tres actores fundamentales en la seguridad de un distrito: la municipalidad, la PNP y las juntas vecinales”. Si los tres elementos funcionan y coordinan bien, el éxito está garantizado. Si no, no. El líder de las acciones de seguridad ciudadana en cada distrito debe ser el alcalde, pero en estrecha coordinación con los comisarios y los dirigentes de juntas vecinales.

La ventaja que representa la organización no debe utilizarse solo para acciones de seguridad sino “para desarrollar otros proyectos en beneficio de su comunidad, en especial los vinculados a la lucha contra la pobreza”.

Utilizar los recursos del distrito para preparar y crear oportunidades, en especial para los jóvenes; poner en práctica sistemas de penas alternativas, de resarcimiento a la comunidad, incluyendo el trabajo con pandillas bajo modelos parecidos a los que realizó exitosamente el padre “Chiqui” en El Agustino: el método comunitario de lucha contra la inseguridad no es draconiano (aunque muy pragmático) sino inclusivo. Su eficacia, sin embargo, es indiscutible a partir de los éxitos logrados en los lugares en que se puso en práctica.

Cuando ese nivel de delincuencia: el de robos, hurtos, pandillaje, que es el que más alarma a la gente, disminuya mucho, el enfrentamiento contra el crimen organizado se hace más fácil a través de grupos especializados de la Policía y la Fiscalía. La parte complementaria: lograr la masa crítica de jueces limpios y competentes y de sistemas penitenciarios eficaces y suficientes, no existe ahora. Conseguir esa masa crítica no es una tarea de cumplimiento inmediato, pero es plenamente posible. Antes no había recursos. Ahora los hay. Casi tanto como demagogia. Lo único que falta es visión, honestidad y liderazgo.(Gustavo Gorriti)

 


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