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Culpas en Busca de un Autor

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No se precisa gran experiencia en los asuntos públicos peruanos, para saber que los escándalos más cacareados son causados con frecuencia por un propósito de encubrimiento antes que por uno de revelación. A mayor complejidad e importancia del caso, debe esperarse mayor esfuerzo de desinformación.

Claro que esa no es una regla inalterable, pero es cierta en el caso de los “Petroaudios”, donde la estridente serie de acusaciones y contraacusaciones se ha deslizado a lo farsesco. Es un desfile de culpas en busca de un autor. Desde autoridades hasta inculpados, hay una suerte de frenesí acusatorio en el obvio empeño de clavarle culpas a otro para aminorar o hacer olvidar las propias.

Desde sus comienzos, todo el caso ha sido equívoco y ambiguo. Y ahora, cuando se multiplican las vueltas de tuerca de la confusión, el mejor servicio que se le puede ofrecer al lector es aclarar algunos hechos básicos, para que cualquier interpretación analítica se asiente sobre premisas mínimamente sólidas.

Primero, algunos antecedentes importantes, que tienden a ser olvidados, que son determinantes para comprender lo que sucede ahora. Hay que empezar por una pregunta que suena redundante y ociosa, pero que no lo es. Vaya que no lo es.

¿Cuál es el origen, los primeros libretos y actores del caso? Este fue (o es) un caso de competencia a la mala entre grupos industriales y sus allegados políticos y profesionales. Empieza como una disputa entre cementeros, que buscan golpear a los políticos que ayudan a la competencia, mientras tratan de fortalecer a sus aliados dentro del gobierno. De tal manera que la pelea se da entre industriales de los mismos gremios y entre políticos del mismo gobierno y del mismo partido. Un ex ministro de Economía de este gobierno me la describió muy bien. “No es una pelea entre empresarios sino entre encomenderos”, dijo.

Se trataba de hacer una operación lo suficientemente clandestina como para que no se pudiera probar (y de repente ni sospechar), de dónde provenía la orden original.
Pero lo que sucede en operaciones clandestinas como ésa es que cuanto más distante queda el comando y control, mayor vigencia adquiere el principio de las consecuencias imprevistas. Así, por ejemplo, uno de los blancos centrales del espionaje electrónico: Hernán Garrido Lecca, salió casi indemne del proceso (por lo menos hasta ahora); mientras que Jorge del Castillo, una persona apreciada por quienes indujeron u ordenaron el chuponeo, resultó siendo uno de los más afectados por el mismo.

De manera que no nos hará ningún daño entender una cosa: se trató de una guerra civil entre homólogos, pero guerra civil sin enfrentamiento abierto, que se libra por interposición (o sea, a través de proxies), y donde no se trata de quebrarle los huesos a los pares o los cercanos a uno, sino, de repente, asustarlos. Si hay que quebrar algo, para eso están los dependientes, los subordinados, los desechables. Y estos, a su vez, tratan de repetir el juego, en lo que pueden. Es un lío que en términos sociales y políticos figura entre la endogamia y el incesto. ¿Quieren ejemplos? A ver: entre los chuponeadores, Giselle Giannotti no solo dio charlas en la CONFIEP, el Ministerio del Interior y el Comando Conjunto, sino que fue colega y pareja de Wilson Gómez Barrios, dirigente empresarial, que tenía entre los directores de su empresa a dos colaboradores cercanos de Alan García: Ricardo Vega Llona y Julio Favre.

A su turno, el principal ejecutivo de Business Track, Manuel Ponce Feijoo, es un experto en inteligencia muy cercano al vicepresidente Luis Giampietri. Muchos dirigentes apristas lo sintieron (y algunos todavía lo sienten) próximo.
Entre los chuponeados, ya sabemos que Rómulo León no solo fue dirigente y ministro aprista, sino amigo cercanísimo de casi todos los que están ahora en el poder. Era un lobbista con influencia. Y Alberto Quimper fue abogado y asesor de medio mundo, empezando por Alan García, por supuesto.

Se puede explicar mucho más, pero por ahora me parece que es suficiente. Solo recomiendo que esa perspectiva no se pierda de vista al estudiar cualquier incidente del caso.

Paso ahora a tratar de aclarar algunas versiones recientes sobre hechos del año pasado.

¿Por qué intervino la Dirandro en el caso “Petroaudios”? Formalmente, por oficio (Caso Nº 289-2008) del fiscal Walter Milla, el 22 de noviembre de 2008. En realidad, por disposición del presidente de la República, Alan García, quien coordinó el inicio de la investigación con Gladys Echaíz, fiscal de la Nación. Luego que éstos compartieran inteligencia que señalaba a marinos vinculados con inteligencia naval como autores del chuponeo, García recurrió al único grupo en el país que tenía tanto el equipo como el entrenamiento necesario para llevar a cabo la investigación. Posteriormente volvería a hacerlo en el caso del espía Ariza.

Hay que decir que el trabajo de la Dirandro en este aspecto fue de considerable destreza profesional. Los veteranos especialistas en inteligencia de BTR no se percataron de estar bajo vigilancia, y fueron sorprendidos por el arresto.

¿Qué dispositivos de almacenamiento electrónico de Giannotti revisó la Dirandro? De acuerdo con los documentos de la Fiscalía, Giannotti autorizó “en forma expresa, espontánea y voluntaria” el levantamiento del secreto de las comunicaciones en los dispositivos de almacenamiento electrónico que le fueron incautados. De hecho, la firma de Giannotti, junto con la de los abogados asistentes a la diligencia y la de la fiscal adjunta, Vanessa Covarrubias, figura en cada una de las actas de “obtención de imagen (…) y visualización de archivos”.

El USB de marca Boston Technologies fue reproducido por el programa forense Encase el mismo 13 de enero. Encase hace una suerte de fotografía del contenido del dispositivo revisado, sin alterarlo y con una verificación digital de cualquier alteración de contenido.

El mismo proceso se dio con otro USB Boston Technologies, que fue revisado un día antes, el 12 de enero. Los dos USB tenían en total 1,024 archivos. En la investigación policial se revisaron superficialmente casi 900 de esos archivos.

Luego, la información que había en los USB originales fue borrada y cambiada, pero eso sucedió en la etapa fiscal o la judicial, no en la policial. Por lo contrario, la información “espejo” es la que salvó la prueba, una vez que se comprobó, a fines de la semana pasada, que había mantenido su intangibilidad.

Pero hubo otros dos USB marca Memorex, de 4 GB, que no fueron revisados por el Encase. ¿Por qué? Los policías que estuvieron a cargo de la investigación dan explicaciones que resulta difícil verificar. Según diversas fuentes, toda esa información se perdió. ¿Quién la borró? La Policía sostiene que lo que no revisó fue guardado, lacrado y entregado a la Fiscalía. Fuentes fiscales y judiciales, sin embargo, insinúan que si eso se borró, ocurrió durante la investigación policial.

Hay otro CPU marca Dell, de Giannotti, cuyo disco duro no pudo ser revisado por el Encase, debido a que utilizaba el sistema operativo Linux, para el que no había software forense acondicionado. No está claro qué pasó con la información que contenía.
El hecho, entonces, es que sí se borró información. Lo que hay que averiguar es cuándo, por quién y, sobre todo, qué se borró.

¿Sorprende? En absoluto. En este enfrentamiento incestuoso de deshonestidades, ha habido y habrá el intento de controlar daños encubriendo al grande a costa del pequeño. Pero el problema para estas lumpen plutocracias y sus allegados es que los “pequeños” son, tanto en el caso de la Dirandro como, en el otro lado, de BTR, el tipo de especialistas que no creo hayan puesto todos los huevos en la misma canasta. Esperen sorpresas en el futuro cercano.

 


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