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Seguridad A Giselle Giannotti le decían “Digital”. En la caja fuerte de su casa la Policía halló información ligada al chuponeo a Rómulo León y mucho más.

Giselle y los 6 USB

12 imágenes disponibles FOTOS  PDF 

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Giselle Giannotti es una analista de sistemas de singular atractivo y versatilidad.

En la avenida Tacna quedan los santuarios de Santa Rosa de Lima y el Cristo de Pachacamilla. Pero en el Perú no parece haber milagro que contenga al “chuponeo”. El martes último a las 5 y 30 de la tarde, seis agentes del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro), dirigidos por el titular de la Tercera Fiscalía Contra el Crimen Organizado Walter Milla, irrumpieron en una habitación del piso 10 del edificio Estolaza, en la cuadra cuatro de la céntrica y deprimida vía.

Era el último hito en el mapa de los “petroaudios”.

El cuarto de 16 metros cuadrados ya estaba casi desocupado pero saltaba a la vista un monitor Samsung de 15 pulgadas y un Router Zyxel de Telefónica con cables de conexión a Internet sobre un pequeño escritorio.

Según el suboficial de la Marina en actividad Martín Fernández Vírhuez (39), ahora en proceso de colaboración eficaz, allí funcionó un centro de interceptación telefónica de la empresa Business Track.

Fernández declaró a la Policía que él mismo alquiló dicha habitación y que desde allí se ‘chuponeó’ al abogado Alberto Quimper Herrera, ex director de Perupetro actualmente bajo arresto domiciliario.

Las interceptaciones telefónicas al especialista tributario se habrían realizado entre febrero y setiembre del año pasado.

Es el noveno inmueble intervenido en los últimos días. Pero la investigación comenzó a fines de octubre, dos semanas después de que el gobierno se viera remecido por las escandalosas conversaciones grabadas entre Quimper y el ex ministro Rómulo León Alegría.

Desde entonces, el caso tomó una ruta desconcertante: aparecieron más llamadas y correos interceptados (en algunos casos, gravemente adulterados), cayó todo un gabinete, una comisión parlamentaria del Congreso de la República se enfrascó en una inútil investigación detrás de evidencia inexistente y se inflaron globos de gas por negocios que no se dieron.

Con la captura del presunto equipo de “chuponeadores” el caso puede volver a la primera base: un escándalo petrolero motivado en una gran operación de espionaje industrial. El nombre de Petro-Tech, empresa enfrentada frontalmente a Perupetro al momento de explotar el escándalo, vuelve a sonar con insistencia. Y como personaje central, una especialista en seguridad electrónica, Giselle Giannotti, que clama inocencia.

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La Primera Pista.- A fines de octubre, la Fiscalía recibió un escrito anónimo que denunciaba a Business Track de realizar el chuponeo por encargo de la petrolera Petro-Tech. A partir de noviembre, el testimonio de un colaborador eficaz permitió desbrozar el camino. Petro-Tech, de propiedad del norteamericano Kallop, mantiene un millonario contencioso con el Estado.

APROXIMADAMENTE EL 20 DE OCTUBRE, la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, recibió de modo anónimo tres audios que registraban conversaciones telefónicas de Luis Nava y Mirtha Cunza, secretarios del presidente Alan García. Echaíz llevó las cintas, que hasta entonces no habían sido difundidas, a Palacio de Gobierno.

Las grabaciones demostraban que el ‘chuponeo’ había llegado al más alto nivel. Ni el Presidente estaba a salvo.

Echaíz solicitó al Mandatario trabajar la investigación con el jefe de la Dirandro, general Miguel Hidalgo. Éste encargó las pesquisas al Grupo Especial de Inteligencia (Gein), dirigido por el coronel PNP Carlos Morán. Los miembros de esta unidad, apoyada por la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, son los que capturaron a Fernando Zevallos y al ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez.

A finales de octubre llegó al Ministerio Público un documento anónimo que sindicaba al almirante AP en retiro Elías Ponce Feijóo y a la empresa Business Track como los responsables de las interceptaciones telefónicas.

Ponce Feijóo, hombre cercano al presidente regional del Callao, Álex Kouri, y al vicepresidente Luis Giampietri, había sido denunciado por la desaparición de dos estudiantes chalacos en 1993 (CARETAS 2025). Ponce fue ascendido “retroactivamente” como contralmirante en el 2006. Esta semana el Presidente de la República lo despojó de tal condición. Consultado por CARETAS, el vicepresidente Giampietri dijo de él: “No tengo nada que decir, conozco a más de mil oficiales de Marina, a él lo conozco hace muchos años pero no. El objeto es investigar quienes han hecho el chuponeo”.

EL EQUIPO POLICIAL comenzó a vigilar permanentemente el local de la cuadra veinte de la avenida Salaverry, en Lince.

Posteriormente, en noviembre, un suboficial de la Marina en retiro se acogió a la colaboración eficaz y entregó una memoria USB que contenía dos audios y 13 transcripciones de conversaciones ‘chuponeadas’, entre ellas las de Rómulo León y Alberto Quimper.

La ‘Operación Sagitario’ se mantuvo en secreto hasta el jueves 8, cuando el titular del 15o Juzgado Penal, Edwin Yalico, autorizó la intervención.

Ponce Feijóo fue detenido a las 7 a.m. y poco después cayeron el capitán de navío (r) Carlos Tomasio de Lambarri (57), el oficial de mar en retiro Jesús Tirado Seguin (57), así como los suboficiales de contrainteligencia en actividad Martín Fernández Vírhuez (39) y José Ojeda Angles (36).

Giselle Giannotti Grados (41) fue intervenida a las 10 de la mañana en la puerta de su residencia de Las Casuarinas. La Policía le decomisó una caja fuerte con US$ 9,000 en efectivo, 15 documentos secretos de la Marina de Guerra con información sobre terrorismo, transcripciones de conversaciones telefónicas ‘chuponeadas’ y seis memorias portátiles USB.

Los seis detenidos fueron llevados a diferentes ‘casas policiales de seguridad’ y, una vez incomunicados, algunos empezaron a quebrarse.

El suboficial Fernández Vírhuez inició su colaboración el sábado 10.

Confirmó que fueron ellos los que ‘chuponearon’ a Rómulo León y Alberto Quimper, y sostuvo que lo hicieron por indicaciones de Ponce Feijóo y Giselle Giannotti. Aseguró que Ponce les brindaba los números telefónicos fijos y celulares que debían interceptar y precisó que Giannotti era la encargada de analizar las transcripciones y cerrar los tratos con los clientes.

Fernández soltó una bomba: dijo que Giannotti vendió los ‘petroaudios’ a la empresa ‘Petro-Tech’ a través ‘del doctor (Alberto) Varillas y el estudio García Sayán’. El primero es el gerente legal de la empresa. Y el estudio de abogados, por cierto, no guarda relación con el también abogado y ex ministro Diego García Sayán.

El anónimo de octubre decía lo siguiente: “Como toda organización de inteligencia Business Track no podía dejar huellas de informes ni facturas, así que desde el 2007 ya no emitieron ninguna factura para Petro-Tech. Se sabe que lo hacían por otra empresa, aunque se comenta que lo efectuaban por intermedio del estudio donde trabajaba el doctor Varillas”.

Este último niega categóricamente cualquier vinculación. Reconoce que a fines del 2006 le encargaron a Business Track una “evaluación de sistemas de seguridad de la compañía”, y que esa es “la única relación que ha habido con esta gente.
FERNÁNDEZ AÑADIÓ que, en algunos casos, utilizaban equipos de interceptación de la Marina de Guerra. Otras veces obtenían las conversaciones telefónicas y los récords de las llamadas a través de sus contactos en las empresas Telefónica, Claro y Nextel.

Business –aseguró el aspirante a colaborador eficaz– cobraba US$ 3,000 por interceptar celulares, US$ 1,500 por teléfonos fijos y US$ 800 por e-mails.

En la oficina de Salaverry, el Gein incautó un scanner modelo AOR AR8600MkIIU Marcos IIB, que habría sido adquirido por la Agregaduría Naval en Washington, de acuerdo a información del Ministerio Público. También 27 CPUs y 32 USB. Pero el material hallado en la caja fuerte de Giselle Giannotti es considerado, hasta ahora, el más revelador de todos.

Figuran transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas a Alfredo Barnechea y Rómulo León, y al ex ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia. Los seis USB de Giannotti aún continúan lacrados, pero trascendió que allí aparecen e-mails, transcripciones y audios inéditos de conversaciones de Rómulo León, Alberto Quimper, el viceministro de Energía Pedro Gamio, Abel Salinas, el dominicano Fortunato Canaán, su empleado Danilo López, José Ignacio López Soria de la Organización de Estados Iberoamericanos, numerosos empresarios y hasta la secretaria de Luis Nava.

Los abogados de Giannotti sostienen que las transcripciones y el material que contienen los seis USB les fueron entregados por el periodista Pablo O’Brien, ex miembro de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, quien le habría solicitado un ‘análisis independiente’ de las conversaciones telefónicas interceptadas.

No fue posible ubicar al periodista para verificar esta información.

¿QUIÉN ES GISELLE GIANNOTTI? Tiene 41 años y 2 hijos mellizos de 8 años que ahora preguntan por su madre. Es sobrina de Alfonso Grados Bertorini e hija de un médico peruano que residía en Virginia, Estados Unidos, cuando nació. Por eso tiene la nacionalidad norteamericana.

Es egresada de administración de empresas de la Universidad de Lima, pero posteriormente se especializó en sistemas. En su círculo laboral le llaman ‘Digital’.

Trabaja para Business Track desde hace seis años como analista de seguridad de información. Sus conocidos la describen como ávida lectora, muy interesada en terrorismo y temas de seguridad nacional.

En el 2006, con Wilson Gómez Barrios, fundador de Forza y padre de sus hijos, se echó a analizar una ruta de comunicaciones electrónicas ‘bolivarianas’. Se comunicaron con el entonces ministro del Interior Rómulo Pizarro. Ese mismo año creyeron detectar que se planeaba un asesinato contra el Presidente. Con el cambio de gobierno se comunicaron con el vicepresidente, almirante Luis Giampietri, quien tendió puente con el almirante José Aste y el general EP Otto Guibovich del Comando Conjunto.

Poco después fueron invitados por el entonces congresista Ántero Flores Aráoz, hoy Ministro de Defensa, para que comentaran de sus hallazgos a un grupo de personas en su casa. Había varios ministros, entre ellos Jorge del Castillo, Luis Valdivia, y otras 25 personas. Fue una breve exposición.

Nada sugiere, como se publicó en algunos medios, que sea ‘informante’ de la CIA. Tampoco que ha viajado 75 veces a Estados Unidos. En el 2001 fue nombrada gerente de la empresa petrolera Business Oil Corporation S.A.C. Boilcorsac, pero dejó el cargo al año siguiente. La empresa fue vinculada al narcotráfico en el 2004.

Los allegados aseguran que era una analista ‘free lance’ en Business y que aprovechó sus contactos para obtener contratos. Los clientes de dicha compañía, según su página Web (www.businesstrack.com.pe), eran Forza, el Estudio Aurelio García Sayán, Petro-Tech, Cementos Lima, la Confiep, el Estudio Ghersi, la Contraloría General de la República, Petroperú, BHP Billinton Tintaya, Rímac Seguros y Orus. También, Naval Alpaca, MAPFRE y las municipalidades de Miraflores, San Borja, San Isidro y el Callao.

Las versiones sobre el origen de su amistad con Ponce coinciden en que se conocieron durante una reunión organizada por la minera Billinton Tintaya.

A raíz de la detención, sus familiares temen por su salud. Tiene historia de cáncer y sufre de gastritis aguda. Y falta lo peor. Después que se examine en los próximos días el contenido de los USB y las laptop incautadas, los detenidos serán trasladados a centros penitenciarios este fin de semana.

EN LAS OFICINAS de Perupetro ven las motivaciones de los “petroaudios” cada vez más claras. Desde un primer momento el presidente de la empresa, Daniel Saba, salió con la pierna en alto para denunciar que había “algo detrás” y que una empresa, Petro-Tech, venía librando importantes litigios tributarios con el Estado y de seguro se encontraba sumamente interesada en sacarlo del camino. Esta empresa tiene suscritos nueve contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Compitió con Discover, la empresa noruega a la que Rómulo León representaba, en la licitación del escándalo. Hasta hoy Saba defiende la pertinencia del proceso y niega que Quimper, miembro del directorio de Perupetro que también asesoraba a los noruegos que ganaron cinco lotes, pudiera tener algún tipo de injerencia.

Saba fue tras Petro-Tech apenas se instaló en el cargo. Sus dos predecesores fueron cercanos a Petro-Tech y considera que la favorecieron (CARETAS 2049). El cronograma da cuenta de la real escalada de tensiones. La primera contingencia fue la de los adeudos por impuestos creados después del contrato, que en el caso del Impuesto al Patrimonio Empresarial (IPE), Perupetro totalizó en más de US$ 15 millones para el período entre 2002 y 2006. El pago fue solicitado en enero del año pasado. Vencido el plazo de treinta días, volvió a enviar una comunicación el 19 de febrero en la que la empresa advertía que si Petro-Tech no cancelaba el pago el contrato le sería rescindido.

Justo antes de cumplirse los dos meses, el 17 de abril, Petro Tech pagó bajo protesto los US$ 15’149,623 adeudados.

Tres meses después, el 28 de mayo, Petro-Tech recibió una nueva carta de Perupetro en la que solicitó el pago del IPE del 2007: poco más de US$ 6 millones. Un mes más tarde el pago se hizo efectivo, de nuevo bajo protesto.

En los números de Perupetro resta todavía la subsanación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y del IPE del 2008.

La ofensiva continuó en junio con una nueva misiva. Perupetro consideraba que Petro-Tech incumplía el contrato al no calificar la operación de venta de gas natural a su afiliada Procesadora de Gas Pariñas como una “venta a terceros”, situación que también afectaba el pago de impuestos. De nuevo, si no era corregida y Perupetro no era indemnizado con lo que dejó de percibir, casi US$ 12.8 millones, el contrato iba a ser resarcido.

Petro Tech decidió dejar de vender el gas natural a su afiliada y cumplió con el pago bajo protesto el último día permitido: 15 de octubre del 2008.

El escándalo de los petroaudios había estallado diez días antes, el 5 de octubre. Según la información recabada por CARETAS, Fernández, el detenido colaborador, ha declarado que la presión por terminar el trabajo en las semanas anteriores se hizo cada vez más intensiva.

Durante esas cargadas semanas, una alta funcionaria de Petro-Tech le había dicho a Saba que iban a pagar, pero se la cobrarían “una por una”. El presidente de Perupetro solicitó seguridad para desplazarse.

William Kallop, principal propietario de Petro-Tech, viajó a Estados Unidos la noche anterior al último pago, el 14 de octubre, y desde entonces no vuelve a Lima. La especulación más persistente es que, finalmente, a fines de mes se anunciaría la venta de la empresa a un consorcio integrado por las petroleras estatales de Colombia –Ecopetrol– y Corea del Sur.

El propio Alberto Varillas, gerente legal de la empresa, ha reconocido que Petro-Tech estaba a la búsqueda de un socio o comprador desde hace casi un año (CARETAS 2049).

No deja de ser paradójico que, si el objetivo bajo ese orden de ideas era tumbarse a Saba para provocar un vacío de poder en el sector, lo que ocurrió es que fue precisamente él quien solitariamente quedó en su puesto. El resto de personajes relevantes –César Gutiérrez de Petroperú, Juan Valdivia de Energía y Minas y para tal caso el resto del gabinete dirigido por Jorge del Castillo– sí cayeron.

Parece ser que fue enviado un misil para desaparecer un objetivo muy preciso, pero en el camino la ruta fue desviada y los destrozos colaterales, originados en el frente que representó la relación entre Rómulo León y el empresario dominicano Fortunato Canaán, terminaron siendo mayores de lo esperado.

Cuando el escándalo estalló Varillas respondió a la alusión hecha por Saba diciendo que “acá se ha sacado de proporciones un tema contractual para vincularnos a un tema delictivo”. Ahora vuelve a negar tajantemente cualquier situación irregular. Pero hoy, casi tres meses después, el nombre de la empresa sigue ligado a la historia con un cordón casi umbilical.

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