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Actualidad Presidencia del Congreso se decide el sábado 26. La pugna no es motivo de risa para el APRA, representada por un zarandeado Javier Velásquez Quesquén.

Río Revuelto (VER)

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Javier Velásquez Quesquén y Víctor Andrés García Belaunde cruzaron sus pasos a mediodía del martes 22.

Los detalles del discurso presidencial del próximo 28 de julio son mantenidos, según allegados de Alan García, “bajo siete llaves”. Se sabe que el gabinete Del Castillo no sufrirá de más modificaciones por el momento. De todas maneras, los cambios ministeriales en 28 de julio son una especie de leyenda urbana –o más específicamente de redacciones– pues casi nunca son anunciados el día patrio. Es probable que a partir de entonces se vuelva al cuentagotas de la discusión interna sobre relevos y eso lo acepta hasta el premier. Son situaciones que el gobierno ha administrado mediáticamente al punto de estirarlas todo lo posible. El lema parece ser: si no hay una crisis extrema para qué mover las fichas.

Pero es probable que otra tarea pendiente preocupe al Presidente en estos días. Su intervención anual frente al Congreso corresponderá con la instalación de una nueva mesa directiva en el Legislativo. Y allí la crisis sí es una posibilidad más próxima. Si esta cae en manos de la oposición el año por delante se le puede complicar. Aunque los tiempos no sean los mismos, el APRA tiene muy presentes los antecedentes históricos (ver recuadro). Primero en la agenda está la revisión de los Decretos Legislativos promulgados en el marco de las facultades extraordinarias de las que dispuso el Ejecutivo para, sobre todo, implementar el TLC con Estados Unidos.

Al cierre de esta edición los jugadores se habían movido tan poco como los miembros del gabinete. El cierre de las listas está fijado para las 10 de la mañana del viernes 25 y la elección será el sábado 26 a la misma hora.

El APRA confirmó que el chiclayano Javier Velásquez Quesquén sería su candidato. Esto aunque en días anteriores se barajaron nombres como el de Aurelio Pastor y, en caso extremo, la reelección de Luis Gonzales Posada. Hay quienes vieron un tremendo empacho en la expresión del “cabezón” cuando se le sugirió repetir tal plato. Velásquez Quesquén fue ratificado con el visto bueno de AGP a pesar del último escándalo que castiga al Parlamento y está descrito párrafos más abajo. Sus críticos también le reclaman no haber sacado adelante las reformas a la Carta Magna, como el retorno a la bicameralidad, al frente de la comisión de Constitución.

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La noche del lunes 21, Velásquez, Mercedes Cabanillas, el fujimorista Alejandro Aguinaga y el disidente nacionalista Álvaro Gutiérrez se reunieron para analizar la coyuntura. Por lo pronto, el aprista tiene seguros los 36 votos apristas más cinco del Grupo Especial (Gustavo Espinoza, Álvaro Gutiérrez, Rocío Gonzales, Michel Urtecho y Wilder Ruiz) y los dos votos de Solidaridad Nacional (Fabiola Morales y Walter Menchola), con lo que haría 43 votos. Al cierre de esta edición, el aprismo habría cerrado un acuerdo con los fujimoristas asegurando 13 votos y las adhesiones subirían a 56. El resto tendría que pescarlos en las revueltas aguas de Unidad Nacional entre el jueves 24 y viernes 25.

Víctor Andrés García Belaunde también insistió con su candidatura. El pasado domingo 20 aseguró el apoyo del ex presidente Alejandro Toledo durante un almuerzo en un restaurante japonés. Vitocho buscaba que Carlos Bruce abandonara sus aspiraciones de ser el candidato de la oposición. Bruce y García Belaunde desayunaron la mañana siguiente para terminar de allanar el camino. Así, el segundo parecía responder a quienes consideraban su campaña más cruda que el sushi almorzado con Toledo. Tan solo el viernes, durante la recepción en la embajada colombiana por las Fiestas Patrias de ese país, García Belaunde se paseaba en los alrededores de la piscina mientras prominentes miembros del gobierno que merodeaban por la mesa de las ostras recibían llamadas que comunicaban el deceso de la candidatura del opositor.

Pero seguía sin tenerla fácil. Lourdes Alcorta desmintió el martes 22 ser la candidata a la primera vicepresidencia en su lista.

“Vitocho” dice contar con el respaldo de 23 nacionalistas, 15 de UPP y 9 de Alianza Parlamentaria, con lo que hace 47 votos. Espera también contar con el apoyo de un sector de Unidad Nacional a los que ofreció la primera vicepresidencia. La segunda sería para Édgar Reymundo y la tercera para Rosa Venegas de UPP, apoyada por los nacionalistas. Oswaldo Luizar, de Unidad Nacional, también jugaba en el bolo.

García Belaunde propone modernizar el Congreso con equipos multipartidarios y secretarías técnicas financiadas con el apoyo del BID y el PNUD. También planea crear una comisión especial de seguimiento de lucha contra la pobreza.

La candidatura de Rafael Yamashiro, de Unidad Nacional, también se cimentó en los últimos días. En la madrugada del miércoles 23, después de una prolongada reunión, el vocero de Unidad Nacional, Rafael Galarreta, anunció que Yamashiro era el candidato de la alianza.

El jueves Luis Bedoya anunció que declinaba la suya a pesar de contar con el apoyo de Lourdes Flores. Bedoya señaló internamente a Juan Carlos Eguren y al propio Yamashiro, encargados de hacerla despegar. Pero poco parece haber ayudado la actitud del propio designado. Quizá la frase que mejor resuma el fracaso sea la del fujimorista Rolando Souza: “Yo no votaré por Bedoya porque cuando paso por su lado no me saluda”.

Yamashiro Oré, (45), iqueño, pepecista desde los 20 años y cuarto vicepresidente del PPC, participó en 1998 como regidor de Ica en la lista por el APRA. “Mi partido había perdido su inscripción y se me autorizó a participar en calidad de invitado”, dijo. Fujimoristas como Carlos Raffo consideraron su candidatura como “interesante”.

El poco conocido parlamentario es administrador de empresas de la Universidad de Lima. En el 2003 estudió gestión política en Madrid y Bruselas. En el 2002 postuló a la alcaldía de Ica en representación de UN y obtuvo 58 mil votos que le permitieron quedar en el segundo lugar. Al Congreso llegó con 28,204 votos.

Unidad Nacional, llamada a ser la oposición más seria, sigue sin cuajar como conjunto. Luis Gonzales Posada les ofreció participar en una mesa directiva encabezada por el APRA, con el compromiso formal de que un miembro del PPC ocupe la presidencia del Congreso en el 2009, a lo cual Lourdes Flores y la comisión política se negaron. Es comprensible en términos de identidad, pero al mismo tiempo la fragmentación hace imposible dibujar un perfil propio y reconocible.

En la bancada la presidencia o las vicepresidencias seducen a varios. La primera fue Fabiola Morales, que se lanzó el pasado 15 de julio. Lourdes Alcorta fue directa cuando dijo que tenía intenciones de postular a la mesa directiva o a una de las vicepresidencias.

Raúl Castro Stagnaro, Rosa Florián, Luis Galarreta, Hildebrando Tapia y Guido Lombardi también aspiran a un asiento.

Es más. Un sector liderado por Oswaldo Luizar le bajó el dedo a Yamashiro el martes 22 y anunció que respaldará la candidatura de Vitocho. Junto a los nacionalistas son los grupos más cercanos a una candidatura de oposición, pero la diferencia es que los seguidores de Ollanta Humala no han pedido un asiento en la mesa directiva, pero respaldan a Rosa Venegas. El otro sector de UPP, encabezado por Aldo Estrada, deshoja margaritas. Todo hace indicar que votarán por el APRA. Igual que dos congresistas envueltos en el último lío de callejón en el salón de los pasos perdidos.

Aunque sea un ex policía, la mayor arma del ex congresista Gustavo Espinoza es su celular de última generación con grabación de audio y video. También maneja el arte de las cámaras escondidas y, como se recuerda en el episodio de la acusación de “violación” contra el ex presidente Alejandro Toledo, es un fisgón de comisarías. Sus últimas grabaciones caseras tuvieron locación en la casa de Velásquez Quesquén.

Y su blog (http://gustavoespinozasoto.blogspot.com) continúa con epítetos la ofensiva contra su ex aliado, el tercer vicepresidente del Congreso, Carlos Torres Caro. Repasemos unas líneas:

“Estimado Piojito/ Carta en Prosa Ilegal para la Muñeca del Congreso/ La Torre más Cara es mi Muñeca: toda una moza”, publicó el último viernes 11. Y sigue en el post: “seguro temes a tu soledad política,/ a ser una lepra política,/ ya lo eres,/ ya que con ello pasas a la galería/ de los piojos y parásitos políticos,/ al reino de los indeseables y apestosos/ junto con el felón de Ollanta”. Acompaña al fino libelo un montaje que muestra, cómo no, un gordo piojo con el rostro de Torres Caro.

La Comisión de Ética evalúa el material más serio presentado por Espinoza. Los videos muestran a un empleado confesando cómo Torres Caro recorta el sueldo a sus otros trabajadores para pagarle y a un empresario contando que Torres Caro le pidió US$ 10,000 para reunirlo con el presidente Alan García. En un audio Torres Caro anuncia el retiro de una denuncia constitucional contra Espinoza, luego de que se lo solicita Velásquez Quesquén, a la sazón en búsqueda de votos.

Espinoza renunció el 27 al Grupo Especial Demócrata, una minúscula célula de tres integrantes liderada por Torres Caro. También se retiró la legisladora Rocío Gonzales, así que quedó una bancada de uno.

Según Espinoza, las discrepancias alcanzaron la ebullición cuando se enteró de que un empresario le había dado a Torres Caro un dinero para el proyecto del Partido Democrático, en el que participaban los tres parlamentarios. “No nos había dicho nada de ese aporte, y no era la primera vez que pasaba, él les pidió dinero a tres empresarios más o menos para formar el partido, pero no nos daba cuenta”.

Torres Caro, por su parte, tampoco veía con buenos ojos la defensa de Antauro Humala que hacía Espinoza. Luego de la renuncia de Espinoza y Gonzales “empezó a decir su empleado Humberto Landeo que yo le había mentido al país al decir en mi currículo que estudié en la universidad y repartió volantes contra mí”, cuenta Espinoza. El último 10 de julio, Landeo presentó ante la presidencia del Congreso una denuncia constitucional contra Espinoza por presunta falsedad genérica, al haber mentido en la hoja de vida y el DNI.

Espinoza sostiene que especificó al Jurado Nacional de Elecciones que sus estudios en la Universidad Garcilaso de la Vega no fueron concluidos. Y arremete en su blog con letra prestada de la pluma de Rubén Blades: “¿Que no tengo educación superior?/ Bueno, he sido agente de la policía/ y para mí ello es educación superior/ si nos desmereces a los ex policías es tu problema/ estimado mamarrica./ Pero mis mejores estudios/ vienen de la lleca/ de la maestra vida”.

El 11 de julio, un día después de presentar la denuncia constitucional, Landeo fue intervenido por un policía de la comisaría del Rímac. Según el parte policial, hubo “agresión mutua” entre Landeo y Anthony Castillo Huamaní en plena congestión vehicular. CPN informó que el motivo fue el choque de sus autos. Landeo corrió el rumor de que Espinoza estuvo detrás de la agresión.

Para entonces Espinoza ya alistaba el contrataque. Su arma más letal fue un video donde el empresario uruguayo (que fue presentado como argentino-uruguayo, lo que ya plantea un problema digno del cambio de camisetas políticas de Torres Caro) Sergio Cayrus Silva le cuenta a Espinoza, sin saberse grabado, que Torres Caro le pidió US$ 10,000 para conseguirle una reunión privada con el Presidente. Cayrus dice representar a importantes inversionistas argentinos interesados en el gas natural peruano.

El dinero, según el uruguayo, debía ser depositado en un estudio jurídico de Torres Caro. “El APRA me debe la vida”, explicaba el ex escudero de Ollanta Humala.

“Yo soy miembro de la oposición, no soy la persona indicada para contactar personas con el presidente García. Si alguien quisiera acceder al gobierno, hay 36 congresistas que tienen mayor cercanía que yo. Cualquiera puede decir lo que quiera para ufanarse, pero no significa que sea verdad”, alegó Torres Caro frente al papelón.

Según un documento del Área de Registro y Control de Personal, el 17 de enero de este año, Torres Caro solicitó al oficial mayor, José Abanto, “que se emita credencial que autorice el ingreso a los locales del Congreso” a Cayrus, entre el 18 de enero y el 18 de abril.

Espinoza entregó los videos a la presidenta de la Comisión de Ética el último 16 de julio, antes de que sean emitidos en el programa Cuarto Poder. Fue ese mismo día, según reveló Espinoza, que Velásquez Quesquén lo citó a su casa y convocó a Torres Caro para resolver el enfrentamiento. “Landeo se ha mandado solo”, decía el tercer vicepresidente. Finalmente se compromete al retiro de la acusación constitucional contra Espinoza por supuesta falsedad genérica.

La congresista Elizabeth León (UPP), presidenta de la Comisión de Ética citó a Espinoza y Torres a la sesión del miércoles 23. “Es un caso que merece ser resuelto con la mayor celeridad”, declaró.

Con el congreso literalmente robándose de nuevo las cámaras, ¿qué se puede esperar del discurso presidencial?

La conformación de nuevas instituciones como el Centro de Planeación Estratégica (CEPLAN) y Perúcompras, encargado de unificar y racionalizar las compras estatales, serán puntos seguros. Pero es muy probable que el plato de fondo se sirva con los anuncios en materia económica.

Ante la situación ha trascendido que el Presidente anunciará un grado de freno en el gasto público. Tanto como para que el crecimiento anual sea limitado a 7.5%. No es poca cosa si se toma en cuenta que el crecimiento del PBI en el último año, de mayo a mayo, fue de 9.8%. Tan solo en el mes de abril último, el crecimiento fue de un espectacular 13.25%.

¿Por qué sacar el pie del acelerador? Los números económicos son boyantes (ver más) y ciertamente son argumentos de peso contra la fobia nacional al optimismo, mencionada en la carátula de la presente edición de Fiestas Patrias. A propósito del buen funcionamiento de algunos programas sociales, el investigador Carlos Aramburú comentaba el martes último en el programa de Jaime de Althaus que “en el Perú nos encanta deprimirnos pero hay buenas noticias”.

Sucede que en medio de las cifras auspiciosas el gobierno también viene acusando el golpe inflacionario. De junio a junio la inflación fue de 7.02%, la tasa más alta desde 1998. Desde enero hasta junio de este año la inflación acumuló un total de 3.92%. Puede que esté entre los países de la región menos afectados pero el 11% de la inflación en alimentos durante el último año trajo cola. Según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, la inflación de alimentos en marzo último marcaba en Moquegua casi 22% más que un año atrás. Arequipa, Chiclayo y Cusco se mueven alrededor del 20%. Lima está al final de la tabla y solo en Ayacucho hubo menos inflación. Un ejemplo más de lejanía capitalina.

Tampoco cayó en saco roto el descuadre inflacionario en los parámetros del Banco Central de Reserva y las correspondientes advertencias de su presidente, Julio Velarde. La elección del nuevo ministro de Economía, Luis Valdivieso, anunció que frente al MEF se colocaría a un jugador muy pendiente de la billetera pública. Quizás todavía más que su predecesor Luis Carranza, quien incluso al momento de su salida relativizó el peso del gasto público en la inflación. Si bien reconoció que el gasto público aumentó considerablemente en el primer trimestre del año, añadió que se trataba de un fenómeno estacional (CARETAS 2036).

Algunos economistas, y el ministro Valdivieso debe estar entre ellos, advierten que la inflación no es solamente importada y que el Perú pasa por la situación paradójica de ser un país cuyo acelerado crecimiento aumenta las tendencias inflacionarias. Donde la demanda supera la capacidad productiva del país.

El Presidente preparó el terreno. El martes 22 dijo en el asentamiento humano Nueva Jerusalén de San Juan de Lurigancho que “el deber de los gobiernos responsables es hacer las obras básicas que no se ven, a diferencia de otros que prefieren construir ministerios de 30 pisos o puentes gigantescos, cuando la necesidad de agua potable es aún enorme en el país”. Parecía responder a los pedidos de sus propios ministros. Específicamente al titular de Salud, Hernán Garrido Lecca, que la semana pasada recibió a Valdivieso con la solicitud de aumentar el gasto en su cartera. A diferencia de lo que ocurre en el carnaval de la avenida Abancay, en Palacio García no admite gallos ni notas discordantes.

La Oposición al Timón

En cinco oportunidades la oposición asumió el control del Parlamento. Tres terminaron en golpes de Estado.
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Choque parlamentario en 1964. Congreso tumbó a seis gabinetes y casi cien ministros durante el primer gobierno de Fernando Belaunde.

A lo largo del siglo XX, la oposición asumió el control del Congreso hasta en cinco oportunidades. Tres terminaron en golpes de Estado y dos consolidaron el siempre frágil sistema democrático peruano.

La primera ocurrió en 1948, en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, que accedió al poder en 1945 con el membrete del Frente Democrático Nacional (FDN), conformado por Javier de Belaunde, el poeta José Gálvez y el fundador del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre.

La alianza se hizo trizas cuando el aprismo toma el control del Parlamento y dicta leyes que recortan atribuciones del Ejecutivo.

“El 29 de octubre de 1948, el general Manuel A. Odría pone fin a las tensiones y saca del poder a Bustamante luego de una revuelta en Arequipa”, le recordó a CARETAS el historiador Luis Tello Vidal.

La segunda vez fue en 1968 durante el primer gobierno de Fernando Belaunde, que llegó a Palacio de Gobierno luego de las reñidas elecciones de 1963, pero sin mayoría en el Parlamento, dominado por la coalición del Apra y la Unión Nacional Odriísta (UNO), en la que destacaban Armando Villanueva, Luis Alberto Sánchez, Andrés Townsend y Julio de la Piedra.

En su libro “El Ocaso del Poder Oligárquico”, Henry Pease describe: “La pugna Parlamento-Ejecutivo llega a producir hastío. Incluye maniobras del primero para impedir que el segundo gobierne o administre, sin excluir campo alguno: trabas presupuestales, censura de ministros y comisiones investigadoras”.

El sociólogo Julio Cotler, en su texto “Clases, Estado y Nación en el Perú”, apostilla: “La coalición (APRA-UNO) interpeló al primer gabinete (presidido por Oscar Trelles) obligándolo a renunciar. Así ese bloque parlamentario inauguró una práctica que llevó al presidente (Belaunde) a designar 178 ministros en sus 5 años de gobierno; de ellos tuvo que cambiar a 94 y modificar íntegramente la composición de 6 gabinetes”.

La crisis se hizo insostenible y los rumores de golpe de Estado se acrecentaban. Finalmente, el 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado consumó la asonada y los tanques volvieron a Palacio de Gobierno.

La tercera vez sucedió en 1992 en el primer gobierno de Alberto Fujimori, que carecía de mayoría en predios parlamentarios. Roberto Ramírez del Villar (PPC) presidía la Cámara de Diputados y Felipe Orteling (PPC) la de Senadores.

Días antes de consumarse el quiebre constitucional, el presidente del Consejo de Ministros, Alfonso de los Heros, se reunió con diversas bancadas para viabilizar las reformas que exigía el Ejecutivo. Se llegaron a acuerdos, pero el 5 de abril de 1992 la sede legislativa y otros locales públicos amanecieron tomados por la soldadesca.

En los dos últimos casos no se pateó el tablero democrático. En el año 2000 la oposición destituyó a Martha Hildebrandt y designó a Valentín Paniagua, que a la postre fue nombrado Presidente de la República ante la huida de Fujimori. En julio del 2005, un vapuleado Alejandro Toledo perdió el timón del Parlamento a manos de Antero Flores Aráoz.

 


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