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Actualidad Los mineros tenían en el bolsillo la ley de utilidades pero el líder nacionalista la hundió.

La Atollada de Ollanta (VER)

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Ollanta Humala

Martes 3. Caras largas en conferencia de prensa donde Ollanta Humala anunció que volvería sobre sus pasos y comprometió el voto de su bancada en la próxima votación. Lo flanquean Luis Castillo de la Federación Minera, Mario Huamán de la CGTP y vocero de su bancada Cayo Galindo. Apenas cuatro días antes, los colaboradores de Castillo asistieron a la PCM con polos que acusaban a Ollanta de traidor.

Los políticos más sagaces son capaces de convertir una crisis en una oportunidad. Pero Ollanta Humala se las arregló para que una gran oportunidad terminara en crisis. Su gesto desencajado del martes 3, cuando convocó a una conferencia de prensa para rectificar el sorpresivo rechazo de su bancada a la ley de utilidades, daba cuenta de la charada.

El proyecto de ley propone que el 8% de utilidades correspondientes a los trabajadores de una empresa sean repartidas eliminando el tope de 18 salarios al año y que todos los empleados, incluida la mayoría del 80% que proviene de services, accedan a ellas.

Era una bandera de lucha de la Federación Minera y también una meta natural para el Partido Nacionalista. Pero el jueves 29 fue rechazada en el pleno del Congreso precisamente con esos votos y es más difícil que vea la luz a casi una semana del fin de la Legislatura. La huelga minera, suspendida en vísperas de la cumbre ALCUE empezaría el lunes 16 y promete armar pampa.

El martes 3, Humala convocó a los dirigentes mineros a su local partidario de la avenida Arequipa. Fueron representados por Luis Castillo, secretario general de la Federación.

En la mesa no se sentaron los dirigentes que cuatro días antes expresaron su rechazo a Humala nada menos que en la Presidencia del Consejo de Ministros con unos polos rojos que tenían la inscripción: “Ollanta por qué nos traicionaste” (sic). Fueron acompañados en su protesta por el premier Jorge del Castillo y el nacionalismo terminó enfrentado a una crisis de identidad.

UN PROYECTO INICIAL al respecto, presentado por el APRA, dormía en las gavetas del Congreso hasta que la Federación amenazó con una huelga nacional en plena cumbre ALC-UE, a mitad de mayo. Del Castillo sentó en una mesa de diálogo al sindicato, el Ministerio de Trabajo y la comisión parlamentaria del sector. Como resultado, el gremio postergó su paralización y se consensuó la propuesta, que tenía como novedad la inclusión de los obreros que están fuera de planilla. También estableció un mecanismo más justo para determinar la cantidad de utilidades que le corresponden a cada uno, definida en un 75% por el nivel de asistencia y solo en 25% por el orden salarial. Así, quienes más ganen no se llevan necesariamente el grueso de la crema.

Otros dos proyectos se negociaron: la ley de terciarización, que garantiza beneficios laborales a dichos trabajadores, y la ley de jubilación minera, que compromete a las empresas en este aporte. El primero espera promulgación del Ejecutivo y el segundo será evaluado en el pleno parlamentario de este jueves 5.

El acuerdo fue suscrito por Del Castillo; el titular de Trabajo, Mario Pasco; y los legisladores Isaac Serna (UPP) –presidente de la comisión–, Julio Herrera, Luis Negreiros (apristas), Martín Pérez (Unidad Nacional) y los humalistas Víctor Mayorga y Yaneth Cajahuanca.

A pesar de algunos desacuerdos iniciales con los empresarios mineros, la experiencia también dictaba la pertinencia de la solución. En su reciente negociación para conjurar la huelga, minera Casapalca debió pagarle a cada tercerizado S/. 2,500.

Según el premier, el proyecto favorece a 200,000 obreros mineros. De este grupo, cerca de 85,000 estarían en contratas y otro tanto en ‘services’, según el Ministerio de Trabajo. Energía y Minas registra 143 contratas inscritas entre el 2003 y 2008.

TODO PARECÍA GUARDAR LÓGICA. Entonces César Álvarez, el desatado presidente regional de Ancash, armó el motín. Al repartirse sin topes el 8% de utilidades, los gobiernos regionales dejarían de percibir los remanentes, destinados a obras viales por ley. Según el legislador Juan Carlos Eguren (UN), perderían S/. 700 millones este año.

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Entre el 2005 y 2007, los remanentes de utilidades mineras aportaron a las regiones S/. 910.9 millones que deben ser utilizados para proyectos carreteros. La gran tajada se la lleva Ancash: S/. 531.8 millones. Esto aparte del 15% que la región se lleva por canon. De los casi S/. 400 millones recibidos por concepto de excedente de utilidades en el 2007, destinó solo 179 para carreteras. Otras regiones como Cajamarca tienen mejor desempeño.

El sindicato prometió tregua hasta el 16. “Si no se aprueba la ley pactada, habrá huelga”, advierte Castillo. Y si se aprueba, Álvarez prometió que ardería Troya. O Ancash.

Aunque Mayorga y Cajahuanca suscribieron el proyecto con el gremio, 17 congresistas humalistas votaron para que la norma vaya a la Comisión de Economía, a solo dos semanas de cerrar la Legislatura. Así se impusieron 55 votos contra 34. Acompañaron al humalismo Unidad Nacional (13) y el fujimorismo (9).

Castillo, el dirigente minero, reveló a CARETAS antes de su reconciliación con Humala que, tres días antes de la votación, éste conversó con Álvarez. “Se reunieron a las 9.00 de la mañana en el Partido, en la avenida Arequipa. Eso nos dijeron cuando llamamos para pedir una cita con Ollanta”, reveló.

Ante el entuerto, Humala salió al frente alegando que estaba a favor de los trabajadores. “Pero no podemos quitarles recursos a las regiones”, dijo el viernes 30. Indicó que el nacionalismo “lucha no solo por el 8% (de utilidades de los trabajadores), sino también por el 92% que se llevan las transnacionales”. Condicionó su apoyo a la referida ley a la aprobación de un impuesto a las sobreganancias mineras.

LA LEY DE SOBREGANANCIAS volvió a ser descartada por el Ejecutivo. La agresiva política de captación de inversiones, sostiene el primer ministro, la convierte en una opción inviable.

No siempre fue así. El entonces candidato Alan García le dijo al diario Clarín en abril de 2006: “Mire usted el ejemplo de los Estados Unidos, que aprobó una ley para cobrar impuestos a las sobreganancias. Si ellos lo hacen, ¿Por qué nosotros no?”.

El economista Humberto Campodónico escribió en una reciente columna en el diario La República que “hay varias maneras de participación (del Estado en las sobreganancias), las que existen en casi todos los países del mundo, salvo el Perú. Una modalidad bastante usada en África y los ex países socialistas consiste en que el gobierno se ponga de acuerdo con la empresa en la tasa de rentabilidad que esta espera obtener por su inversión”. Cuando esa meta se supera, opera el impuesto.

Campodónico considera que una rentabilidad “adecuada” se mueve entre el 18% y el 20%. Humala se va a un falso extremo cuando se refiere al 92% de las transnacionales (ver cuadro). En realidad, la carga tributaria sobre utilidades es de 44%. Al impuesto a la renta (30%) se suma, el de dividendos (4%), el aporte extraordinario (2%) y el reparto de utilidades (8%). En números de Campodónico, las siete principales mineras pasaron de US$ 2,879 millones en el 2006 a US$ 4,875 millones en el 2007.

Si bien siguen siendo cantidades estratosféricas, también es cierto que el debate sobre un impuesto de esa naturaleza está más verde que un movimiento ambientalista. Tal como están las cosas, es imposible que pase en el Congreso. El proyecto no se mueve de la Comisión de Economía desde enero del 2007. Y tampoco es tan fácil manejar sus consecuencias. Las inversiones en exploración en países de la región que han sido más agresivos con dicha inversión, como Bolivia y Argentina, se fueron al suelo.

LUEGO DE LAS CRÍTICAS, el martes 3 Humala terminó por comprometer, tardíamente, los votos nacionalistas a favor de la ley de utilidades. Como salvando la cara, insistió también en el impuesto a las sobreganancias. Pero la bandeja que ya tenían servida, la de las utilidades, la había dejado pasar.

Para Washington Zevallos (UPP), secretario de la Comisión de Economía, “es un entrampamiento. La próxima semana habrá tres plenos. Si no se exoneran trámites, quedaría la Comisión Permanente, pero antes Economía debe aprobarla en sesión extraordinaria”.

En medio del despelote, una buena noticia sale de todo esto para el ex candidato presidencial, y es que sus parlamentarios sí le obedecen. Con excepción de Juvenal Ordóñez, que votó a favor de la ley la primera vez. Siempre hay desobedientes.

 


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