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Edición 1958

11/Ene/2007
 
 
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Opinión

Debatiendo Contra Las Falacias

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Quienes están incomprensiblemente asidos a que se considere como Constitución al documento de 1993, han comenzado a repetir un argumento que no tiene ningún asidero histórico en el propósito de tratar de cargarle sombras a la Carta de 1979 y de esta forma obstaculizar la correcta manera de devolver al Perú a la senda constitucional de la que se apartó con el golpe de Fujimori de 1992 y donde hoy todavía vivimos un limbo que tiene claras consecuencias confusionistas que impiden sentar las bases jurídicas para acompasar el desarrollo económico que el país está teniendo en estos años.

Es claro que un texto que todos los juristas han dicho que se hizo con dolo y que fue promulgado como consecuencia de un supuesto referéndum viciado desde la a hasta la z, no puede erigirse como el cimiento a partir del cual se pueda levantar un Estado virtuoso.

La especie que esparcen hoy es que tanto la Constitución de 1979 como el documento del 93 comparten el pecado original de tener origen autocrático.

Esa similitud no existe. La carta de 1979 no se hizo para legitimar un golpe, cosa que pasó con el documento del 93, sino para dar paso a una democracia. La Carta de 1979 se hizo para que los ciudadanos retomaran el poder que los militares le habían arrebatado al pueblo tras el golpe de Velasco, el documento del 93 se hizo para perpetuar en el poder a quienes habían dado su zarpazo el 5 de Abril de 1992. La Constitución de 1979 se llevó a cabo por una Asamblea Constituyente elegida en un proceso sin reparos. El texto fujimorista fue resultado de una elección turbia donde concurrieron a votar, como lo ha recordado el TC, menos de la mitad de los peruanos. En la Constitución de 1979, Francisco Morales Bermúdez y los militares entendieron que debían dejar el mando y proceder a una ordenada transición. Estaban de salida. En el texto de 1993 Hermoza Ríos y la colección de prontuariados de San Jorge se vistieron de seda para poder hacer con el poder sus delicias personales, sujetarse a un dictador japonés y envilecer al país. Estaban de entrada y para quedarse eternamente.

En suma, mientras en un proceso se salió de la dictadura a través de un debate libérrimo donde los militares fueron rechazados tajantemente cuando quisieron meterse a definir sobre el articulado y las prescripciones que debía contener el texto, en el de 1993, la autocracia dictó lo que se tenía que decir a través de sus esquiroles, y cuando soplaron algunos vientos de independencia por parte de quienes quisieron creer que eso era de verdad una Asamblea Constituyente, y citaron a declarar a los involucrados por el caso de La Cantuta, el jefe de la banda militar sacó los tanques a pasear y acalló cualquier barrunto de autonomía. Que hablaran unos pocos en ese hemiciclo al que se prestaron a concurrir equivocadamente quienes barnizaron la dictadura, no les importaba nada, al contrario, les permitía adornarse, porque eran inofensivos.

Finalmente, el texto de 1993 fue promulgado por el mismo dictador que arrasó la democracia. Salió con su gusto, se hizo su propia “Constitución”. La Carta de 1979 fue promulgada por el Presidente Constitucional don Fernando Belaunde.

No hay pues parecidos en este campo entre uno y otro texto. Mientras en uno se buscó y se logró la restitución democrática, en otro se profundizó y barnizó la dictadura. Ese argumento que han lanzado para tratar de señalar algo así como si todos somos culpables nadie es culpable, no sirve. Si se quiere entrar en un debate en serio, habrá que buscar otro, si es que lo encuentran, lo que dudo mucho porque no lo hay. (Alberto Borea Odría)

 


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