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Justicia ¿Quién tiene las riendas de la reforma del Poder Judicial? Opina Ernesto de la Jara del Instituto de Defensa Legal.

Se Necesita Un Caballazo

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Ernesto de la Jara en un recodo del gran parque de Lince. Es un agudo crítico del Poder Judicial y, a la vez, un terco optimista de la posibilidad de mejoras sustantivas en el corto plazo.

La semana pasada, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial adoptó con la velocidad de un rayo las primeras recomendaciones propuestas por la Comisión de Reestructuración, presidida por el ex presidente del Poder Judicial, Hugo Sivina (CARETAS 1942). La captura en agosto del vocal supremo Eduardo Palacios Villar, al ser descubierto recibiendo una coima por parte de un policía en retiro, generó una conmoción pública que exige una urgente reforma del Poder Judicial. La proverbial lentitud y groseras taras del sistema de Justicia han vuelto a dominar las primeras planas. Pero Ernesto de la Jara, director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Consorcio Justicia Viva, es optimista. “Es posible mejorar el Poder Judicial muy rápido”, asegura. “Pero se necesita voluntad política”. El IDL integró –en representación se la sociedad civil– la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) que en el 2004, tras 18 meses de trabajo, presentó al presidente Alejandro Toledo una sólida propuesta de reforma. “Nosotros tenemos clarísimo qué cosas hay que hacer para mejorar el sistema de justicia a corto, mediano y largo plazo”, afirma de la Jara.

–¿Comparten su opinión el presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez Vejarano o Hugo Sivina?
–Todos sabemos qué hay que hacer, lo que falta es querer hacerlo. Lo que pasa es que muchísima gente no quiere cambiar el sistema, porque de alguna manera se benefician.

–¿La decisión de la Comisión Ejecutiva de eliminar de la Corte Suprema a los vocales provisionales adoptada la semana pasada no es un reconocimiento de cambio?
–Sólo parcial. Es absurdo reducir el número de vocales supremos cuando no se reduce la carga procesal.

–¿Están agarrando el rábano por las hojas?
–Debe iniciarse una reforma integral de la Corte Suprema. La Ceriajus planteó convertirla solo en instancia de casación y no de tercera instancia como se ha convertido en los hechos. Se reduciría la carga procesal y la necesidad de jueces provisionales.

–¿Cuál es la reforma más urgente?
–Fomentar la transparencia. En diciembre se elige a los presidentes de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores. Si queremos las reformas, tenemos que asegurarnos que se elija a un buen presidente, ayudaría mucho en el liderazgo de las reformas. Por eso es que ha dolido tanto que nosotros pidamos transparencia.

–¿Por qué?
–Los reyes de la formalidad, los jueces, no tienen un reglamento de elección, ni candidatos formales. ¿Qué estamos pidiendo? Primero, un reglamento; segundo, que se divulguen las hojas de vida de los postulantes, y tercero, conocer sus sentencias.

–¿No se conocen las sentencias de los jueces?
–No se puede acceder a las sentencias de la Corte Suprema. Le reto a que lo haga. ¡No hay! Por falta de información, el propio Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –al menos hasta hace poco tiempo– se limita a poner el mismo puntaje al evaluar la actividad jurisdiccional de todos los magistrados postulantes a un ascenso.

–¿Cómo es eso posible?
–No creo que sea una imposibilidad tecnológica. Las sentencias deberían ser el factor central en la evaluación de todo juez, pero no hay información sistematizada, organizada ni transparente. Esto también lo planteó la Ceriajus hace dos años.

–¿Existe la arquitectura legal para ejecutar las propuestas de la Ceriajus?
–Hay cosas que se pueden implementar que no requieren de cambios legislativos ni constitucionales. Lo fundamental sí lo requiere, pero no es nada difícil.

–El congresista Mauricio Mulder dice que un grueso de los dispositivos legales deben aún ser promulgados por el Congreso.
–Por supuesto, pero a la vez hay una responsabilidad de los jueces. La Ceriajus propuso que se creara un Consejo de Coordinación entre diferentes entidades del Estado, para ver cómo aplicar sus propuestas, pero no se creó.

¿Ha visto a Vásquez Vejarano haciendo cuestión de Estado por la Ceriajus? ¿Ha hecho una vigilia como la hizo para demandar más presupuesto? Ellos no reconocen hasta ahora el concepto de sistema de justicia. Creen que la justicia solamente depende de ellos. Y así como no reconocen la participación de la sociedad civil, tampoco reconocen la de los fiscales, de la Policía ni del Tribunal Constitucional.

–¿Pero acaso la semana pasada el Consejo Ejecutivo del PJ no tomó decisiones enmarcadas dentro de las propuestas de la Ceriajus?
–No idealicemos. La Ceriajus sólo formalizó una agenda básica, mínima, de sentido común, para ir cambiando todo: reforma de la Corte Suprema, mecanismos anticorrupción, reforma de carrera judicial, mecanismos de acceso a la justicia.

–Según el presidente del Poder Judicial eso cuesta S/. 1,500 millones o más.
–El Poder Justicia es uno de los pocos sectores cuyo presupuesto se ha duplicado del 2001 a la fecha.

–¿Pero será la mitad de lo que la reforma de la Ceriajus exige?
–No se tienen que aplicar todos los cambios inmediatamente, sino paulatinamente. No creo que el problema del PJ sean recursos ahora. El Tribunal Constitucional sentenció que el PJ debe presentar su propio presupuesto y la capacidad de solicitar incrementos al tesoro, siempre y cuando presentara una política de corto, mediano y largo plazo. Pero el TC concluyó el año pasado que el PJ no cumplió. No es por tanto un problema de recursos.

–¿Cuál fue el destino del incremento presupuestal del año pasado?
–Se gastó fundamentalmente en crear más juzgados y más salas, lo cual no está mal en sí mismo, pero así no se va a resolver jamás el problema de la carga procesal. El Estado debe definir qué cosas deberían entrar al PJ, y cuáles no deberían de ninguna manera.

–Suena tan frustrante como arar en el mar.
–Si a un grupo integrado por juristas como Javier de Belaunde y algunos magistrados le dan seis meses para mejorar el PJ, está tan claro lo que se tiene que hacer. Lo que falta es una voluntad política externa, como el Poder Ejecutivo. El APRA debería darse cuenta que no debería exigir al PJ que haga su reforma. El Ejecutivo puede liderar la reforma sin intervenir en la independencia del PJ, como ha sido en otras partes del mundo. En Brasil, por ejemplo, donde el Presidente de la República la lideró. O en Chile, cuya reforma procesal penal fue liderada por el vicepresidente de la República.

–¿Qué es lo que más le indigna de la situación?
–Que si hubiera un mínimo acuerdo entre el poder político, jueces y fiscales, empresarios y el periodismo se podría mejorar muy rápidamente las cosas. Lo que desespera es que se cumplió con el proceso para llegar al consenso, la mesa de trabajo, el diagnóstico, pero cuando hay que dar el paso, no lo quieren dar. Hay mucha gente que sí quiere reforma: en la prensa, en los jueces, en los fiscales. Falta que se esa alianza gane. (Marco Zileri)

 


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