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Seguridad ¿Criminales o enfermos mentales? Sus atroces desvaríos rara vez los eximen de responsabilidad. En el Perú el abuso sexual contra niños es endémico.

Los Violadores Asesinos (VER)

10 imágenes disponibles FOTOS  PDF 

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Mayumi tenía 13 años cuando fue violada por Béjar Mondaca y murió estrangulada. Bajo el piso de esa misma habitación se encontró el cadáver de otra niña.

El incremento de casos de violación con asesinato de menores de edad ha estado remeciendo al país. En lo que va del año 23 niños han muerto como consecuencia del ultraje. Alan García aludió al tema en las elecciones y ahora como Presidente ha dicho que los autores de esos crímenes “no tienen derecho a vivir”. Pero voces se han alzado en contra de la pena capital por contravenir el Pacto de San José y las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros opinan a favor de aplicar la castración química para evitar la reincidencia de los violadores que salen libres. Sin embargo, sus elevados costos harían esta propuesta inviable. Mientras tanto, muchos olvidan el endurecimiento de las condenas por estos delitos ya contempladas en el Código Penal, gracias a una modificatoria realizada en abril de este año, endurecimiento que está pasando casi desapercibido, y que por otra parte podría amparar errores y abusos.
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Matan niños y buscan la pena de muerte en un país horrorizado. Pero el fenómeno es más complicado.

Cuando los miembros del Serenazgo de Huancayo, alertados por vecinos, llegaron al cuarto que Carlos Béjar Mondaca alquilaba encontraron un cuadro extraño y aterrador: en el colchón del sujeto yacía inerme el cuerpo de una jovencita de 13 años de edad, desnuda, con pies y manos atados con cinta de embalaje, y amarrada con un pasador a su asesino.

En la dependencia policial el sujeto explicó lo que dijo ser un accidente: “Forcejeamos, por eso la estrangulé y la desvestí, pero no quise asesinarla, sólo violarla”. Béjar continuó asegurando que “cuando llegó el Serenazgo ya había decidido dejarla ir. Creía que estaba viva. Iba a ofrecerle dinero y regalarle una grabadora para que no diga nada”.

Pero Mayumi nunca pudo hablar. Además, faltaba otro detalle macabro: bajo el piso de esa misma guarida fue encontrado el cadáver de otra niña, igualmente ultrajada, De ella sólo se sabe su primer nombre: Tachira.

No era la primera vez que cometía estos crímenes. En 1993, cuando prestaba servicio militar en la Base Contrasubversiva de Chanchamayo, Béjar violó por lo menos a 18 nativas. “Las amarrábamos y abusábamos de ellas. Es que siempre se negaban”, dijo en abril a la Policía. Sus superiores, al enterarse de estos hechos, lo expulsaron y lo mandaron al penal de Huamancaca. Pero de allí Béjar salió con compulsiones predatorias aun más feroces.

En 1995, estando fuera de prisión, fue detenido por ultrajar a otra adolescente. Regresó al penal pero fue puesto en libertad dos años después, por beneficios penitenciarios.

Béjar es un tipo de monstruo que asola a nuestro país.

Hace un par de semanas en La Oroya, otra criatura fue ultrajada y muerta. Abigaíl, R.M tenía sólo dos años, pero fue secuestrada por su vecino David S.T, de 16, quien no sólo la violó sino que le rompió el cuello. Luego metió su cuerpo en un costal y lo arrojó en una calle. Cuatro días después, David fue detenido por la Policía.

La naturaleza salvaje de esa pedofilia asesina ha sido materia de múltiples discusiones esta semana.

El tema no es nuevo y el propio presidente Alan García, quien en la campaña electoral y en su discurso inaugural de 28 de julio habló de la posibilidad de reinstaurar la pena capital para estos casos, ha vuelto a referirse al tema.

El martes dijo que “nuestra sociedad necesita más rigor y los delincuentes sanciones más severas. Ante el crimen atroz que es el asesinato de los menores, esa gente no tiene derecho a vivir”. Pero ampliar el ámbito de la pena de muerte hoy en día tiene sus complicaciones (Ver recuadro).

Lo cierto es que en lo que va del año, 23 menores han sido encontrados muertos después de agresiones sexuales, cifra muy superior a los 12 casos registrados en todo el 2005.

Estas cifras crecientes consolidan en la opinión pública una tendencia que se registra desde hace décadas a favor de la pena capital.

Según una encuentra de CPI de setiembre del año pasado, el 50.3% de la población estaba de acuerdo con la pena de muerte para los violadores de niños (sin aludir a asesinatos), 32% se inclinaba por la cadena perpetua y sólo el 9.9% por la castración química. Entre las mujeres de los estratos sociales inferiores esta orientación se acentúa.

Antecedentes legales

En enero de 1969 la junta militar presidida entonces por Juan Velasco Alvarado emitió un Decreto Ley que añadía al Código Penal el artículo 197, el cual sostenía que si la víctima era menor de 10 años y moría como consecuencia del asalto sexual se aplicaba al autor la pena de muerte. El general también había leído las encuestas de entonces.

El primero en pasar por el patíbulo dentro del margen de esa ley fue Ubilberto Vásquez Bautista, que fue ejecutado en 1970 por la violación y asesinato de una pastorcita de 11 años de edad.

Esa ejecución, aplicada por decreto de un gobierno inconstitucional, se dio, sin embargo, dentro del marco de la Constitución de ese entonces, la de 1933, que no sólo imponía la pena de muerte por los delitos de traición a la patria y homicidio calificado, sino también por “todos aquellos que señale la ley”.

Sin embargo, pese a tener carta blanca para ejecutar a condenados por delitos comunes, el gobierno de Velasco paró la mano en diciembre de 1973, con el fusilamiento del homicida José Murillo Andrade, ‘Patita de Cuy’. Ese mismo año otros 9 convictos se encontraban en la cuerda floja y el régimen militar dio marcha atrás por temor a un exceso de paredón.

Después, la Constitución de 1979 restringió las causales de ejecución a traición a la patria durante guerra exterior. Es en este contexto que el Perú aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1981 y firmó el Pacto de San José.

Pena capital vs. Pacto de San José

El Congreso Constituyente de Fujimori que elaboró la Carta Magna en 1993 y sumó el terrorismo como delito sancionable con la pena de muerte. El jurista y constitucionalista Francisco Eguiguren explica que ese artículo nunca se aplicó porque, cuando “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo la Consulta a la Corte Interamericana, esta dijo que si se ampliaba a este delito, se estaba violando el Pacto de San José, puesto que cuando se suscribió este tratado, la legislación nacional no contemplaba ese delito”.

El tema de la pena de muerte volvió a quedar en el olvido hasta 1997, cuando se registró una serie de violaciones con asesinato de niñas en Ica y Villa El Salvador.

El proyecto de ley N° 1826, elaborado por el congresista Jorge Figueroa Vizcarra proponía se aplique esta pena “a los casos de violación seguidos de muerte contra menores de edad”. Finalmente fue archivado por la Comisión de de Derechos Humanos del Congreso, al concluir que su aprobación enfrentaría al Perú con tratados internacionales como el de San José.

La propuesta del presidente García, de encontrar eco en el Congreso, podría significar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Para Eguiguren el tema se tendría que poner en una balanza, “¿se justifica el retiro? Considero que no, porque el nivel de protección que ofrecen la CIDH y la Corte es mucho mayor para más personas”.

Solución química

Muchos de los violadores-asesinos como Béjar tienen antecedentes violentos pero no letales, y salen en libertad después de cumplir condenas. ¿Qué hacer con ellos?

La castración química se realiza mediante una inyección mensual y permanente de un antiandrogénico que inhibe la secreción de testosterona, hormona vinculada al deseo sexual.

Depo-Provera es el nombre de un anticonceptivo femenino que cumple con esta función, pero sus efectos secundarios en los varones son de cuidado: insomnio, depresión, hipertensión, daño hepático, entre otros. Cabe señalar que en los países donde se aplica este tratamiento inhibidor para violadores sexuales (Francia inició pruebas en el 2004 con 48 internos) se realiza con consentimiento del preso.

Para Alberto Tejada, médico urólogo, la castración química no es práctica: “Los medicamentos son caros, cuestan entre US$ 150 y US$ 200. Si nuestro sistema penitenciario tiene problemas para alimentar reclusos, ¿cómo se va a determinar la partida para mensualmente y de por vida inyectar a los sentenciados? El problema de los violadores de niños está en sus cabezas, no en sus órganos sexuales. Ellos deben tener rehabilitación psicológica”, sostiene.

El doctor Edgardo Becher, jefe de la sección de disfunciones sexuales de la División de Urología del Hospital José de San Martín en Buenos Aires, realizó un estudio acerca de la castración química. Él sostiene que, si bien la inyección del inhibidor de la hormona testosterona disminuye la libido, han habido casos de violadores castrados que han reincidido en sus crímenes.

Leyes de hierro

No son pocos los que argumentan que para castigar con severidad a estos criminales no se tendría que poner al país en el riesgo de renunciar a tratados ni violar la legislación internacional. Tampoco se debiera recurrir a métodos costosos como la castración química. Basta, señalan, con aplicar la legislación existente.

En abril de este año se aprobó la Ley N° 28704, que modifica el capítulo IX del Código Penal en lo relativo a violación de la libertad sexual y agrava las penas considerablemente en el caso de una secuela mortal. Ahora el artículo 173-A extiende la cadena perpetua para casos en el que la víctima sea menor de 18 años. Antes el artículo 173 se aplicaba en los casos de violados y asesinados menores de 10 años.

La modificatoria hecha en abril señala que en estos casos no procede el indulto, ni la conmutación de pena o el derecho de gracia, así como los beneficios penitenciarios de redención de la pena por trabajo, semilibertad y liberación condicional.

María Pía Hermoza, de la ONG Acción por los Niños, señala que “los políticos deberían dedicarse a fiscalizar el cumplimiento de las leyes vigentes, que son bastante duras y drásticas en materia de violaciones”.

El jurista Jorge Avendaño también sostiene que “en lugar de estar pensando en la pena de muerte, deberían aplicarse las penas fuertes existentes”.

Para el jurista la pena de muerte no es disuasiva. “A los criminales no les interesa si hay ejecución o no”. Un caso que llama la atención es el de Louisiana, Estados Unidos, donde está en vigencia la pena de muerte por inyección letal para casos de homicidio, violación sexual y traición a la patria. Sin embargo, Louisiana tiene una alta tasa de homicidios, 12.7 por 100,000, en comparación con otros estados que no tienen la pena de muerte.

Enfrentarse a una castración quirúrgica (extirpación de los testículos) podría ser una alternativa menos cara a la química, pero hasta ahora nadie lo ha siquiera sugerido.

Hay otro factor a tomar en cuenta. En las últimas décadas la edad de iniciación sexual consentida ha disminuido notablemente a nivel mundial. Perú no es la excepción.

En España la edad legal de consentimiento sexual es de 13 años, en Alemania y Austria de 14, en Dinamarca de 15, Gran Bretaña de 16, Irlanda de 17. En el Perú no está establecida, pero en la práctica se considera ahora entre los 16 y los 18 años.

Es por eso que la justicia tendrá que ser muy cauta a la hora de evaluar casos sindicados como violación de un menor de edad cuando en verdad podrían tratarse de sexo consentido.

Para el jurista Jorge Avendaño, actualmente se cuenta con los recursos suficientes para realizar un examen suficientemente asertivo como para determinar si aquel encuentro fue consentido o forzado. “Un examen médico dirá si hay un patrón de lesiones, desgarramiento de ropa, ese conjunto de factores que harán que el juez emita una opinión”.

Lo cierto es que se necesita tomar las riendas de este asunto y decidir de una vez por una política adecuada para evitar, sobre todo, la reincidencia de los agresores sexuales.

Según la ONG Acción por los Niños, el 50% de los violadores de menores han cometido estos crímenes anteriormente. Muchos de estos sujetos comienzan con una violación y pueden terminar en asesinatos como el caso del ‘Monstruo de Huancayo’.

Los norteamericanos han decidido tomar el toro por las astas en este tema y vigilar al milímetro a aquellos individuos que pueden significar un riesgo potencial para los ciudadanos (ver recuadro). Según últimas estadísticas, el 67% de las ofensas sexuales reportadas en ese país han sido contra menores de 18 años, y el 34% corresponde a los menores de 12. Esto demuestra que ni la silla eléctrica ni la inyección letal han sido particularmente disuasivas. (Patricia Caycho-Ana Cecilia Deustua)

Varias Formas de Ejecutar

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Idaho y Oklahoma mantienen el fusilamiento como método de ejecución. ¿Esta práctica se retomaría en el Perú?


El fusilamiento ha sido el método de ejecución usado preferentemente en el Perú republicano, pero a Atahualpa los españoles le aplicaron el garrote vil (que desnucaba al condenado) y a Túpac Amaru lo descuartizaron con caballos.

En España se abolió la pena de muerte en 1995, y en Francia dejó de funcionar la guillotina en 1981, pero en EE.UU. todavía se fusila en Utah e Idaho.

La inyección letal es ahora el método más común en EE.UU. y se adoptó por primera vez en Oklahoma en 1977. Por una aguja intravenosa en el brazo del sentenciado se deja fluir una solución salina y un anestésico que lo dormirá. Sigue bromuro que paraliza los músculos y la respiración, y cloruro de potasio que detiene el corazón. De los 38 estados que aplican la pena capital en EE.UU., 37 usan como opción la inyección letal.

En 1888 se diseñó la primera silla eléctrica en Nueva York, y se empezó a utilizar en 1890. Al condenado se le colocaba un casco de metal con una esponja mojada para la mejor conducción. Se aplicaban entre 500 a 2000 voltios por 30 segundos. Si el condenado continuaba vivo, volvían a enchufarlo. Hoy solo en 8 estados se sigue utilizando ‘hot seats’ más modernos.

La cámara de gas, protagonista de más de una película, es aplicada ahora en 5 estados, y la horca, la más popular forma de ejecución en el mundo anglosajón del siglo XIX, solo se usa en Washington y Delaware.

EE.UU. es, sin duda, el país occidental más propenso a aplicar la pena de muerte: en el 2005 se ejecutaron a 60 sentenciados y actualmente hay 3,370 esperando turno.

En otros países se utilizan métodos menos convencionales. En Uzbekistán, por ejemplo, hierven a los condenados en ollas con agua. En partes del Medio Oriente y África todavía lapidan a pedradas a las adúlteras.

Fichaje Perpetuo

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En Estados Unidos hay 300,000 personas que han cometido ‘ofensas sexuales’, incluyendo violación, y que están en libertad al haber cumplido su sentencia. Sin embargo, según la legislación norteamericana estos ex convictos están en la obligación de registrarse ante el Departamento de Justicia de su localidad. Sus datos aparecen en la página web www.mapsexoffenders.com para que todos sepan dónde viven y qué hicieron . Las fichas incluyen sus fotografías y direcciones. Para el jurista peruano Jorge Avendaño este procedimiento viola el derecho a la privacidad del sujeto expurgado, pero señala que “ésta debe sopesarse contra el derecho de la sociedad a protegerse”. Haciendo clic en las marcas rojas, sabrán si su vecino tiene prontuario sexual. Y es que este tipo de individuo puede reincidir en forma compulsiva.

 


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