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La Ley y La Trampa

Gustavo Gorriti - Canabis
¿Recuerdan la época de Fujimori, especialmente los años finales? ¿La corrupción mal disimulada, el cínico fariseísmo que usaba la forma para pervertir el fondo? ¿Donde “la ley es la ley” significaba “la trampa es la trampa”?

Ahora, en una democracia débil y manoseada, la historia tiende a repetirse. La situación no es la misma, aunque muchos de los personajes –trajinados por los años, las mañas y las grasas– sí lo sean. El propósito, sin embargo: utilizar la leguleyada más cruda, la trampa disfrazada como ley para burlar el derecho al sufragio efectivo, es el mismo.

En CARETAS 2424 escribí, y lo subrayo ahora, que el juego sucio de intentar ganar con tinterilladas en mesa lo que no pueden ganar en las urnas, representa un fraude adelantado.

Los miembros del JNE se proclamaron ofendidos y afirmaron ser funcionarios imbuidos de imparcialidad.

¿Es así?

En un artículo publicado el pasado domingo en La República, “Los sudores de Távara” Claudia Cisneros opinó que: “Este juego del JNE de Francisco Távara es cada vez más sinuoso y se ha constituido en actor político de las elecciones, decidiendo por 4 millones de peruanos (…). Cui bono, ¿quién se beneficia de este despropósito y por qué Távara se prestaría?”.

Cisneros recuerda que Távara estuvo a punto de ser destituido en 2009 por “inconducta funcional” (haber viajado “a París con su esposa pagado por la Universidad Alas Peruanas, que a la sazón tenía más de 130 juicios abiertos”). Távara fue salvado de la destitución en el CNM por un margen estrecho de tres votos contra dos. Aquellos a su favor fueron de gente vinculada con el Apra.
Uno de ellos, recuerda Cisneros, “Efraín Anaya, (fue) luego destituido por pedir dinero a un postulante a fiscal supremo y cuyo abogado fue el conocido aprista Humberto Abanto”.

Pero la información sobre dos de los tres miembros del JNE que votaron para vetar la candidatura de Guzmán es más interesante y reveladora.

Sobre Jorge Rodríguez Vélez, La República hizo dos revelaciones en un mismo día.

En su edición impresa del martes 8, informó que: “Uno de los cinco magistrados del Jurado Nacional de Elecciones que decidirá quién sigue adelante en el actual proceso electoral fue socio durante varios años de un reconocido abogado aprista”: se trata del abogado Humberto Abanto, el mismo que, como vimos líneas arriba, defendió a Anaya. Rodríguez Vélez y Abanto compartieron el mismo estudio de abogados desde 2002 al 2009.

Rodríguez Vélez declaró a La República que “mi sociedad profesional con Humberto Abanto no elimina mi imparcialidad en el JNE, tengo credenciales democráticas y eso prima en mi labor”.

Horas más tarde, el mismo diario publicó en su edición web más detalles sobre la “imparcialidad” y las “credenciales democráticas”. Rodríguez Vélez integró la Comisión de Indultos durante casi todo el gobierno aprista, hasta el 2009, ratificado por Alan García. A la vez, como socio de Humberto Abanto, tuvo varios contratos de asesoría con entidades del Estado.

Sobre Baldomero Elías Ayvar Carrasco, la información es elocuente:
Este año, el candidato al Congreso por el Frente Amplio, Augusto Malpartida, presentó un recurso ante el JNE, pidiendo la “renuncia” de Ayvar y su declaratoria de vacancia, tanto por los múltiples signos de su estrecha vinculación con el Apra y, en particular con Alan García, como por acusaciones explícitas de corrupción dentro de su gestión en el JNE.

Como recuerda Malpartida, Ayvar fue uno de los tres miembros del Pleno del JNE que restituyó en 2012 a Roberto Torres como alcalde de Chiclayo. Torres había sido ya sentenciado por peculado. Pese a eso (o por eso), Ayvar y sus dos colegas lo restituyeron a la alcaldía, de donde, meses después, salió a la prisión hundido por el escándalo de la cutra desaforada.

Luego del arresto de Torres, se acusó a dos magistrados del Tribunal Constitucional de haber recibido una coima de 160 mil dólares de aquél. Y a fines de 2014, Misael Delgado, ex gerente general de la municipalidad de Chiclayo, confesó, según un reportaje de Peru21, que Torres viajó a Lima en octubre de 2012 para entregar un soborno a miembros del JNE. En la nota, el informante relató que Torres entregó “a una señora de unos 35 años, en una cochera cerca del JNE, ocho fajos con (billetes de) S/100 que estaban guardados en un maletín negro”.

Poco antes del pago de las coimas, confesó Delgado, habían hecho una visita previa a Lima. “En el primer viaje nos entrevistamos con tres miembros del JNE recomendados por el doctor Marquillo”, dijo. En esa visita, otro “abogado de apellido Castillo le comentó a Torres que los magistrados del JNE ‘Legua Aguirre, Ayvar y el otro que no recuerdo... no le iban a fallar’. Coincidentemente, Baldomero Ayvar, Luis Legua y José Velarde votaron a favor de la restitución de Torres”. Veinte días después de entregar la coima, según declaró Misael Delgado en la Fiscalía, el JNE restituyó a Torres en la alcaldía.

Hay más. Los periodistas de IDL-Reporteros encontraron que en septiembre de 2012, “Ayvar (fue uno de los que) resolvió a favor del Alcalde de Ventanilla (Omar Marcos), dejando “sin efecto una resolución previa que lo vacaba”.

Unos meses antes, el 2011, según el portal de transparencia del MEF, Ayvar cobró más de 8 mil soles de la municipalidad de Ventanilla, dirigida por el alcalde que él luego reintegró al cargo.

¿Qué les parecen estos ejemplos de docta imparcialidad?

Otra huella interesante se da en cierto tipo de periodismo, donde los conflictos de interés no declarados tienen un peso abrumador sobre lo que ahí dicen o dejan de decir.

La publicación Politico.pe, por ejemplo. Su director es Ricardo Vásquez Kunze, quien en días recientes se refirió un par de veces a mi en términos que, imagino, él supone polémicos. El título de su último artículo en El Comercio, lo ilustra bien: “Guzmán, Acuña, Gorriti & Cía: falacias al gusto”. Su línea argumental, si cabe el término, coincide hasta en la huachafería con la de Alan García.

La última vez que vi a Vásquez Kunze asesorando candidatos presidenciales fue en 2006, cuando lo hizo con Lourdes Flores hasta la derrota de esta.

Politico.pe pertenece a una offshore panameña, Waiblingen Media Corp., creada el 2014, que tiene como agente residente a la oficina de abogados de Fábrega, Molino y Mulino. Su directiva lleva los típicos prestanombres panameños, pero su director/presidente es Ricardo Ghibellini T.

Politico.mx, de México, tiene como dueño a Ricardo Ghibellini, director general del Grupo Salinas en el Perú, desde el 2015. Ghibellini H. es además uno de los dos principales manejadores (con Hugo Otero) de la publicidad y hasta de los trolleos fallidamente anónimos de la campaña presidencial de Alan García, de quien es amigo, consejero y operador. Durante el gobierno de Alan García, Ghibellini estuvo vinculado –según detalló una investigación de IDL-Reporteros– con el escandaloso indulto concedido por Alan García a Crousillat.. (Leer: Un Aliado de Peso)

Aunque no el único, Alan García es el principal organizador de la campaña para vetar la candidatura de Julio Guzmán, aun si, para lograrlo, precise convertir el proceso electoral en una charada de trampas y maniobras de lo peor de la política y la institucionalidad peruanas; para que quien se ha convertido en un submarino involuntario en las encuestas, pueda rescatar una posibilidad de reflote o, por lo menos, de no perder la inscripción.

Ya sabemos en manos de quiénes está el futuro de nuestra azarosa democracia. No olvidemos, sin embargo, que de peores circunstancias se la ha podido rescatar.

 


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