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Defensor del Lector

La figura nunca ha prendido en el Perú y, que se sepa, ni siquiera se ha intentado ponerla en práctica. Pero se trata, sin embargo, de una institución de capital importancia para el cabal ejercicio de la libertad de expresión y, en consecuencia, para la afirmación del sistema democrático.

Muchos países latinoamericanos, además de España, decidieron incorporar en su orden constitucional la figura de los denominados defensores del pueblo como un subproducto de la ola democratizadora que tomó al mundo por asalto a inicios de los ochenta. La inspiración provenía del antiguo ombudsman sueco creado en los albores del siglo XIX para que los ciudadanos pudieran defenderse de las arbitrariedades del Estado.

La Defensoría del Pueblo, en el Perú, es una creación de la Constitución de 1993, aunque la ley que la desarrolla limita grandemente su capacidad de acción e impide que cumpla cabalmente con su objeto. Pero, mal que bien, existe y la eventual ampliación de sus mínimas facultades es una opción siempre presente.

Pero el pueblo requiere su defensa en muchos frentes y no únicamente ante los abusos que pudieran perpetrar cualquiera de los tres poderes del Estado. ¿Quién podría, en ese contexto, defender a un ciudadano sometido a leer falsedades, a consumir informaciones reñidas con la ética periodística y con el bien común, a tolerar destrozos del idioma y a hacerlo copartícipe de un sensacionalismo malsano?

Allí surge la figura del “Defensor del lector” que los medios de comunicación incorporan a su propia organización periodística dándoles espacio físico en la publicación para criticar libremente los contenidos que, a su criterio, afectan el interés de sus lectores y, por ende, conspiran en contra de la calidad del medio. Obviamente, para que estas personas tengan un mínimo de credibilidad tienen que gozar de un prestigio social reconocido y de una solidez ética por encima de toda sospecha, pues la menor inconsecuencia se haría fácilmente evidente.

Naturalmente, el defensor del lector no tiene ninguna relación con el Estado, carece de facultades legales y su designación se basa en la libre decisión del medio de comunicación pertinente. Pero su independencia, que es condición irremplazable, le otorga una base moral muy sólida.

Medios de comunicación de prestigio mundial como The Washington Post o El País cuentan con su respectivo defensor del lector, quien periódicamente ejerce la defensa de los lectores y, de ser el caso, formula críticas contra el mismo medio. Otros países como el Uruguay y Colombia también han incorporado la institución y concretamente en el caso colombiano más de un canal de televisión otorga 15 minutos del aire semanalmente para que su respectivo defensor formule las críticas del caso.

No se trata necesariamente de descubrir lo malo, pero es imprescindible que alguien represente el interés de los lectores y vele por su seguridad. El resultado puede ser una sensible elevación del nivel de la prensa y un mejor cumplimiento del derecho humano consistente en recibir una objetiva información de los sucesos. (Por Harold Forsyth)

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(*) El autor es Embajador del Perú en los Estados Unidos de América.

 


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