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Nacional Tensión entre el Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo por el destino del servicio militar pasa de castaño a oscuro.

Choques y Sombras

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Humala con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, el martes 18, cuando se fue contra el defensor.

El que pierde es el pueblo peruano”, declaró en la mañana del martes 18 el presidente Ollanta Humala en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Se acababa de enterar de la decisión del Primer Juzgado Constitucional, que declaró procedente la medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, para suspender el sorteo del servicio militar, programado para el día siguiente.

Calificó el actual servicio como “el más discriminativo e hipócrita” y consideró que “los de arriba no hacen el servicio militar”.

Igual, pueden pagar S/. 1,850 para no hacer el servicio si salen sorteados.

“La verdad, me parece incoherente una institución como la Defensoría que no dijo nada hace seis años (con la expedición de la ley) y ahora sale a declarar el interino”, añadió.

Por si quedaba dudas que al gobierno le interesa subrayar la condición de Vega, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, declaró que:

“El Defensor interno no ha tenido vocación de diálogo, sino de crítica y de enfrentamiento, de oposición abierta, y esa no es la función del defensor interino. Da la impresión de ser una maniobra política. El defensor interino ha tenido mucho tiempo para presentar esto, pero ha preferido la hora nona, de una triquiñuela política para hacerlo”.

Pero, a fines del mes pasado, Vega había entregado al despacho de Cateriano un informe con propuestas para el fortalecimiento del servicio militar voluntario.

“Los voluntarios reciben una propina mensual que oscila entre los S/. 256 y S/. 356. Es inferior al sueldo mínimo vital y no les permite contribuir con el mantenimiento de sus hogares. Es uno de los problemas que conlleva a la deserción en porcentajes significativos”, dijo Vega.

De enero del 2009 a marzo último, se tramitaron 26,004 procesos de deserción.

Con respecto a la alusión hecha por el ministro, de los 17 años que tiene la Defensoría del Pueblo, 7 se las ha pasado con defensores encargados.

Jorge Santistevan de Noriega (1996-2000) y Beatriz Merino (2005-2011) fueron designados por el Congreso.

Pero Walter Albán (2000-2005) y Vega (2011 a la fecha) se pusieron al frente de la institución luego de pasar varios años como defensores adjuntos.

Nadie podría resentir en Cateriano reflejos antidemocráticos. Sin embargo, su alusión a una “maniobra política” parece responder a un fantasma aprista –¿o antiaprista?– que ronda por las cabezas del Ejecutivo.

Aunque las circunstancias sean muy distintas, Vega protagoniza un período de tensión frente al Ejecutivo que no se veía desde los días en los que Santiestevan de Noriega fue una piedra en el zapato para el autoritarismo fujimorista.

El defensor puso objeciones legales a la posible candidatura presidencial de la primera dama, reclamó la publicación de la base de datos de pueblos indígenas de la Consulta Previa y acogió la queja de Alan García, que reclamó porque la “megacomisión” venía recortando su derecho a la defensa (ahí de repente el origen del fantasma).

PUNTO DE QUIEBRE

La particular impronta cachaca de Humala, que no pasa su mejor momento en las encuestas con un promedio de 40%, no debe ser del gusto de Vega, que tiene a la lucha contra la discriminación como su eje transversal de trabajo.

“Como (algunos hombres) están con pelo largo parecen mujer. Pero bueno, se supone que hay varones los que están ahí, córtense el pelo entonces”, ironizó Humala en un mitin en Cañete la semana pasada.

Bromas pesadas aparte, la oposición de Vega al sorteo, que considera discriminatorio y con el que se esperaba integrar a 12,500 nuevos reclutas, marca un auténtico punto de quiebre.

El premier Juan Jiménez anunció que el gobierno apelará la decisión judicial.

Desde la propia PCM ya veían con inquietud el distinto rasero que la Defensoría aplica a la sensible medición de conflictos sociales.

En mayo, la Defensoría reportó 225 conflictos sociales en todo el país. Este mes, la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM marcó 63.

Vega le explicó a CARETAS que “en nuestro caso seguimos los conflictos incluso si todavía no estallan manifestaciones violentas. Bagua y Conga estuvieron incubándose por meses antes de estallar”.

La preocupación del gobierno por “estandarizar” metodologías es tan pronunciada que en los pasillos de la Defensoría se comenta insistentemente que es un prerrequisito para los candidatos que quieran contar con los indispensables votos de la bancada oficialista.

Y es precisamente el nudo gordiano del Congreso el que podría determinar que el gobierno tenga que entenderse por un tiempo más con este ombudsman que le gusta cada vez menos.

El fantasma de Alfonso Ugarte ha vuelto a hacer de las suyas con el exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Wálter Gutiérrez. Él comenzó el año pasado con ventaja en los pronósticos pero ahora, que se encuentra más cerca de conseguir el consenso de todos los grupos, no logra contar con el apoyo uniforme del propio oficialismo.

Parlamentarios de la línea dura del nacionalismo como Daniel Abugattás no han ocultado su oposición y para justificarla se valen de la frustrada candidatura de Gutiérrez a la Defensoría durante el gobierno pasado.

Víctor Isla, presidente del Congreso, ha intentado revivir la candidatura de Güido Lombardi.

Raúl Castro, presidente del PPC, advirtió a CARETAS que el periodista ha perdido interés por el cargo: “Con un maleteo de más de un año, cualquiera se cansa”.

En el bolo también figura el abogado Samuel Abad y, con menos posibilidades, el joven exsecretario general del TC, Francisco Morales Saravia.

Abad declaró el martes en RPP que la ley del servicio militar es “groseramente” inconstitucional. Como Vega, fue defensor adjunto durante varios años. En el gobierno ya están avisados de cómo piensan dentro de casa.

 


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