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Medios Las movidas de la congresista Esther Capuñay en la irregular compra de Radio Miraflores.

Radio Bamba

3 imágenes disponibles FOTOS 

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Congresista de Solidaridad entregó US$ 200 mil como parte de cuestionada compra de emisora.

Es una historia de negocios a la peruana.

El propietario de una tradicional radioemisora de la capital, que hace unos años pasó por una temporada en la cárcel acusado de delitos contables, vende la mencionada señal a un joven promotor de conciertos y manager de artistas nacionales interesado en expandir el espectro de su negocio. Meses después no tiene reparo en volverla a vender a un emergente holding de radios, a cuya familia propietaria pertenece una congresista debutante. La SUNAT, que encabeza la junta de acreedores, se entera de la doble yuca cuando ya fue servida.

A partir de entonces arranca una nueva intriga de estampas igualmente locales: un ministerio que sigue con la mecedora luego de más de un año, una absurda medida cautelar presentada en un juzgado selvático al que solo se puede llegar luego de un viaje de cuatro horas en lancha, y otra acción de amparo presentada en un juzgado chiclayano donde un primo de la congresista Esther Capuñay es vocal superior.

Es la batalla por Radio Miraflores.

Doble Venta

Alejandro Gonzales está al frente de Kandavu Producciones, dedicada a montar espectáculos internacionales y que apenas el viernes 25 pasado fue responsable del concierto de aniversario del cantautor chileno Alberto Plaza. También maneja la carrera del popular grupo peruano de pop Adammo.

Según minuta notarial del 21 de abril de 2010, a través de su empresa Inversiones Prado del Rey le compró por US$ 500 mil la señal de Radio Miraflores a Ricardo Palma Michelsen.

Radio Miraflores mantiene una deuda tributaria de S/. 32 millones con la Sunat, lo que pone al ente recaudador al frente de su reestructuración. Semanas después de que Palma y Gonzales firmaran el contrato de compraventa, Rocío Chávez, de la consultora Right Business, fue designada por la Sunat como coadministradora de la radio. “Nuestra misión era tasar la señal, venderla y pagar acreencias como producto de esa venta”, explica la abogada.

En agosto de 2010 fue celebrada la junta de acreedores y Palma, como cuenta Chávez, no les informó de la venta realizada a Gonzales. Al día siguiente llegó una carta del último empresario en la que informaba que, de acuerdo al contrato, se había depositado a la cuenta de Radio Miraflores un primer cheque de US$ 100 mil. Los demás quedaban en custodia hasta que se cumpliera la aprobación del traspaso de la señal por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “De inmediato le reclamé a Right Business porque yo estaba cumpliendo mi contrato”, explica Gonzales.

Chávez informó “de inmediato a Indecopi que Palma ocultó la información de la venta a la junta. Hicimos la tasación de la señal y era casi del doble del valor acordado en el contrato. Pero mandamos a analizar el contrato y se concluyó que era válido y no se podía pedir la nulidad. Para evitar mayores daños, porque la junta podía ser denunciada, nos sentamos a negociar y transamos. Podíamos continuar si el señor Gonzales mejoraba el precio y por lo menos pagaba el valor de la tasación”.

“Cosa que yo no debía aceptar”, aclara Gonzales, “pues mi contrato era legal. Pero llegamos a un nuevo acuerdo”.

Dicha transacción extrajudicial fue oficializada el 17 de setiembre de 2010.
En paralelo a esa negociación, Palma volvió a vender la radio a pesar de ya no contar con el poder de hacerlo, pues toda decisión debía pasar por el visto bueno de Chávez.

Los nuevos compradores fueron los propietarios de Radio La Karibeña, cuyo gerente es Higinio Capuñay, padre de la congresista de Solidaridad Nacional Esther Capuñay. La familia es propietaria de más de 150 emisoras en todo el país.

Según acta de fe de entrega a la que tuvo acceso CARETAS, el 31 de agosto de 2010 la propia congresista entregó a Palma US$ 200 mil como garantía de transferencia de la señal que en este segundo caso, según el nuevo contrato, fue vendida de nuevo por US$ 1 millón. Llama la atención que el dinero fuera entregado en efectivo y directamente a Palma, ya que estando la empresa bajo la administración de la Sunat cualquier pago debía efectuarse a Radio Miraflores. El contrato fue firmado el 30 de setiembre del año pasado. Otros cinco cheques, también girados a nombre de Palma, fueron entregados por un monto total de US$ 500 mil.

CARETAS intentó recabar durante dos semanas la versión de la congresista, sin obtener respuesta. Capuñay integra la comisión parlamentaria de Transportes y Comunicaciones.

Señal con Cautelar

De ahí comenzó una absurda carrera ante el viceministerio de Comunicaciones por parte de los dos compradores, Prado del Rey y La Karibeña, para hacer valer su derecho sobre la emisora transmitida por el 96.1 del dial. El permiso le fue otorgado inicialmente a la empresa de Gonzales en resolución del 23 de diciembre firmada por el entonces viceministro de Transportes y Comunicaciones, José Cuba Hidalgo. Chávez señala que “le advertimos al MTC que Palma los estaba sorprendiendo. Él pedía el cambio de dirección de los equipos y la antena para transmitir desde Chorrillos. Como administradores de Radio Miraflores, desistimos”. Gonzales sostiene que “La Karibeña apela y el viceministro da lugar a la apelación bajo una razón administrativa, con lo que le dieron tiempo de presentar una demanda de amparo. Él se entendió con ellos. Ahí empezó nuestro calvario”.

Verónica Pérez Tiquilloca, trabajadora de La Karibeña, presentó la demanda en la remota Huepetuhue, localidad de Madre de Dios. Es un documento para los anales judiciales del absurdo. Pérez Tiquilloca señala que La Karibeña le debe S/. 150 de beneficios sociales y, para salvaguardar su derecho, se le debe entregar a la empresa la señal de Radio Miraflores.

Insólitamente, el juez Amalel Rómulo Mauriz Changra le dio la razón a Pérez y ordena al MTC entregarle la señal a La Karibeña, lo que el viceministro Cubas cumplió diligentemente en marzo de 2011.

Una cautelar posterior presentada por Prado del Rey, tramitada en Lima, ordena al MTC agotar el proceso administrativo antes de entregar la señal a una de las dos partes, pero no fue cumplida a pesar de que, adicionalmente, la OCMA suspendió al juez de Huepetuhue.

Higinio Capuñay presentó en agosto último una nueva cautelar en la Sala Civil Transitoria de Chiclayo, donde trabaja su sobrino, el vocal Oswaldo Pisfil Capuñay, que todavía no ha sido resuelta.

Mientras tanto, el Indecopi, en resolución del 12 de octubre, termina con el proceso administrativo y le da la razón a inversiones Prado del Rey. La Karibeña, a pesar de todo, sigue sin devolver la señal. Y Palma tiene su programa allí.

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