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Justicia Un juez honesto rompe su silencio y denuncia la infiltración de la red de Rodolfo Orellana en la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

La Corte de Orellana

4 imágenes disponibles FOTOS 

Orellana

Presidente de la Corte de Ucayali, Francisco Boza Olivari.

Rodolfo Orellana ha infiltrado a la Corte de Justicia de Ucayali. Su organización es muy cercana a la presidencia de esta institución. Hacen lo que quieren y todas las fichas se mueven por dinero”.

Esta valiente declaración fue brindada a CARETAS por el vocal titular del Primer Juzgado de Familia de Coronel Portillo, Jonatan Basagoitia, el martes 4.

En diciembre del año pasado, Basagoitia fue designado por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) de Lima para indagar acerca de las denuncias que vinculan al presidente de la Corte Superior de Ucayali, Francisco Boza Olivari, 59, con el empresario Rodolfo Orellana, quien es investigado a nivel fiscal por lavado de dinero, estafa, tráfico de tierras y otros delitos.

Basagoitia recabó pruebas y testimonios de jueces titulares y supernumerarios de Ucayali, y remitió sus investigaciones a la OCMA.

El cargo de juez supernumerario es aún más endeble que un juez provisional, porque a pesar de la onomatopeya ni siquiera es nombrado. (sic).

El Distrito Judicial de Ucayali comprende 31 juzgados, dos salas penales y una civil, pero dispone de solo siete jueces titulares y cuatro suplentes. El resto de las plazas son ocupadas por jueces supernumerarios.

¿Qué fue lo que Basagoitia descubrió?

LA LEY DE LA SELVA

Desde mediados del año pasado, la Corte Superior de Justicia de Ucayali se ha convertido en el paraíso de las acciones de amparo y de hábeas corpus.

Jueces supernumerarios admiten y tramitan con sorprendente celeridad demandas para anular investigaciones y juicios que se realizan en Lima. Al son de estos amparos, baila un conocido personaje: Rodolfo Orellana.

Un hecho insólito sucedió en el Juzgado Mixto de Campoverde, un pueblo situado a tres horas en carretera de Pucallpa, allá donde el Tunche perdió el poncho.

El 11 de diciembre pasado, el juez supernumerario de Campoverde, Wenceslao Portugal Serruche, admitió un hábeas corpus interpuesto por la empresa Minerales Rivero SAC y ordenó a Aduanas que le entregue un cargamento de 316 kilos de oro que había sido inmovilizado por la SUNAT una semana antes al sospechar que provenía de la minería ilegal.

Minerales Rivero está relacionada con Pedro Pérez, ‘Peter Ferrari’, un exconvicto por tráfico de oro y lavado de dinero, según Aduanas.

La SUNAT apeló la resolución del juez Portugal y sus directivos sufrieron una campaña de acoso por parte del pasquín “Juez Justo”, que dirige el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, asalariado de Rodolfo Orellana.

El 3 de enero, el cargamento de oro –valorizado en US$ 11.2 millones– fue “secuestrado” de los almacenes TALMA del Callao por los abogados de Minerales Rivero, entre los que figura Blanca Paredes, vinculada a Orellana.

Sorprendentemente, la OCMA absolvió al juez Portugal Serruche.

En junio del año pasado, Orellana interpuso un hábeas corpus en el Juzgado de Atalaya, un pueblo ubicado a dos horas en lancha de Pucallpa.

Dicho recurso fue admitido por la jueza Teresa Montalván, quien ordenó archivar inmediatamente la querella que le había entablado en Lima el empresario Jorge Pazos Holder, justo cuando se iba a emitir sentencia.

Pocos días después, el presidente de la Corte de Ucayali removió a Montalván y puso en su lugar al juez supernumerario Jorge Reátegui.

Así, el 2 de diciembre pasado, Reátegui ordenó al titular de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lima, Miguel Toyohama, que excluya a Orellana de la investigación que se le sigue por lavado de activos.

La escandalosa sentencia paralizó toda la investigación, pero fue anulada por la Sala Superior de Emergencia de Ucayali, el 21 de febrero pasado.

EL GOL DE ALARCÓN

El 22 de noviembre del año pasado, la titular del 36 Juzgado Penal de Lima, Judith Villavicencio, dictó orden de captura en contra del ex dirigente de Alianza Lima, Guillermo Alarcón, procesado por fraude junto a Orellana.

Sin embargo, el 14 de enero, el juez de Atalaya, Luis Palomino Morales, anuló la orden de captura que estaba a punto de ser enviada a la Interpol.

Según investigaciones del periodista de Pucallpa Paul Garay y del diario La República, dicha demanda a favor de Alarcón fue tramitada por Eder Zagaceta, un presunto abogado del estudio Orellana.

Zagaceta y Tomás Torrejón son los abogados que ha utilizado Orellana para tramitar los amparos en Ucayali, según lo descubrió el juez Basagoitia. Pero no son los únicos.

El 19 de setiembre pasado, a través de la abogada Irma Pizarro Murga, Orellana interpuso ante el Primer Juzgado Civil de Coronel Portillo una demanda de amparo contra el director de CARETAS, Marco Zileri Dougall, para evitar que la revista continúe informando sobre sus actividades.

Ubicada por CARETAS, Pizarro declaró: “La defensa de Orellana la asumió mi hermano (Carlos) y yo presté mi firma. Nunca he visto a Rodolfo Orellana. Yo ya renuncié y no tengo nada que ver en el tema. Esa gente nos ha pedido que evitemos declarar a la prensa porque el caso es reservado”.

El miércoles 7, Boza Olivari designó al juez supernumerario Christian Stein Cárdenas, para resolver la demanda de Orellana contra esta revista.

Stein trabajó con Boza Olivari cuando este era asesor legal del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH), entre mayo de 1999 y julio del 2006.

“Acá hay una rotación de jueces supernumerarios dirigidos por Boza Olivari según su conveniencia. Y cuando uno de estos jueces se opone a sus mandatos, lo cancela”, denunció Basagoitia.

Boza Olivari declaró a CARETAS que cada juez falla “dependiendo de su propio criterio y con total independencia”. Negó conocer a Orellana.

Pero hay otros vasos comunicantes.

Ludith Orellana, hermana de Rodolfo Orellana, es gerente de la empresa ABC Group For Human Development SAC, cuyo abogado es Juan Roberto Zúñiga Asencios.

Zuñiga es un ex técnico de tercera de la FAP que fue procesado y condenado a dos meses de prisión efectiva por inconducta e insubordinación en 2004. Durante el proceso fue asistido legalmente por Francisco Boza Olivari.

“Es difícil creer en las coincidencias”, señala el juez Jonatan Basagoitia. “Orellana vino a Ucayali porque es una Corte amigable y ha utilizado su poder económico para controlar la presidencia”. (Álvaro Arce)

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