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Justicia Los caminos para liberar a Alberto Fujimori.

Las Puertas de la Diroes

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Fujimori lleva preso en la Diroes tres años y ocho meses. Le resta 21 años dos meses.

Si Keiko Fujimori sale elegida presidenta de la República y su padre es liberado, su gobierno enfrentaría sin duda su primera crisis política.

En abril del 2009, a pocos días de la sentencia de 25 años impuesta a Alberto Fujimori, la candidata declaró a Canal N que si llegara a ocupar la Presidencia: “no tendría ningún problema en indultar a quienes yo considere inocentes (...) en el caso de mi padre, específicamente, yo considero que él es inocente”. Tras conocerse la sentencia del 7 de abril de ese año prometió en un mitin que “no pararemos hasta lograr su libertad”.

Más recientemente juró “por Dios” que no indultará a su padre. Según la encuesta de DATUM publicada el pasado jueves 19, un 64.5% de electores cree que sí lo liberará.

El indulto ha sido el mecanismo más discutido. Pero no es el único.

INDULTO EN DOS TIEMPOS

El recientemente juramentado Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, quien entre el 2007 y el 2009 fue el fiscal titular en el juicio seguido a Alberto Fujimori, considera que esta posibilidad es jurídicamente inviable.

“La ley prohíbe la concesión de indultos para el delito de secuestro agravado”, responde. Es la 28760, que además restringe los beneficios penitenciarios en esos casos.

En la sentencia de la Sala Penal Especial del 7 de abril del 2009, el tribunal presidido por César San Martín –actual presidente del Poder Judicial–, Fujimori fue sentenciado por el delito de secuestro agravado, por los casos del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. También fue condenado por homicidio calificado y lesiones graves, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Peláez advierte que la única posibilidad del indulto sería la derogación de la mencionada ley, lo que “traería complicaciones serias. Creo que esta sentencia no va a ser modificada. Sino el país, el Estado de derecho, sufrirían un menoscabo”.

El nuevo Fiscal de la Nación advierte, además, que de acuerdo al ordenamiento internacional, el indulto también es inviable.

“De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los crímenes contra la humanidad, como fueron calificados en la sentencia, no son sujetos a indultos ni amnistías”, adelanta.

Pero el ex Fiscal Adjunto Supremo, Avelino Guillén, quien compartió con Peláez la acusación al ex mandatario, asegura que “estoy convencido que, ante un resultado favorable a la candidata Keiko Fujimori, este gobierno concederá un indulto humanitario”. “Hay internos que recibieron esta gracia sin necesidad de estar extremadamente graves. Está el caso del señor Fernando Dianderas (ex director de la Policía), Alfredo Jalilie (ex viceministro de Hacienda) y José Enrique Crousillat”.

En el entorno del congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Fujimori, sostienen que en una reciente evaluación este encontró que el cáncer a la lengua se encontraba en fase III, es decir, extremadamente grave. A inicios de año se afirmó que había perdido hasta 14 kilos.

Fuentes del INEN sostienen en cambio que en los últimos meses su enfermedad fue controlada.

LA RUTA DEL TC

La última versión “oficial” del fujimorismo con respecto al destino del ex presidente establece que esperarán a que se resuelvan los recursos legales planteados por el abogado César Nakazaki. Más específicamente el hábeas corpus que espera respuesta en el Tribunal Constitucional.

El 13 de mayo del 2009 Nakazaki recusó a los magistrados de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que serían los encargados de revisar la sentencia de San Martín en segunda instancia.

Alegó que los magistrados Duberlí Rodríguez, Elvia Barrios, Roberto Barandiarán, Neyra Flores y Julio Biaggi no eran imparciales y habían adelantado opinión.

Luego de recomponer sus miembros para responder a la recusación, la Sala declaró infundado el pedido. Nakazaki insistió con un recurso de nulidad declarado inadmisible por la Sala Penal Permanente.

El 5 de noviembre del 2009 Nakazaki interpuso un hábeas corpus contra esa Sala, rechazado en primera y segunda instancia. El 14 de enero del 2011 llevó el caso ante el TC.

Este, presidido por el magistrado Carlos Mesía e integrado por Ernesto Álvarez, Juan Vergara, Ricardo Beaumont, Gerardo Eto, Fernando Calle y Óscar Urviola, convocó a Nakazaki y al procurador del Poder Judicial, Gustavo López Cordero, para una audiencia pública que se realizó el 26 de enero.

Los magistrados decidieron anular la audiencia debido a la inasistencia del magistrado Fernando Calle. “El pleno decidió que por tratarse de un caso que afecta a un ex presidente de la República, los siete magistrados tenían que estar presentes y votar todos juntos”, dijo Mesía a CARETAS.

Mesía niega que el aplazamiento de la sentencia tenga algún trasfondo político. “La decisión había que tomarla en marzo, cuando el Perú se encontraba en plena campaña y era obvio que la sentencia del TC podía afectar en uno u otro sentido el proceso electoral. Por eso decidimos que ese tema podía verse más adelante”, explicó.

Calcula que la sentencia estaría lista en setiembre. En caso de declararse procedente el hábeas corpus, el TC dispondría que la Corte Suprema acoja y resuelva la recusación que Nakazaki planteó contra la Primera Sala Penal Transitoria, que ratificó la sentencia a Fujimori.

Con esto, la pelota estaría en la cancha de la Suprema. Si esta vez es aceptada la recusación, la ratificación de la sentencia de los 25 años sería anulada y un nuevo tribunal tendría que revisar el fallo que el 7 de abril del 2009 emitieran los magistrados César San Martín, Víctor Prado y Hugo Príncipe.

EL FRENTE DEL CONGRESO

El tercer campo de acción es el del Congreso.

Los fujimoristas pretenderían derogar las resoluciones administrativas N°024-2001-CT-PJ, del 1 de febrero del 2001, que autorizó a la presidencia de la Corte Superior de Lima crear juzgados y salas anticorrupción, y la N° 47-2001-P-CSJL/PJ, del 2 de febrero del 2001, que conformó los juzgados anticorrupción.

El argumento contra estas dos resoluciones es que al crear juzgados ad hoc, violan el derecho al “juez natural”, principio recogido por el inciso 3 del artículo 139o de la Constitución.

Fuentes judiciales consultadas por CARETAS señalan que de darse esta derogación, cualquiera de los afectados, es decir, los sentenciados por el sistema anticorrupción comenzando por Fujimori, podrían recurrir al Tribunal Constitucional para reclamar la anulación de sus procesos y, de ser el caso, su libertad.

Pero el propio Tribunal Constitucional ya ha fallado hasta en tres oportunidades avalando la constitucionalidad de los juzgados. Destaca el caso, en el 2002, del ex director del diario Expreso, Eduardo Calmell del Solar, procesado por vender a Vladimiro Montesinos la línea editorial del diario en más de US$ 1 millón, que interpuso un hábeas corpus ante el TC con los mencionados argumentos y fue declarado improcedente el 6 de enero del 2003. La sentencia considera que los juzgados nacían “tras producirse determinadas exigencias de justicia y de la necesidad de darles una adecuada composición”.(Patricia Caycho)

 


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