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30/Jul/2009
 
 
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Corrupción Abogado de procesado por “petroaudios” señala que empresa Business Track también hacía contrainteligencia para la Marina.

Vínculos Blancos

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Walter Chinchay, abogado de Manuel Fernández Vírhuez, dice que su patrocinado fue pasado al retiro por el comandante general de la Marina, almirante Rolando Navarrete, para no investigar supuesta interceptación con fines privados con equipo de esa institución. Anuncia que presentará denuncia ante la Fiscalía.

Ríos de tinta se vierten sobre el famoso CPU de Rómulo León Alegría y el material que contiene, aunque al parecer no revelará mucho más de lo que ya se sabe de sus relaciones con el dominicano Fortunato Canaán y los demás personajes del entramado de los “petroaudios”.

Pero las verdaderas sorpresas de la última saga de “chuponeo” nacional están en los discos duros, usb y casetes de la empresa Business Track (BTR). La jueza María Martínez comenzó la revisión del material encontrado a su gerente general, Manuel Ponce Feijoo, y desde ya, cuando aún falta mucho que ver y leer, sorprende la cantidad y variedad de comunicaciones interceptadas.

Y no todo corresponde a la era digital. El audio 127, analizado en la audiencia del 20 de julio último, es un casete que contiene una conversación entre el abogado César Nakazaki y el productor Ney Guerrero, durante la cual hablan sobre un libro. Luego se escucha a Nakazaki conversar con Magaly Medina y el abogado le da una opinión sobre el caso de Ernesto Schütz. Por el contenido del diálogo pareciera que fue grabado en el 2003.

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Más atrás en el tiempo, en otro casete escuchado el 15 de julio, se revela la interceptación telefónica del periodista de Radio Programas, Jesús Miguel Calderón, quien llama por teléfono a su casa para contar sobre la famosa entrevista que le hizo al fugado Vladimiro Montesinos luego de su frustrado asilo en Panamá. Por entonces, en el año 2000, Ponce todavía habría estado en actividad.

El paquete 76 contiene seis correos electrónicos de Felipe Valenzuela (fvalenzuela@fach.cl), quien sería integrante de las Fuerzas Armadas chilenas, con Fernando Santander (fsantander@fach.cl), Rodrigo Vargas (intranet@fach.cl) y Rodolfo Calderón de la Fuente (rcalderon@fach.cl). Todos fueron enviados entre julio y agosto del 2004. Asimismo hay algunos e-mails del Consulado de Ecuador en Santiago de Chile (consulsantiago@consuladoecuador.tie.cl) con la Asistenta del Consulado, Teresita Bejarano Trujillo, en julio del 2004.

También hay 4 imágenes de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el escaneo de un documento llamado Cooperación Científica y Técnica entre el Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador y el IRD de Francia del 13 de agosto del 2004. A su vez hay un cuadro geológico en francés del 28 de agosto del mismo año. Cabe destacar que los especialistas contratados por el Poder Judicial indican que estos no son los archivos originales, que han sido copiados de otro medio de almacenamiento.

LA NATURALEZA del último material sugiere que BTR podría haber trabajado, también, para los institutos armados. Y el descubrimiento les cae de perillas a otros implicados en el caso de los “petroaudios”, que perdieron la paciencia y parecen enfilar sus baterías contra la Marina de Guerra del Perú.

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Resolución que pasa al retiro a Fernández reconoce que BTR realizaba labores de “contrainteligencia como son búsqueda y detección de equipos ocultos”.

Walter Chinchay Carbajal, abogado defensor del ex agente de contrainteligencia de la Marina Martín Alberto Fernández Vírhuez, aseguró a CARETAS que BTR sí realizó trabajos de contrainteligencia para la Marina.

Para el efecto, el abogado presenta la resolución de la Comandancia General de la Marina emitida el pasado 21 de julio y firmada por su propio titular, el almirante Rolando Navarrete, en la que se confirma el pase al retiro de Fernández Vírhuez por incurrir “en la grave infracción de no tramitar la solicitud de autorización para laborar o prestar servicios a favor de personas jurídicas o naturales de forma temporal, permanente u ocasional”.

Es decir, la Marina acusa a Fernández por no pedirle permiso a la institución para trabajar con Business Track.

En los párrafos finales del documento se añade que “el impugnante (Fernández) no ha considerado que la empresa Business Track se dedica al servicio de instalación de sistemas de seguridad y evaluaciones poligráficas e incluye acciones de contrainteligencia como son búsqueda y detección de equipos ocultos de espionaje”.

Este pasaje, para el abogado Chinchay, sugiere que BTR hacía trabajos para la Marina. De hecho, la Ley 28664 considera la contrainteligencia una actividad privativa del Estado. En su acepción más amplia, la contrainteligencia evita que el enemigo –un país extranjero o una organización que ponga en peligro la seguridad nacional– obtenga información sensible. También busca sembrar desinformación en ese oponente.

“No es una cuestión de intuición ni deducción”, sostiene Chinchay. “La Dirección de Inteligencia Naval tiene su organismo de contrainteligencia y la Marina tendrá que aclarar esto ante la justicia en cuanto presente la denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación”.

El ex ministro de Defensa Ántero Flores rechazó cualquier vínculo de la Marina con BTR.

LOS MARINOS Fernández Vírhuez y José Ojeda Angles se acogieron a la confesión sincera cuando la Policía descubrió las actividades ilícitas de BTR el 8 de enero último. En el despacho del fiscal Walter Milla confesaron cómo “chuponearon” a Alberto Quimper y Rómulo León con equipos de interceptación telefónica de la Marina. La situación obligó a renunciar al jefe de contrainteligencia naval, capitán de navío Rogelio Fernández del Castillo.

Fuentes de la Marina aseguran que ahora Fernández del Castillo pasó a otra dependencia de la Dirección de Inteligencia.

El viernes 24, el programa “Perro del Hortelano” de César Hildebrandt denunció que el capitán de corbeta Gonzalo Izazi Kamiche fue dado de baja al ser descubierto un presunto mal uso de equipos de interceptación telefónica celular y fondos de inteligencia naval en Iquitos.

El marino que se vio obligado a renunciar a su institución naval responsabilizó al director de Inteligencia de la Marina, contralmirante Pedro García Llaque, por la divulgación de esa información, que su esposa había expuesto en una audiencia pública ante un Juzgado de Familia de Chincha, donde ambos llevan un proceso de divorcio.

“Hay una denuncia penal pendiente –continúa Chinchay– sobre peculado de uso donde se habrían usado equipos de la Marina para realizar interceptaciones telefónicas en beneficio de empresas particulares. Pero la Marina no quiere investigar y para evitar que esto sea documentado han expulsado a Fernández Vírhuez y Ojeda Angles. En su condición de civiles, ellos ya no serán convocados en la investigación militar”.

Fernández es quien, en junio del 2008, cuatro meses antes de estallar el escándalo de los “petroaudios”, viajó a las instalaciones de Talara de la empresa Petro-Tech, con un pasaje pagado por la propia empresa, que se encuentra en el ojo de la tormenta desde el principio del caso. Alberto Varillas, gerente legal de Petro-Tech, competidora por la licitación de los lotes petroleros que obtuvo Discovery, la petrolera noruega representada por Rómulo León, negó siempre que hubieran contratado algún trabajo con BTR, pero al saberse del viaje de Fernández reconocieron que le pagaron el pasaje pero que viajó a nombre de Andrick, otra empresa del círculo.

La jueza María Martínez, que investiga los alcances de la mafia del “chuponeo”, amplió el proceso judicial por ocho meses al declararlo complejo. Debe concluir en marzo del 2010. Fernández Vírhuez, mientras tanto, cumple arresto domiciliario en su vivienda en Ancón.

El Drama de Giannotti

INPE advierte que su vida corre peligro si la trasladan al penal.
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El martes 21 de julio, la magistrada Martínez dispuso que Giselle Giannotti Grados, procesada por el caso de los “petroaudios” encontrados en Business Track, retornara al penal de máxima seguridad de Chorrillos y continuara su tratamiento médico de forma ambulatoria.

Lo extraordinario es que la directora del establecimiento penitenciario, la abogada del INPE Gloria Estrada, le envió un oficio donde le señala que en el penal “no contamos con médico especializado ni con médico permanente”. Luego agrega: “no contamos con espacio adecuado y acondicionado para atenciones de gravedad”. Finaliza reiterando “que esta dirección deja constancia que no garantiza la salud ni la vida, en caso de emergencia inminente, de Giselle Giannotti”.

La procesada, que tiene antecedente de cáncer a los ovarios, se encuentra en una clínica de San Isidro desde el pasado 24 de marzo, cuando una junta médica del INPE recomendó su traslado del penal por una hemorragia uterina disfuncional. Ahora la jueza Martínez considera que los nuevos exámenes médicos no justifican su permanencia en el hospital. Pero el informe médico presentado por la Clínica Concebir donde se encuentra hospitalizada Giannotti dice: “el Dr. Castañeda, cardiólogo, realizó un HOLTER el 15 de julio el cual presentó Arritmia Ventricular Frecuente y se sugirió un control estricto de la paciente (control de la presión arterial varias veces al día y la realización de electrocardiogramas semanales), motivo por el cual se recomienda que continúe internada”. Al cierre de esta edición el INPE esperaba la respuesta de la jueza Martínez.

 


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