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23/Jul/2009
 
 
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Transporte Congresista involucrado en accidente mortal pone a prueba el nuevo Código de Tránsito.

Primer Choque

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Ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, impone un novedoso sistema de puntos.

Tras el frustrado paro de transportistas, el flamante Código de Transporte circula vigente por las calles. Multas más altas, intenciones disuasivas, una medida de autorregulación ciudadana y un sistema de puntos que pretenden reordenar el tránsito nacional. Las cifras, sin embargo, se agolpan accidentadamente: 3 mil 500 muertes anuales. Un promedio de 10 por día ó 1 cada dos horas, según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La tendencia histórica se confirma: 630, 606 infracciones en el 2001; 873, 073 faltas en el 2003; 1'134,451 solo en el 2007. En un rubro donde campea la informalidad, el nuevo Código de Tránsito sería sólo el primer paso resolver un viejo problema.

Fue un paro parcial en provincias, especialmente en el norte y sur del país. Pero en Lima y Callao no tuvo la acogida esperada. Quizá por eso se suspendió el mismo martes 21 de julio en que se convocó. Según los agremiados que convocaron a la paralización, hicieron una pausa para sentarse a dialogar con el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC). Pero el titular Enrique Cornejo ya se había parado de esa mesa de diálogo. Hacia el mediodía del lunes 20, el ministro convocó a conferencia de prensa. Sentado, departiendo con los representantes de los ocho gremios de transporte alineados, admitió ciertas rectificaciones de su despacho. Cedió en lo cedible. Aceptó exigencias gremiales razonables, tales como no retener brevetes ante faltas leves y uniformizar las multas a infractores (particulares e interprovinciales por igual). No reculó, en cambio, en los montos de multas a faltas muy graves. Separó las medidas no negociables de las conversables. Pero, sobre todo, separó a los gremios de transportistas. Dividió, y podría decirse que venció. Al menos por el momento.

La llanta quemada del paro había empezado a desinflarse 15 días atrás, junto al inicio de las negociaciones. Con miras a la paralización, la sinergia con el Ministerio de Trabajo dio un margen de dos horas de tolerancia, tanto en el sector público como en el privado. El llamado plan de contingencia puso de su parte. También los continuos accidentes de tránsito que no conocen de paro alguno (incluyendo el accidente sufrido por el congresista José Mallqui, donde murió una mujer). Pero el pinchazo final a la llanta del paro lo dio la propia opinión pública: el 90.8% cree que los accidentes en Lima han aumentado, y el 60.1% se siente poco seguro en la vía pública. El 70.3%, culpó principalmente a los conductores en una encuesta de la Universidad de Lima del último mes de abril.

El nuevo Código de Tránsito entró en vigencia el mismo martes del paro. Entre sus puntos consensuados anunciados en el DS 029 –2009– MTC, destaca el “pronto pago” de 17% del valor de la multa, sólo si ésta se cancela dentro del margen de los primeros siete días. El pago sería del 33% del monto si se realiza dentro de los primeros quince días. No se incluyen en este pronto pago las infracciones muy graves: conducir contra el tráfico, manejar ebrio o falsificar el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito). El discutido monto de las multas se mantiene dentro del rango de la región. Mantienen la proporción, por ejemplo, con las sanciones máximas vigentes en Chile. Mientras aquí se pagan US$ 1,184 por conducir ebrio o drogado u ocasionar lesiones graves o incluso la muerte, la multa sureña asciende a US$ 1,340. Y en Chile no solo cancelan la licencia. También dan hasta cinco años de cárcel. La cercanía se repite en otras infracciones: conducir sin licencia (US$ 284 frente a US$ 201 en Chile), no detenerse ante una señal o luz roja (US$ 142 contra US$ 201), ir contra el tráfico (US$ 142 versus US$ 100.5), conducir mientras se habla por celular (US$ 94 y US$ 100.5) o estacionarse en lugares prohibidos (US$ 94 frente a US$ 67).

Una de las novedades es el sistema de puntos. El experto en temas de transporte de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, se mostró confiado en su funcionamiento. Los conductores que cometen infracciones irán cargando de puntos sus registros. El puntaje límite de 100 en un margen de dos años anunciará el retiro del brevete. La faltas leves generarán de 1 a 20 puntos; las graves, de 20 a 50; y las muy graves, de 50 a 100. Ello supondría, sin embargo, un sistema de comunicación a nivel nacional. Quispe también criticó aspectos como la inclusión del propietario del vehículo en la responsabilidad de las infracciones cometidas por sus conductores. Aunque para los propietarios de vehículos suena extraño, la norma apunta a la poco clara relación entre conductor, propietario y empresario en el mundo del transporte público. Pero quizá su mayor crítica fue la imposibilidad de utilizar las nuevas normas como instrumento legal. “Este es un reglamento, no un código. Sólo ha sido aprobado por un Decreto Supremo del Consejo de Ministros pero no por el Congreso”. Con ese impasse, sería difícil llevar a juicio a un infractor.

Otra modificación significativa implica la exoneración de la multa efectiva a los transportistas públicos “primerizos”, a cambio del canje de ésta por un curso de capacitación. La falta, sin embargo, será igual registrada en el mencionado sistema de puntos.

Pero quizá el mayor cambio sea la posibilidad de un ciudadano cualquiera de denunciar las infracciones del piloto ajeno, previa evidencia fílmica o fotográfica. La medida sigue, en cierta forma, la estela dejada por la discutida ley de arresto ciudadano. Un celular con cámara bastará para capturar un infractor. (Carlos Cabanillas)

 


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