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Actualidad Protesta amazónica sabotea suministro de oleoducto Nor Peruano. Derogar los decretos legislativos traería hondas consecuencias.

Selváticos a la Yugular

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Líder selvátivo Alberto Pizango con la parlamentaria nacionalista cocalera Elsa Malpartida rumbo al Congreso, el martes 19.

Los pueblos nativos amazónicos están demostrando ser más duros y aguerridos en sus reclamos que un tablón de ishpingo. Exigen que se deroguen varios decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo, al amparo de facultades delegadas, sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, no está claro qué es lo que los nativos proponen a cambio.

El martes último, el gobierno sufrió un duro revés en la Comisión de Constitución del Congreso, que declaró “inconstitucional” el DL 1090 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y exigió su derogatoria.

El ministro del Ambiente Antonio Brack Egg calificó el resultado como “un desastre”. Y advirtió que “de derogarse el decreto nos quedamos primero sin ley forestal …, y todo el esfuerzo hecho en este sector se va al agua”.

Se supone que la revuelta indígena exige más recursos para las comunidades nativas de la explotación de los recursos naturales en la Amazonía, tanto forestales como de hidrocarburos. Algo que es bastante comprensible y natural.

Pero se ha llegado a extremos.

Las marchas y bloqueos de carreteras, particularmente la Fernando Belaunde (ex Marginal) en varios puntos, han comprometido el abastecimiento de alimentos a Tarapoto, por ejemplo.

Pero paralizar el oleoducto Nor Peruano es un acto de sabotaje directo a la yugular. Desde el 28 de abril pasado, más de un millar de nativos han cercado la estación No 6 del oleoducto, ubicada en Morona, Loreto, y obligado a suspender el transporte de 40,000 barriles de petróleo diarios a la costa. La estación No 6 es resguardada por apenas 35 efectivos policiales.

Esta semana Pluspetrol, a cargo de las operaciones de exportación en Bayóvar, Piura, anunció motivos de “fuerza mayor” para el incumplimiento de sus despachos de crudo al exterior. Se afirma que por lo menos un tanquero se ha visto obligado a levar anclas con los depósitos vacíos. El impacto económico es sideral. Cada tanquero desabastecido representa US$ 14 millones menos.

Y no se trató de una medida aislada.

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El 12 de mayo, nativos bloquearon los ríos Ucayali y Urubamba reteniendo 44 embarcaciones de Pluspetrol.

El 16 de abril, indígenas de las etnias Yines, Ashánincas y mestizos de la ciudad de Atalaya, Ucayali, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, tomaron el aeropuerto de Atalaya, perjudicando a las empresas Repsol, Pluspetrol y Petrobras, que no pueden acceder a sus campamentos.

En agosto del año pasado, en la primera masiva jornada de protestas nativas, se cortó la fibra óptica del gasoducto de Camisea, acto de sabotaje que estuvo a punto de comprometer el despacho de gas a la costa.

En marzo del 2008, nativos Achuar y Kichuas tomaron el aeropuerto de Andoas, y dieron muerte a un efectivo policial con un disparo de escopeta.

Es evidente que algunas facciones de la protesta están cargadas de veneno de shushupe.

El 9 de mayo pasado, el gobierno decretó el estado de emergencia para vastas zonas de la Amazonía. Pero las fuerzas del orden han venido actuando con gran mesura en la contención de los desbordes sociales hasta el momento.

MIENTRAS TANTO, ya se han trepado a la piragua de la revolución algunos pasajeros más ágiles que un maquisapa.

Ollanta Humala, el líder del Partido Nacionalista, se lanzó a la ofensiva sin explicar el cau cau de las cuentas bancarias de su esposa, Nadine (ver Mar de Fondo) y pretendiendo inventar la pólvora: “Proponemos que las poblaciones de la Amazonía se conviertan en socias de estas inversiones y obtengan un paquete accionarial para que se establezca una nueva forma de transformar el crecimiento económico en desarrollo sostenido y sostenible”.

También el ex presidente Alejandro Toledo se sumó al cargamontón. “Yo creo que el paro indígena amazónico representa el fracaso de la política del Perro del Hortelano que el Presidente ha impulsado para privatizar la selva. Es un grave error del gobierno el pretender disponer de los recursos de la selva y entregar la tierra a los privados sin tomar en cuenta a las comunidades indígenas que viven allí”, declaró.

El premier Yehude Simon respondió acremente: “Hay que ver qué cosas hizo (Toledo) con los grupos nativos, en el momento más importante de la economía peruana, cuando no teníamos crisis internacional, había canon y regalías y mucho más dinero”. Recordó que en el 2006 un decreto de urgencia otorgó el 5% de canon y regalías a las comunidades nativas, andinas y amazónicas.

Lo divertido del caso es que los derechos nativos invocados están en gran medida reconocidos en los DL materia del zafarrancho (ver recuadro).

Por cierto, se trata de una trifulca de fondo sobre cómo y quiénes son los directos beneficiarios del aprovechamiento de los ingentes recursos forestales, agrarios, de hidrocarburos y el agua en la Amazonía.

Pero llegar al extremo de reclamar propiedad sobre éstos por tratarse de poblaciones originales de la Amazonía desafía la promesa de la vida republicana.

Según el ministro Brack Egg, “estamos hablando de 400,000 nativos, según el último censo nacional, con 11 millones de hectáreas tituladas. Esto es casi 25 hectáreas por indígena”.

“El nervio del problema es que las explotaciones de gas y petróleo generan un canon como el caso de Camisea”, declaró Brack a CARETAS. “En ese caso, el canon lo recibe la región Cusco y el distrito de Echarate, en La Convención. Pero el distrito de Echarate, que es uno de los más ricos del país, no les da un centavo de ese canon a las comunidades que están en Camisea. Lo mismo sucede en Cajamarca o cualquier otro departamento con canon. Ahí está el problema y eso es lo que genera protestas”, sostuvo.

Pero ya para entonces, Pizango amenazaba con encender la pradera. El viernes 15, el temperamental líder nativo invocó a la “insurgencia contra el gobierno de Alan García”, lo que mereció una elocuente réplica del Presidente de la República, en la inauguración de las obras de mejoramiento del programa Mi Barrio, en Ate, Lima.

“Ayer, un dirigente ideológico de algunas comunidades de la Selva ha dicho que llama a la insurgencia, contra el sistema y contra el gobierno. Lamento esas expresiones, por que este gobierno nace de la democracia y está consagrado al pueblo”. Y remachó: “Estamos a favor de una verdadera democracia, no de los lujos corporativos. Yo no obedezco a ningún grupo corporativo empresarial, tampoco obedezco a ningún grupo corporativo racial. Me debo a todos los peruanos, la democracia de todos los pobres, no sólo la democracia de quienes están en alguna región”.

El debate está atravesado de visiones caricaturescas sobre los nativos, alimentadas del mito del buen salvaje, indómito y trashumante, amenazado de corrupción por el desarrollo occidental, hasta el extremo de plantear condiciones de autonomía similares a las reservas indígenas norteamericanas, territorios piel rojas enriquecidos por los casinos ubicados dentro de sus linderos.

La comisión multisectorial convocada el martes último por el gobierno busca abrir un espacio de diálogo donde zanjar las grandes diferencias.

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Floro y Fauna

Protestas son alentadas por una figura inconstitucional, sostiene experto Pulgar Vidal.

Sacha es un prefijo de la selva, y bemba quiere decir boca, en jerga. Sachabemba, el titular de nuestra carátula, denota el boca en boca de la selva, que agita la protesta selvática. Pero lo que sucedió el martes 19, en la Comisión de Constitución del Congreso, fue el intento de hacer pasar una sachavaca por el ojo de una aguja.

La declaratoria de inconstitucionalidad del DL 1090 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, fue un duro revés para el gobierno. Pero si se aprueba por el Pleno, un grave desatino.

Manuel Pulgar Vidal, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), considera que los derechos de las comunidades nativas están plenamente consagrados en los dispositivos legislativos promulgados.

“No se les puede dar propiedad porque así lo regula nuestro texto constitucional, nos guste o nos guste”, afirmó.

El principio se remonta a la Constitución de 1979, que estableció que los recursos naturales son patrimonio de la Nación.

La Constitución de 1993 omitió la referencia a la pertenencia al Estado, llegando a algunos a pensar que los RRNN silvestres podían ser entregados en propiedad.

El tema quedó meridianamente zanjado en 1997, al promulgarse la Ley 26821 de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Dicha norma estableció que “los recursos naturales son de dominio del Estado, y los derechos de los particulares no implican un desprendimiento de dominio”, explicó Pulgar Vidal. En ese plan, la figura máxima de transferencia es la concesión y las licencias o permisos de uso sobre los recursos naturales silvestres.

“Las comunidades en la selva se titulan en donde están asentadas las poblaciones, otorgándoseles propiedad sólo sobre la tierra de uso agrícola o agropecuaria. Pero en el caso de las tierras con cobertura boscosa el Estado da cesiones de uso, porque los RRNN en estado silvestre no pueden venderse por mandato constitucional.

El dictamen del congresista PN Daniel Abugattas, exigiendo la derogatoria de la Ley, y aprobado en la Comisión de Constitución, sostiene que el DL 1090 es inconstitucional porque es una ley ordinaria, es decir, aprobada por mayoría simple, y no orgánica, votada por mayoría calificada, o el 50% más uno de los congresistas.

De acuerdo a Pulgar Vidal, en 1997, la Ley Sobre el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales previamente citada, fue orgánica, y ésta estableció que la reglamentación de cada uno de sus capítulos se desarrollen a través de “leyes especiales” y perfectamente ordinarias. Tal es así, que el presente Congreso ha promulgado, vía leyes ordinarias, la Ley 29317, en enero del 2009, que incorporó modificaciones necesarias al DL 1090, de junio del 2008. Y, también, promulgó la Ley de Recursos Hídricos o Ley de Aguas, bajo el mismo mecanismo, sin que nadie chistara sobre su aparente inconstitucionalidad.

“!Es el Congreso contra el Congreso!”, concluyó intrigado.

 


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