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Justicia La autodefensa de Alberto Fujimori no ofreció respuestas al encubrimiento de crímenes en su gobierno.

Final Para La Tribuna

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Intervención del miércoles 1 constó de dos tandas de menos de una hora cada una.

“La gente ya no se preguntaba cómo estaba, sino a quién asesinaron”, recordó el ex presidente Alberto Fujimori en un pasaje de su autodefensa iniciada el miércoles 1. Expresaba así la caótica situación en la que recibió el gobierno del país en 1990. Pero cuando efectivos del Ejército asesinaron a un niño de ocho años y otras 14 personas en lo que luego se conoció como el crimen de Barrios Altos, uno de las principales cargos que hoy lo tienen en el banquillo de los acusados, Fujimori no reaccionó para dar con los responsables de la masacre.

“Yo no goberné desde Palacio de Gobierno sino desde el infierno”, exclamó en lo que pareció una extraña forma de admisión. Pero cuando el fiscal Avelino Guillén lo interrogó el 17 de diciembre del 2007 dijo que se enteró de Barrios Altos por la radio. “Víctor Malca (ministro de Defensa) y Montesinos, por otra parte, me dijeron que podrían ser terroristas los causantes del hecho”, respondió quien el miércoles se volvió a presentar como el estratega al que no se le escapaba nada.

Nada respondió del largo guión de encubrimiento con los crímenes del grupo Colina que caracterizó a su gobierno.

Fujimori inició su alegato final en tono pausado que, con el correr de los minutos, fue in crescendo tanto en volumen como intensidad. No tanto como para que el presidente del tribunal, César San Martín, le llamara la atención. Pero sí lo suficiente para que la sala acondicionada en la Diroes se convirtiera en el escenario propio de un discurso político pronunciado con altavoz.

Con su reloj vigilante sobre el estrado, el ex mandatario se ayudó con un texto y reiteró que “nadie ha podido aportar ni una sola prueba que me condene y no lo han podido hacer porque simplemente no existen. Como lo dije desde el principio, soy inocente”.

Fujimori aseguró que en un futuro, “cuando las aguas vuelvan a su nivel y el Perú esté depurado de sus pasiones”, será recordado en los libros escolares de texto como “el presidente que le devolvió (al pueblo) la paz y la estabilidad”.

PERO LAS LÍNEAS MÁS ELOCUENTES y persuasivas de su intervención fueron proseguidas por uno de sus peores defectos: desaparecer todo lo que le precedió, reflejo de ese desprecio intelectual a la historia del país. Su egocentrismo llegó a extremos. “Ninguno de los dos gobiernos anteriores había diseñado una estrategia más allá de la represión militar”, dijo. La derrota infringida, en ese orden de ideas, fue un logro exclusivamente suyo y volvió a olvidar que el golpe mortal propinado a Sendero Luminoso, la captura de Abimael Guzmán, en 1992, fue consecuencia de su captura por una unidad de la Policía creada en el gobierno de su antecesor, Alan García. Es más, la Policía estuvo a punto de capturar a Abimael a pocas semanas de que Fujimori asumiera el mando.

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Alberto Fujimori: “La mañana siguiente al crimen (de Barrios Altos), me enteré gracias a RPP, ya que entonces una de mis fuentes era la radio”.

Pero Fujimori distorsionó la historia, mezquinó los grandes esfuerzos de sus antecesores, tanto civiles como militares, y se pretendió erigir como el conquistador de la paz. Su autodefensa se dirigía a la tribuna, más que al tribunal, confiado en que los peruanos más jóvenes que lo escuchan no vivieron los años de la violencia, ni experimentaron la conmoción provocada por las masacres que, 15 años después, han sentado en el banquillo de los acusados, por delitos de lesa humanidad, por primera vez en la historia peruana, a un ex presidente del país.

La historia no es lineal ni sencilla como la pinta Fujimori. Su gobierno también tuvo dos incuestionables méritos en la estrategia antisubversiva: la consolidación de las rondas campesinas originadas en la década anterior y la ley de arrepentimiento, que ayudó a encauzar las acciones de inteligencia, en el campo y la ciudad. Pero Fujimori no inventó la pólvora. Los primeros conatos de organizar al campesinado y armarlo en grupos de autodefensa datan del gobierno de Fernando Belaunde. Los periodistas muertos en Uchuraccay, en 1983, cayeron confundidos por senderistas por una de estas rondas. Luego Alan García, en 1985-1990, intentó desesperadamente potenciar las rondas a pesar de la resistencia del Ejército para armar a los pobladores. Fujimori tuvo la virtud de retomar estas iniciativas e implementarlas, pero ya para entonces las FF.AA. y policiales habían pasado por un largo proceso de maduración y decantación.

Finalmente, a “Gonzalo” le echó el guante el Gein de la Policía y no el Grupo Colina patrocinado por los principales colaboradores del ex presidente, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza.

Fujimori recibirá muy probablemente una condena en los próximos días. Y no por los aciertos innegables de su gobierno. En 159 audiencias desarrolladas a lo largo de un año y cuatro meses, Fujimori ha sido procesado por su responsabilidad en graves crímenes perpetrados por agentes del Estado en Lima urbana y encubiertos activamente por el régimen y por él mismo.

LA HISTORIA DE ESTE TRASCENDENTE JUICIO es también la de la defensa del procesado, empeñada en alejarlo todo lo posible de la órbita del Grupo Colina, reducido por el abogado César Nakazaki a un grupo que actuó en confines castrenses, como un tumor invisible para el poder político.

Pero la hipótesis de un Fujimori decorativo, ignorante de lo que ocurría a solo unas cuadras de Palacio de Gobierno como ocurrió con Barrios Altos, terminó en realidad por mellar su autodefensa. Resulta ingenuo pretender inventarse un ciego, sordo y mudo a partir del presidente que el miércoles último se volvió a jactar de controlar cada resquicio de la lucha contra la subversión y de una estrategia “única y novedosa”.

Para lo que le compete al juicio, la responsabilidad de Fujimori sigue expresándose en sus reacciones posteriores a los crímenes.

“Me dolió en el alma que un grupo de militares boicoteara la estrategia”, confesó sobre la masacre de La Cantuta. Pero todas sus acciones fueron en la dirección contraria.

Más que la búsqueda de la pistola humeante, del imposible documento en el que ordena algún asesinato, es lo que siguió a los hechos de sangre lo que diferencia a Fujimori de los momentos más complicados vividos por Fernando Belaunde y Alan García.

En su última intervención del lunes 30, Nakazaki comparó el caso de su patrocinado con el de la masacre de Accomarca en setiembre de 1985. Así, sostuvo, todo presidente resultaría siendo autor mediato.

El ejemplo al que recurrió Nakazaki termina por conspirar contra su cliente.

ACCOMARCA FUE UN TERRIBLE EPISODIO donde una patrulla comandada por el teniente EP Telmo Hurtado terminó con la vida de 69 personas. Alan García había asumido el gobierno poco antes y dispuso el inicio inmediato de una investigación, que terminó poco después con la renuncia del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Enrico Praeli, y la destitución de los jefes de región y del comando político militar de la zona (Sinesio Jarama y Wilfredo Mori, respectivamente). El responsable directo, Hurtado, fue apresado. La contienda de la competencia, en la que la Corte Suprema reconoció finalmente la jurisdicción de la Justicia Militar, empañó la investigación pero nada indica que el Ejecutivo ejerciera presión. El propio informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, documento que en muchos pasajes es muy poco grato con la responsabilidad política del actual mandatario, señala que “la rápida respuesta de García marcó una distancia con el comportamiento del gobierno anterior y tuvo un impacto público favorable en el corto plazo”.

Hurtado fue finalmente condenado a seis años de prisión en 1992, pero se benefició con una interpretación de la ley de amnistía que impulsó con entusiasmo la congresista fujimorista Martha Chávez tres años después. La misma amnistía que liberó a los miembros del Grupo Colina y que en retrospectiva representa el puntillazo final en la trama de encubrimiento que tan seriamente compromete a Fujimori. Viéndolo en perspectiva, si no se hubiera promulgado Fujimori podría estar en una situación muy distinta.

Barrios Altos Y La Agenda Presidencial

El 2 de noviembre de 1991, Fujimori viajó a Yurimaguas con sus hijos pero regresó de urgencia la noche siguiente. Desde las 7 p.m. y hasta la madrugada estuvo reunido en Palacio con su gabinete para tratar la crisis desatada a raíz de la renuncia del premier Carlos Torres y Torres Lara.

Tres horas y media después, a quince cuadras de ahí, 12 encapuchados ingresaron al jirón Huanta 840 y acribillaron a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años. “De aquí nadie sale vivo”, había ordenado el jefe del grupo, Santiago Martin Rivas, a sus subordinados.

Tan sólo 24 horas antes, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había abandonado el país con la promesa del presidente de no caer en la guerra sucia.

A pesar de las hipótesis sobre participación de agentes del Estado que ya se barajaban en la prensa, Fujimori mantuvo su insólito silencio hasta el 26 de noviembre, y lo rompió para fustigar a Amnistía Internacional y America’s Watch, que reclamaban una investigación. El autogolpe del 5 de abril paralizó los esfuerzos del Congreso por llegar a los responsables. Meses después, en diciembre, el distanciado vicepresidente Máximo San Román convocó a conferencia de prensa para presentar un documento de inteligencia en el cual se involucraba a Montesinos en el crimen de Barrios Altos. El documento señalaba además que el grupo de eliminación pertenecía al SIE y entre sus miembros estaba un teniente EP de nombre Jesús Sosa Saavedra. Eran datos certeros.

Fujimori sólo contestó: “que presente pruebas, que no quede sólo en palabras”.

Fue similar lo que ocurrió luego del crimen de La Cantuta el 17 de julio de 1992, donde nueve estudiantes y un profesor fueron sacados de la Universidad para ser ejecutados al día siguiente del sangriento atentado senderista en Tarata.

El oficialismo bloqueó todos los intentos del Congreso Constituyente Democrático, que inició una investigación luego que en abril de 1993 el congresista Henry Pease recibiera un anónimo que detallaba el funcionamiento de Colina y la responsabilidad de Montesinos, el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general Juan Rivero Lazo, el comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos y el jefe de la División de Fuerzas Especiales, general Luis Pérez Documet.

Hermoza sacó los tanques como respuesta a las reiteradas citaciones del Parlamento y ese mismo día, el 20 de abril, Fujimori declaró a la prensa que “no hay derecho a que se melle la imagen de una institución que trabaja por el país”.

Ese mismo mes, según declararon a la Primera Sala Anticorrupción cinco agentes de Colina, mientras la Comisión Investigadora citaba a Hermoza éste ordenaba el desentierro de los cadáveres y su traslado a otro lugar.

El 5 de mayo de ese año el general de División EP Rodolfo Robles Espinoza hizo conocer a la prensa que los Colina eran los autores de ambos crímenes. Sostuvo que estaban involucrados Montesinos y los altos mandos castrenses. Luego de varias amenazas de muerte, se asiló en Argentina.

Robles se ratificó en declaraciones a la comisión parlamentaria desde Buenos Aires.

El informe en mayoría suscrito por los congresistas de oposición encontró responsabilidad funcional en el jefe de la II Región Militar, el jefe de la DIFE, Pérez Documet, el jefe del SIE, Alberto Pinto Cárdenas y responsabilidad penal contra Hermoza Ríos.

El informe en minoría, que durante sesión del pleno la noche del viernes 25 de junio fue aprobado por 39 votos contra 13, insistió en el “autosecuestro” de las víctimas, quienes estaban supuestamente vivas en alguna parte del país. Este informe fue encontrado en el 2001 en la computadora del asesor de inteligencia del SIN, Rafael Merino Bartet.

La Cantuta Y El Paradero De Fujimori

El 12 de julio de 1993 fue hallada la fosa de Cieneguilla con algunos de los restos humanos chamuscados y las llaves de Armando Amaro Cóndor. Pero el 24 de agosto la investigación se paralizó. La Fiscalía de la Nación dirigida por Blanca Nélida Colán decidió que la 8a Fiscalía traspase todo lo actuado al Fuero Militar.

El 4 de octubre algunos de los restos fueron enviados a un laboratorio en Londres. El encargado fue el doctor Aníbal Escalante, médico de cabecera de Fujimori y quien certificara la falsa intoxicación por bacalao en abril de 1990. El resultado del análisis jamás fue entregado a la justicia.

El 18 de diciembre el juez del fuero común ordenó la detención de 11 oficiales y subalternos, pero el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) se opuso al señalar que también los investigaba. La llamada Ley Cantuta estableció que sólo se necesitaban 3 votos en la Corte Suprema para que un caso pase al Fuero Militar.

El 21 de febrero de 1994 la Sala de Guerra del CSJM sentenció a 6 agentes a 20 años de prisión, entre ellos Santiago Martin Rivas, y a dos oficiales, el general Rivero Lazo y el coronel Federico Navarro. Los dos últimos no purgaron prisión. Seis meses después absolvió al general Hermoza, el general Pérez Documet y el asesor Montesinos.

Los Colina fueron liberados el 16 de junio de 1995, en cumplimiento a la ley que daba amnistía a militares procesados por violación a los derechos humanos. Fue aprobada de “contrabando” a las 3 de la madrugada del 15 de junio.

En la primera fecha de su autodefensa Fujimori no explicó ningún eslabón de la ominosa secuencia. Pero sí celebró que sus éxitos los consiguiera desinteresadamente y sin obtener “ningún rédito personal”. Olvidó que se sirvió de ellos para perpetuar un gobierno que cayó en medio de los más graves hechos de corrupción conocidos en el país y que dejó la institucionalidad en escombros que el Perú recoge hasta hoy. El mismo irrespeto a las formas constitucionales que estimuló la repetida criminalidad e impunidad del Grupo Colina. Los delitos, para él meras grietas en un sólido dique, que lo tienen esperando en la antesala de una sentencia histórica.

Fujitube

La defensa fujimorista en el canal de videos YouTube
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El “juicio mediático” es el que fabrican los fujimoristas por Internet.


Los escuderos del ex presidente Alberto Fujimori aprovechan la gratuidad y el anonimato que permite Internet. Utilizan seudónimos para propagar su propia versión del proceso judicial que se le sigue a su líder: trastocan conclusiones, editan videos a la mala y subtitulan como les da la gana. El usuario picanteperu (youtube.com/user/picanteperu), por ejemplo, ha subido más de 370 videos a favor de su líder desde que empezó el juicio. Con títulos como Video que demuestra que Fujimori no dormía, Se confirma plan de chantaje para incriminar a Fujimori o Pelea picante entre Nakazaki y un fiscal, ha logrado alcanzar un promedio de 15 a 20 mil visitas (el tercero tiene 35,346). Entre sus 125 suscritos destacan los usuarios masterboy2007, 4fabiola y MIGUEL2005, quienes se encargan de demoler con comentarios obscenos, insultos y acusaciones de terrorismo a cualquiera que ose comentar en contra de los videos. Otros usuarios nóveles tienen sólo centenares de visitas. Pero rápidamente –casi viralmente– ellas han empezado a multiplicarse. Es el caso de JuventudFujimorista (youtube.com/user/JuventudFujimorista), que con menos de un mes de inscripción presenta ya dos canales informativos de próxima difusión: Juventud Fujimorista Televisión y JF Noticias TV, cada uno con sus respectivos logotipos.

Aunque de apariencia espontánea, estos y otros videos fujimoristas son colgados a YouTube casi a diario. Una arenga final en cada video de picanteperu convoca a las portátiles fujimoristas hacia la sede de la Diroes: Se aconseja mirar el juicio en vivo. Los canales de Perú engañan miserablemente al televidente.

La Sentencia Posible

César Azabache diferencia responsabilidad en Barrios Altos y La Cantuta. De acuerdo a la acusación Fiscal presentada el 10 de diciembre del 2007 ante la Sala Penal Especial, el ex presidente Alberto Fujimori es acusado de ser autor mediato por dominio de la organización de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Los delitos imputados son tres: lesiones graves, homicidio calificado y secuestro agravado, y por ellos el Ministerio Público pide 30 años de prisión. Su defensa solicitó que sea absuelto por falta de pruebas.

Para el penalista César Azabache, Fujimori debería ser encontrado culpable bajo la figura de omisión y encubrimiento, en el caso Barrios Altos, y como autor por omisión, en el de La Cantuta. Y la pena sería no menor de 20 años.

“En un momento de los primeros interrogatorios el Fiscal le pregunta: ¿usted qué hizo después de la masacre? Él se limitó a decir: yo esperaba que la Fiscalía investigue. Esa respuesta es inaceptable”.

Azabache sostiene que en el caso de Barrios Altos la responsabilidad de Fujimori sería la de encubridor y omiso al cumplimiento de sus deberes funcionales, mas no autor. En su opinión el Fujimori de 1991 era distinto al Fujimori posterior del autogolpe del 5 de abril, cuando concentró todo el poder. Para él, lo de Barrios Altos le fue impuesto al entonces novel presidente como una forma de forzarlo a tomar parte por una estrategia militar con acciones de este tipo.

“Es un presidente que debió reaccionar una vez que se produjo la masacre y esa omisión, en el marco de todo lo que puede y debe hacer un jefe de Estado, lo hace responsable”, concluye.

Sobre La Cantuta es más severo. “Lo que aquí hay es un dejar hacer. Si no siento delante mío al presidente del Comando Conjunto para exigir una explicación clara y concreta, prácticamente estoy dando un cheque en blanco a los autores del crimen para que sigan operando, que en mi opinión es suficiente para condenarlo como autor del crimen. Autor es también el que pudiendo evitar el curso de los eventos no hace nada por hacerlo y se hace cargo de la probabilidad que vuelva a ocurrir”.

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