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Actualidad El gobierno fue confrontado ante revuelta aborigen sin precedentes. Y no faltaron los pescadores a río revuelto.

Anatomía del Conflicto (VER)

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Embetunados nativos de la étnia Awajun en la localidad de Aramango, departamento de Amazonas, emergieron de las sombras.

El de la última semana fue un delicado escenario que opuso la agenda del gobierno a una inusitada resistencia amazónica. El desenlace, al menos en términos legislativos, no pinta bien para el Ejecutivo. Pero en ese río revuelto hay chunchos bamba que afilan sus lanzas para pescar gratis paiches y ojalá dorados. Entre tanto plumero se asienta un caótico modelo de oposición que sale de los confines de la avenida Abancay.

El gobierno respondió con una ofensiva digna de los aguarunas. El martes 19 el presidente Alan García “celebró” los 100 primeros días del Ministerio del Medio Ambiente con la presencia en Palacio de su titular, Antonio Brack.

Era un desagravio. Quien es uno de los más destacados ambientalistas del país había sido desconocido como interlocutor por los nativos amazónicos que se levantaron en pie de guerra durante toda la semana. “Ha prestado su buen talante, su buena gestión para un diálogo difícil, audaz”, le reconoció AGP.

Por la tarde el premier Jorge del Castillo aterrizó sin previo aviso en la Comisión de Pueblos Indígenas, Nativos y Amazónicos del Congreso. Su exposición sucedió a la del líder indígena Antonio Pizango, quien demandó la derogación de los decretos ley 1015 y 1073. El primero reduce el número de votantes necesarios para disponer del territorio de las comunidades, de dos terceras partes a la mitad más uno. Básicamente iguala a las comunidades de la selva con las de la costa y la sierra. Según los nativos pone en peligro el concepto de propiedad comunitaria.

El DL 1073 incluye a las comunidades nativas en el concepto de “comunero posesionario”, que también se aplica en las comunidades campesinas. Esto, para los protestantes, produce confusión y puede permitir a los inversionistas privados “infiltrarse”.

La dura intervención de Del Castillo no convenció a la comisión, que acordó pasar al pleno un proyecto de ley para derogar ambos decretos. “Lo hacen con una pistola en el pecho”, respondió el premier. García lo consideró un “gravísimo error histórico”.

No fue el único revés. El mismo martes por la mañana la defensora del pueblo, Beatriz Merino, solicitó al Tribunal Constitucional acelerar su respuesta al pedido de inconstitucionalidad que su institución hizo sobre el mencionado decreto 1015. El jueves 21 el TC dará a conocer si admite la demanda.

Los nativos exigen, sobre todo, la derogación de otros tres decretos leyes: 1064, 1089 y 1090. En el último caso, el de la ley forestal y de fauna silvestre, CARETAS ya venía advirtiendo de la omisión del gobierno al no incluir a las organizaciones civiles en la discusión. Es obvio que faltaron invitados a esa mesa.

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El epicentro del conflicto nativo se encuentra en el triángulo conformado por los ríos Marañón - Amazonas - Putumayo, si bien en Camisea, Cusco, también hubo jaleo. La Amazonía tiene 800,000 km2, y es poblada por unos 250,000 nativos pertenecientes a 42 étnias.

En total reclaman la eliminación de 32 leyes. Jorge Caillaux de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental advierte que “es la primera vez en la historia que los indígenas se han puesto en una posición de enfrentamiento de esta envergadura”.

Tanto García como Del Castillo aseguran que el enfrentamiento es en realidad entre la iniciativa para ampliar la base de peruanos con derechos y la manipulación política que los mantenga en la postración.

Brack añade que, a pesar de tener ya 12 millones de hectáreas tituladas (“más grande que Luxemburgo y cinco veces Israel”, comparó en el programa de Jaime de Althaus), las pretensiones de los nativos se extienden a la intangibilidad de casi todos los territorios y la propiedad del subsuelo. Caillaux señala que, salvo algunos casos aislados, lo último es muy infrecuente en el mundo. De hecho, si el total de nativos está alrededor de los 250 mil (de tres millones de peruanos en la Amazonía) y el territorio “clave” suma unos 250 mil kilómetros, el ratio de tierra por habitante resultaría desmesurado. Más todavía si se toma en cuenta que los aguarunahuambisas, ubicados en el corazón del debate (ver mapa), son aproximadamente 45 mil.

El premier insiste en que hay un motor político que trasciende la protesta orgánica y se expresa en la simultaneidad en la toma del puente Corral Quemado, que divide Cajamarca y Amazonas, el cerco a dos campamentos de Camisea y la toma del oleoducto de Saramiriza en la provincia de Datem del Marañón. En el misterio persiste el perturbador sabotaje a la fibra óptica del gasoducto de Camisea el martes 12 pasado, en la ceja de selva de Ayacucho (CARETAS 2040). El ataque afectó el sistema de comunicación y de control del gasoducto. Un backup satelital evitó la necesidad de cortar el despacho. El 30% de la generación eléctrica depende de Camisea.

Las ONG extranjeras han sido señaladas como un factor de combustión (CARETAS 2040). Pero el carbón también parece lanzarse de otras canteras.

Así como el congresista nacionalista José Maslucán fue señalado por entorpecer el debate en el Congreso, su compañero de bancada Víctor Isla ha sido sindicado por el ministro Antonio Brack y el secretario de coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Manuel Figueroa, como el instigador de la interrupción de las negociaciones en la mesa de diálogo el pasado jueves 14. “A las 10 de la mañana se inició la mesa de diálogo que trabajó hasta las tres de la tarde”, declaró Brack. “En ese momento dimos una hora de asueto para almorzar porque estábamos todos agotados”. Hasta entonces las conversaciones habían discurrido con normalidad.

Según Brack, tres testigos confirmaron que Isla era quien conversó con los voceros de los indígenas durante el relevo del almuerzo que comenzó a las tres de la tarde y les increpó por hacérsela demasiado “fácil” al gobierno.

Brack sostiene que al regreso “fue otro dirigente el que tomó la palabra. Ahora exigían que venga el Presidente de la República en menos de 24 horas”. Cabe subrayar que el ministro había dialogado con Alan García durante la mañana y éste ya había aceptado recibirlos en Palacio de Gobierno.

Fue en ese momento que la comitiva salió como una tromba y se retiró en mototaxis sin previo aviso y ante la sorpresa de los periodistas. Tomaron el helicóptero a Tarapoto y de allí el avión a Lima.

¿Y quién es el persuasivo telefonista? Isla fue vicepresidente regional de Loreto durante el período de Robinson Rivadeneyra, entre el 2003 y el 2006. Sobre Rivadeneyra pesa una orden de captura emitida hace un mes por el Tercer Juzgado Penal de Maynas. Lo acusan de colusión por adjudicar de forma irregular seis obras.

El propio Isla protagonizó un pulposo escándalo que no tiene nada de viruta. Él presidió la comisión que otorgó 3 millones de hectáreas de bosques amazónicos de Loreto. Cada hectárea se entregó por S/.0.40, por lo que fueron recaudados apenas S/.1.2 millones.

El sacerdote ambientalista Paul McAuley denunció documentadamente que el asesor de Isla, Mardonio Perdomo Rengifo, recibió nada menos que cinco concesiones equivalentes a 150 mil hectáreas. Además lo vinculó indirectamente en otras 30 concesiones. La presencia de presuntos testaferros sin solvencia financiera ni logística marcó el resto del proceso.

Paradójicamente, McAuley declaró que el gobierno planeaba deportarlo debido a alinearse con la posición de los indígenas en el enfrentamiento de los últimos días.

No es el único. Otro sacerdote como Joaquín García, del Instituto Amazónico de Iquitos, es de las personas más entendidas de la problemática y reitera que “según el convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo, OIT) se supone que los nativos tienen que ser consultados antes de dar cualquier tipo de ley o determinación, que es lo que está cuestionando la Defensoría. Esa falta de interacción en un momento en el que están con un nivel de efervescencia y un alto nivel de conciencia” habría precipitado la crisis.

García no cree que “Humala ha llegado a estas raíces porque no tiene alcance para eso”. Tiene razón a la luz del patético fraccionamiento de la bancada parlamentaria que él aupó. Si el nacionalismo no puede mantener firmes las riendas de su propio grupo parlamentario, es ingenuo atribuirle la paternidad de una protesta que abarcó prácticamente a toda la Amazonía peruana.

El sacerdote español considera que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (Aidesep) cuenta con la capacidad suficiente para ponerse a la cabeza de la movilización. Sostiene además que su presidente, Pizango, “está muy empapado de la doctrina indígena y es un líder de larga data”.

Sin embargo, Pizango sí toma ventaja de un contexto internacional, y más concretamente vecinal, distinto al de hace algunos años.

En la coyuntura del último paro nacional del 9 de julio, el diario boliviano El Deber publicó una nota que pasó casi desapercibida en el Perú. La revisión de los registros migratorios permitió establecer que “al menos cinco de sus principales impulsores” viajaron recurrentemente al vecino país entre el 2007 y el 2008. Pizango viajó el 20 de agosto del año pasado y lo volvió a hacer poco antes del paro, donde según el diario habría coordinado con los otros organizadores. De esto se desprende la fuerte llamada de atención que Alan García le hizo a su homólogo Evo Morales pocos días antes del paro, cuando lo acusó de patrocinar la movilización.

Para el gobierno ello confluye en la estrategia hecha pública en eventos como la reciente Cumbre Social de los Pueblos, celebrada en paralelo al cónclave con la Unión Europea, y el mencionado paro del 9. Quien más réditos sacó del último, el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, cumplió en los últimos días una apretada agenda de viajes que incluyó Chincha, Nazca, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. En los primeros destinos intentó mover las protestas tras el primer aniversario del terremoto y en los últimos dos reavivó el debate sobre el reparto del canon que motivó graves incidentes en junio último (CARETAS 2032). Con grandes movilizaciones anunciadas de nuevo para noviembre, es cada vez más obvio que Huamán está dispuesto a probar suerte en el despoblado escenario de potenciales presidenciables de izquierda. Porque hasta ahora las encuestas dicen que juega solo quien es más conocido que la ruda.

El jueves 14, Ollanta Humala le pidió al presidente Alan García que siga el ejemplo de su homólogo boliviano Evo Morales y se someta a un referendo revocatorio. Lo mismo recomendó para el Congreso porque así, dijo, se “afianzaría la democracia en el país”.

Tres días después el ex parlamentario de izquierda, Javier Diez Canseco, propuso exactamente lo mismo en su columna del diario La República. “Vamos a una salida política democrática y responsable”, predijo. “Que García y el Congreso se sometan a un referendo revocatorio, que el Perú decida si se mantiene este gobierno o se cambia de rumbo y se refunda la República. Ese es el camino”.

Humala escucha a Diez Canseco o éste lee al otro, pero los términos son muy similares. Y la “refundación” a la que se refiere Diez Canseco también es una de las palabras favoritas del ex candidato presidencial.

Los dos también leyeron las últimas encuestas (ver más en la apertura de Mar de Fondo). “En el Perú”, resumió Diez Canseco, “sólo 1 de cada 5 peruanos respalda a García y 75 de cada 100 lo rechazan”.

Como metiendo los dedos en el agua, el discreto debate siguió en las páginas de opinión. Al día siguiente, en El Comercio, Carlos Ferrero publicó una columna sobre el tema. Aunque esté muy lejos de ser amigo del gobierno, el ex premier advirtió que “empezar a hacer en el Perú referéndum revocatorios del Presidente de la República es condenar al país a la inestabilidad absoluta. No se requiere ser adivino para prever que a todos los presidentes futuros cuya popularidad baje, también se les exigirá referéndum revocatorios”.

Aunque no quieran darle bola pública al asunto, en el gobierno sí leen las páginas de opinión. Una reciente encuesta encargada por el APRA para consumo interno profundiza en la creciente impopularidad presidencial. Los resultados son muy interesantes. Cuando se pregunta a los encuestados si Alan García debe ser removido del puesto, aproximadamente el 70% responde que no. Y cuando preguntan si están de acuerdo con que Ollanta Humala lo reemplace en Palacio, solo el 30% responde afirmativamente.

Aunque lo último no sea poca cosa, pues ese escenario extremo le otorga al militar retirado más puntos que las últimas encuestas publicadas, lo más resaltante es que la impopularidad presidencial no parece corresponder a una tendencia revocatoria. Esta insatisfacción, afortunadamente para la democracia, no equivale a relevo.

 


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