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Economía Para algunos, monumental tanda de DL esta semana plantea vasta reforma del Estado.

Segunda Ola

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Agnes Franco de Consejo de Competitividad y ex superintendente Sandro Fuentes.

Prueba que el Ejecutivo flexionaría al máximo los músculos de las facultades legislativas delegadas en diciembre pasada por el Congreso fue la muy mentada Ley de Tercerización.

El Congreso la promulgó y el Ejecutivo la aprobó sin pestañar, pero esta semana, vía un Decreto Legislativo, le hizo los ajustes que deseaba, “descafeinándola”.

En total, al fin de semana último, el gobierno aprobó un total de 99 Decretos Legislativos al amparo de las facultades concedidas en diciembre pasado para “adecuar las leyes peruanas al Tratado de Libre Comercio con EE.UU”. Sólo la última semana se aprobaron 71.

Para lograrlo el Consejo de Ministros se declaró en sesión permanente durante ocho días a fin de cumplir con el plazo que venció el 28. Lo único que quedó en el tintero para implementar el TLC con Estados Unidos fue la modificación del Código Penal para sancionar con mayores penas los delitos al medio ambiente, en particular, la tala ilegal. El calibre de los cambios motivó que el Ejecutivo le deje la urgente tarea al Parlamento. Se espera que el voto en la Comisión Permanente sea esta semana.

La magnitud del desembalse sorprendió a tirios y troyanos.
En el Congreso, sectores de la oposición denuncian que el Ejecutivo legisló en materias no autorizadas por el Legislativo y amenazan con denunciar la inconstitucionalidad de muchos decretos.

En cambio, para el abogado Sandro Fuentes, ex Superintendente de Tributos, el paquetazo legislativo “es lo más parecido a una segunda ola de reformas del Estado”.

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Ministra Aráoz articuló la reforma.

En efecto, la normativa abarca ocho sectores. Agnes Franco, directora ejecutiva del Comité Nacional de Competitividad de la PCM, divide la tanda en dos: los DL de “implementación” y aquellos de “aprovechamiento” del TLC. “La mayoría de las normas están referidas a la mejora del marco regulatorio, fortalecimiento institucional, simplificación administrativa y modernización del Estado y la competitividad del agro”, sostuvo. Algunas de las normas más saltantes:

- Ley de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), ampliando la definición a empresas con 100 trabajadores y ventas hasta de S/. 5 millones anuales.

- Regula las asociaciones público / privadas en la provisión de infraestructura y servicios.

- Tercerización del SNIP.

- Creación de una ventanilla única de compras del Estado.

- Ley General de Aduanas. Reduce los mecanismos de despacho y universo arancelario.

- Instaura el régimen de cuotas individuales para la pesca.

- Decreta la apreciación acelerada para las nuevas hidroeléctricas que se construyan.

- Reduce a 50% + 1 la mayoría necesaria en comunidades campesinas para disponer de sus tierras eriazas, homologando aquellas de la sierra con la costa.

“La reforma despeja la cancha de los escollos burocráticos a la inversión privada”, sostiene Fuentes. “En gran medida, se trata de la segunda ola de reformas que se debieron promulgar en 1995”.

Está por verse si ahora Fritz Dubois y Roberto Abusada, autores de la “Reforma Incompleta” (2002), detallando lo que se hizo y no se terminó de implementar en la década de 1990, consideran que llegó la hora de arrojar su libro al tacho.

La primera ola de reformas corresponde a la de 1991, al amparo igualmente de facultades delegadas.

No se descarta que el desembalse legislativo sea materia de un pugilato con el Congreso. El subgrupo integrado por los legisladores Aldo Lazo (Alianza Parlamentaria) –que lo preside– Martín Pérez (UN), Rolando Reátegui (AF), Wilder Ruiz (RN) y César Zumaeta (PAP) tiene 10 días para auditar las normas del Ejecutivo. Ya hay quienes trinan y truenan, aunque la ministra Mercedes Aráoz de Comercio Exterior y principal gestora de la reforma multiplica sus encantos en Pasos Perdidos.

 


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