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Narcotráfico Hurgando en el pasado de los Sánchez Paredes, aparece otro expediente hasta hoy desconocido.

El Crimen Salto del Fraile (VER)

7 imágenes disponibles FOTOS  PDF 

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Suboficial José Vásquez fue torturado y asesinado de dos tiros en la cabeza. Tenía 25 años.

Volver atrás. Muchas veces el pasado puede ayudar a entender el presente, y explicarlo también.

Es lo que está ocurriendo con la megainvestigación policial a la familia Sánchez Paredes por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico. La Dirección Antidrogas (Dirandro) ha empezado a hurgar en el pasado del clan trujillano para determinar si la fortuna que hoy posee tiene un origen ilícito.

Un primer paso ha sido “exhumar” los expedientes policiales del clan trujillano. Algunos han desaparecido misteriosamente, otros no. Entre estos últimos, el que ha activado los sensores de los detectives es el atestado 104-H-IC-DDCV.

El documento policial, hasta ahora desconocido, conecta a Perciles (asesinado en 1991), Orlando, Manuel y Wilmer Sánchez Paredes con una supuesta organización peruano-colombiana de tráfico internacional de drogas, y los responsabiliza también por un asesinato perpetrado en el año 1977.

La historia, reconstruida por testigos, policías y autoridades judiciales que investigaron el caso, no sólo es inédita, sino trascendente hoy 31 años después.

El Acantilado

Podría argumentarse que la “guerra de la coca” en el Perú estalló en 1977. El periodista estadounidense James Mills, describió en su libro ‘The Underground Empire’ (El Imperio Subterráneo) que ese año los cocales se incrementaron en un 30%. “La producción estaba totalmente fuera de control y seguía expandiéndose. El negocio de la coca entregaba grandes sectores del campo y zonas urbanas a los narcotraficantes, quienes luchaban contra el gobierno por el control de sus territorios”, escribió Mills.

El ex Director Superior de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), general Manuel Lezama, decidió enfrentar el problema conformando los primeros grupos de inteligencia antinarcóticos que operaran independientemente de la Policía Antidrogas que era dirigida por el general PIP Eduardo Ipince Rebatta.

Lezama llamó al genera PIP Edgar Luque Freyre, quien trabajaba en la Dirección de Informaciones y Comunicaciones. Lo puso a la cabeza de estos grupos y le pidió convocar a egresados de la Escuela de Suboficiales. Lezama quería policías jóvenes y, sobre todo, “limpios”. No confiaba en Ipince.

Uno de los elegidos fue el suboficial José Vásquez Vargas (25), oriundo de Yurimaguas y estudiante del último año de Ingeniería Electrónica.

En octubre de 1977, los equipos de Luque ubicaron al narcotraficante Alfonso Rivera Llorente, representante del cártel colombiano de Cali en el Perú, en un departamento de El Olivar, en San Isidro. Todo indicaba que Rivera Llorente preparaba un ‘gran pase’, según la Policía. Vásquez inició la vigilancia y “regló” a Rivera Llorente a bordo de un Volkswagen. En esas andaba cuando lo descubrieron.

El narcotraficante tenía como guardaespaldas a Daniel Barrios Esponda, un ex capitán PIP que había laborado en la misma unidad de Vásquez. Su seudónimo era ´Goliat’. Fue éste quien identificó al policía y dirigió su secuestro en San Isidro.

María Vargas Rojas (76) no ha olvidado el día que desapareció su hijo. “Él era un chico de misa y comunión dominical. Recuerdo que ese día me llamó por teléfono y me dijo: ‘mamita ya no me esperes. Ve yendo a la Iglesia para que no pierdas la misa. Yo te alcanzo después’. Y yo lo hice. Pero mi hijo no volvió, no volvió nunca más”, narró a CARETAS. Es la primera vez que la señora Vargas concede una entrevista periodística para hablar del asesinato de su hijo.

Vásquez fue detenido, torturado y rematado de dos tiros en la cabeza. Sus asesinos quemaron los dedos de sus manos y pies, y mutilaron partes de su cuerpo. Su cadáver fue arrojado desde el acantilado conocido como ‘El Salto del Fraile’, en Chorrillos, y el cadáver apareció flotando en el mar el lunes 14 de noviembre de 1977.

El crimen desencadenó una intensa investigación en la que unieron fuerzas Homicidios y Antinarcóticos. El resultado: el atestado 104-H-IC-DDCV.

La Organización

El documento policial, hasta hoy inédito, sindicó como “autores materiales” a Daniel Barrios Esponda, ‘Goliat’, y Carlos Atilio Jordán Silva. Y como “autores intelectuales” a Alfonso Rivera Llorente; los narcos colombianos José Franco Giraldo, Vicente Guzmán Zúñiga (o Mario Ospina Zulueta), Luis Gutiérrez Díaz, así como a los hermanos Perciles, Orlando, Manuel y Wilmer Sánchez Paredes.

Perciles y sus hermanos, de acuerdo a las investigaciones, eran “acopiadores” de Rivera Llorente y éste –a su vez– reportaba a Franco Giraldo, aparentemente un capo del cártel de Cali. Todos ellos habrían sido descubiertos por Vásquez durante su vigilancia en el departamento de Rivera Llorente, según la Policía.

La mafia, refiere el atestado 104-H-IC-DDCV, tenía un aeropuerto clandestino en ‘Puerto Viejo’, en La Libertad, y otro en las inmediaciones de Paramonga.

Tanto ‘Goliat’ como Jordán, quien también era un ex PIP, fueron detenidos el 27 de noviembre de 1977 en un peculiar operativo en Iquitos. Según detalla el documento policial ambos cayeron –junto a Perciles Sánchez Paredes y el capo colombiano Franco Giraldo– en una habitación del hostal ‘San Carlos’.

En la cama del cuarto se encontraron 231 kilos de PBC. “Un colchón bien duro”, recordó en broma un policía que participó en la operación. Perciles fue liberado en Lima. Giraldo se convirtió en ‘colaborador’ de Luque Freire y habría ofrecido la cabeza de Rivera Llorente. Poco después fue asesinado en Colombia.

La familia trujillana niega los cargos y califica las conclusiones del atestado 104-H de “meras especulaciones”. “Se trata de información falsa y tendenciosa que ni siquiera forma parte de lo que se viene investigando por parte de las autoridades”, escribió Andrés Sánchez Alayo, uno de los hijos de Manuel Sánchez Paredes, en un correo electrónico enviado a CARETAS esta semana. “El señor Manuel Sánchez, su familia y sus empresas poseen un patrimonio de origen absolutamente lícito, producto de su actividad empresarial por casi 40 años, hecho que viene siendo corroborado por las autoridades que lo vienen investigando”.

Pero la Policía y la Fiscalía denunciaron a los Sánchez Paredes y Rivera Llorente. El Décimotercer Juzgado de Instrucción –en mérito del atestado 104-H– abrió proceso por “delito de ataque a la Fuerza Armada con muerte subsiguiente para ocultar otro delito: tráfico de drogas”.

Sólo ‘Goliat’ y Jordán fueron condenados a 20 años de prisión. El Sexto Tribunal Correccional “reservó” el juzgamiento de Alfonso Rivera y los “otros no habidos”, pero la Corte Superior de Lima decidió archivar el caso.

El Ministerio Público apeló sin éxito. El fiscal acusador era entonces Guillermo Cabala Rossand, quien décadas después se convertiría en respetado vocal supremo y jefe del Órgano de Control de la Magistratura (OCMA).

Cabala, de 79 años, recordó: “Fue un proceso voluminoso, donde los primeros involucrados fueron los victimarios. Luego se llegó a la existencia de una red de narcotraficantes, donde estaban los Sánchez Paredes. Fui enérgico y los denuncié”.

En 1983, Gustavo Gorriti reveló en CARETAS 765 que el 26 de agosto de 1976, es decir un año antes del crimen, el SIN allanó un departamento de Rivera Llorente, también en San Isidro, y capturo al comandante EP en retiro Jorge Whitembury.

El inmueble estaba abarrotado de contrabando. Whitembury sólo dijo que el narcotraficante era un “mal amigo”. En el Batallón de la Policía Militar 501, donde fue trasladado para cumplir su condena, conoció a Vladimiro Montesinos. En la carcelería ambos hicieron buenas migas.

Nadie volvió a tocar el tema hasta hoy. ‘Goliat’ murió durante el motín de El Sexto, en 1984, y Jordán cumplió su condena. Fue dejado en libertad.

Rivera Llorente, hijo de españoles, pero nacido en Lima en 1932, fugó del país y nunca más se supo de él. Perciles Sánchez amasó una fortuna y consolidó el patrimonio familiar. Lo mataron a balazos en 1991.

Manuel, Orlando y Wilmer Sánchez Paredes multiplicaron el dinero del hermano asesinado y hoy poseen minas de oro, empresas y bienes en todo el país.

¿Podría este oscuro antecedente comprometer al clan trujillano en la megainvestigación que se le sigue por lavado de dinero? La procuradora Sonia Medina no lo duda. “Las referencias policiales son importantes antecedentes para seguir el derrotero de una investigación. En otras pesquisas atestados antiguos fueron trascendentes porque marcaron los perfiles delictivos de la organización”, explicó.

Al fin y al cabo de lo que se trata es de llegar a la verdad. María Vargas, madre del policía asesinado, la busca desde hace 31 años. La semana pasada, llegó desde Trujillo para visitar por primera vez el ‘Salto del Fraile’. No pudo evitar estremecerse. “Quiero que se conozca quiénes fueron los verdaderos asesinos de mi hijo, quiénes robaron una vida joven, llena de ilusiones”, reclamó entre sollozos. Luego prometió. “A mi hijo no lo voy a recuperar… pero no descansaré hasta que los autores reciban su merecido”. (Américo Zambrano, Roberto More).

La Megainvestigación

Continúa ronda de interrogatorios en la Dirandro.

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Los 77 miembros de la familia Sánchez Paredes han sido citados a la Dirandro.

La semana pasada se inició la ronda de interrogatorios a los miembros de la familia Sánchez Paredes en la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro), en San Isidro.

Un oficial explicó que primero han sido citados los parientes más lejanos de Perciles para finalizar con Manuel, Orlando, Wilmer y Amanda Sánchez Paredes. Ellos, por cierto, tienen la facultad de no acudir a las diligencias policiales.

La megainvestigación por presunto lavado de dinero producto del tráfico de drogas arrancó hace cuatro meses e involucra a 77 miembros del clan de Santiago de Chuco, así como a 125 de sus empresas en el Perú y Panamá. Está a cargo del Equipo Especial de Inteligencia de la Dirandro y del titular de la Segunda Fiscalía Provincial especializada en tráfico ilícito de drogas, Eduardo Castañeda Garay.

El clan trujillano es investigado también por supuesto desvío de insumos químicos al narcotráfico. Se inició en agosto pasado (CARETAS 1988).

La pesquisa está a cargo de la División de Insumos Químicos de la Dirandro y del titular de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca, el trujillano José Castillo Espejo.

Allí están comprendidos Orlando Sánchez Paredes, gerente general de Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa); Manuel Sánchez Paredes, gerente general de Empresa Minera San Simón; así como sus hermanos Amanda y Wilmer.

 


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