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Entrevistas Eduardo Bertoni, observador internacional del juicio a Fujimori, encuadra el proceso en su dimensión histórica.

De Nuremberg a la DIROES

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Eduardo Bertoni

Argentino Bertoni de la Fundación para el Debido Proceso Legal.

"El hecho de no impedir que los crímenes ocurrieran significa que implícitamente había una orden para que ocurran".

"En Chile hay 600 militares en proceso por crímenes de DDHH, en Argentina 200 y en el Perú 453."

Hay observadores del juicio a Alberto Fujimori que miran mucho más allá del vidrio que separa al ex presidente de los demás asistentes. Entre los que intentan enfocarse en el bosque está el argentino Eduardo Bertoni. Antes de volver a Washington, el director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés) también participó en un seminario organizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Bertoni celebra la transparencia del proceso sobre los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta: ¿cuando la justicia se hace en una caja de cristal, de cara a la ciudadanía, se fortalece? Frente a la avalancha de audiencias, recomienda que los medios de prensa se esfuercen en difundir más interpretaciones jurídicas de especialistas.

Y son eminencias de la Universidad George Washington, asociada a la DPLF y también organizadora del mencionado seminario, las que acaban de presentar a la Corte Suprema del Perú un trascendente informe sobre el caso y su dimensión internacional (ver recuadro). Bertoni apunta a ese cuadrante.

–¿Qué significa el juicio de Fujimori en el contexto de los Derechos Humanos?
–Es un juicio histórico e importante no solo para el Perú sino para el contexto internacional. Es mejor verlo desde una perspectiva histórica porque así se realza todavía más su importancia. La lucha contra los autores de violaciones contra DDHH es algo que comenzó después de la II Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg y Tokio. Hay otro momento que es la creación de tribunales penales internacionales ad hoc como el de la ex Yugoslavia y el de Ruanda. Si bien el primero no pudo llegar a una sentencia contra Milosevic por su fallecimiento, fue instalado por el Consejo de Seguridad de NNUU y no por las potencias vencedoras.

–Es una instancia supranacional.
–Que refleja el avance de la lucha contra la impunidad. El tercer momento lo coloco en la creación de la Corte Penal Internacional Permanente por el Estatuto de Roma en 1998. Hay momentos que dialogan desde América Latina. En 1985 se juzgan a las juntas militares en Argentina. Posteriormente hay un proceso que califiqué de ‘garzonización’. La actuación del juez Baltasar Garzón fue muy importante en la aplicación de criterios de jurisdicción universal. Cuando no se podían juzgar los crímenes en los países donde habían ocurrido, existían jueces afuera que podían evitar que estos delitos no queden en la impunidad. Con la detención del dictador Pinochet en Inglaterra se produce una gran conmoción porque se reclamaba el juzgamiento de un ex presidente por parte de un tribunal extranjero. A partir de entonces las legislaciones de países como Argentina y Chile, que impedían los juicios, empiezan a ser cambiadas, derogadas, y entonces llegamos a un momento en el que nuevamente son jueces locales los que están tratando los casos. En ese contexto se encuentra el juicio a Fujimori. La diferencia, y de allí lo histórico, es que el juicio viene luego de una extradición, después de muchísimos años de discusión sobre la inmunidad de la que gozaban los ex presidentes. Estamos por primera vez frente al juzgamiento de un ex presidente elegido popularmente y juzgado por los jueces en el lugar donde los hechos ocurrieron. Es un hecho histórico posible por ese avance. En Chile hay 600 militares en proceso y de esos 200 fueron condenados, incluidos los de altas jerarquías.

–El caso chileno no es tan conocido por la imagen todavía influyente de las FFAA.
–Lamentablemente Pinochet falleció sin recibir una condena jurídica, quizás sí una condena moral. Pero en Argentina también hay más de 200 militares con prisión preventiva. No hay tantas condenas pero hay procesos adelante, se derogaron leyes de amnistía, se derogaron indultos.

–En la extradición además se corrige una decisión inicial. Se pasa de no aceptar ningún cuadernillo a aceptarlos todos. Aparte del derecho mismo, ¿cómo avanzó la propia justicia latinoamericana?
–Es muy importante lo que decís porque en ese proceso se le dio importancia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En sus sentencias sobre Barrios Altos y La Cantuta, la Corte Interamericana exhorta a que se remueva cualquier tipo de obstáculo que pudiera impedir la investigación de los hechos. Esta decisión tuvo una influencia directa en el proceso de extradición porque el tribunal supranacional le dice a todos los Estados que cuando nos encontramos con graves violaciones a los DDHH no podemos poner vallas a su enjuiciamiento.

–¿Cuál es la mención más cercana hecha sobre Fujimori por la CIDH?
–La sentencia del caso La Cantuta tiene un párrafo muy explícito que señala que ninguno de los hechos pudo haber sido perpetrado sin que hubiera una participación, por órdenes o aquiescencia, de los altos mandos e inclusive el Presidente de la República. Pero hay que hacer una precisión importante: los juicios de la Corte Interamericana evalúan la responsabilidad del Estado, no la responsabilidad individual. El ex presidente no tuvo la posibilidad de defensa, la tuvo el Estado. Ese fallo es muy importante, puede ser tomado en cuenta, pero eso no quiere decir que puede ser trasvasado a un juicio local. La lucha contra la impunidad tiene que ver con el máximo respeto al debido proceso.

–Hay quienes piensan que el Ministerio Público se ha puesto vallas muy altas. ¿Cuánto pesa la teoría de la autoría mediata en el caso?
–Hay un sinnúmero de decisiones anteriores basadas en ella. No se están inventando teorías o valoraciones de la prueba. La autoría mediata tampoco es una teoría nueva. Significa que puede ser considerado autor de un delito una persona que no lo ejecuta directamente. A partir de esa teoría se genera la posibilidad de considerar autor mediato a quien utiliza un aparato organizado de poder. El que puede controlar, planificar. Todos los jefes militares y civiles enjuiciados alegan que ellos tenían responsabilidad política, pero no actuaron ilícitamente porque lo hicieron los subordinados. La autoría mediata lo que demuestra es que en realidad lo que sucede es que estos jefes se valen de este aparato para cometer el delito. En los casos de civiles puede haber una subordinación de facto, cuando se reconoce en un superior esa calidad. Son hechos que se provocan, son realizados por los subordinados con conocimiento del superior o en situaciones en los que él no podía desconocer que esos hechos se estaban llevando adelante y no hizo nada para impedirlo.

–¿No son cargos distintos pretender establecer que el acusado dio la orden y que tuviera la capacidad de evitarlo?
–Son cuestiones que se vinculan con las pruebas en cada caso concreto. Pero si se está buscando una orden dada con notario... bueno, en el Perú podría encontrarse una orden en vídeo, no en otros países. Lo que quiero decir es que la orden se infiere de una situación de contexto. En esa situación se debe evaluar si conocía o debía conocer los hechos que se estaban perpetrando y cuáles fueron las acciones para impedir que ocurran. El hecho de no impedir que ocurrieran no significa simplemente una omisión sino que implícitamente había una orden para que ocurran.

–Lo que juega muy en contra de Fujimori son sus reacciones, la voluntad de encubrimiento a pesar de que un sector de la prensa se lo señalaba constantemente.
–El avance del derecho penal han hecho que este tipo de defensa o escudos hayan sido considerados muy débiles.

–¿Qué casos específicos son comparables?
–También las juntas militares argentinas decían que tenían responsabilidad de mando de política pero que no conocían lo que se realizaba. Allí puede haber un grado de comparación. En el tribunal penal para la ex Yugoslavia se han utilizado estas teorías para juzgar a civiles.

–En término de pedagogía para la democracia, ¿cuál es el efecto que debería tener el juicio?
–Más allá de la sentencia a la que se llegue, el procesamiento ya es un hecho histórico que debería ayudar al fortalecimiento de las instituciones democráticas. No sería bueno que el juicio a Fujimori quede como una cuestión única. Me parece que en el Perú hay más cuestiones del pasado que tienen que ser revisadas. Lo ocurrido en Putis marca un poco esto. La meta es no seguir viviendo en un Estado donde hay una sensación de que ciertos crímenes aberrantes quedan impunes. (Enrique Chávez)

Demoledor Informe

Universidad George Washington entrega análisis del caso a Corte peruana.

Trece profesores de Derecho de la Universidad George Washington presentaron la semana pasada un informe a la Corte Suprema en el que vierten sus opiniones sobre la responsabilidad del ex presidente en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. El texto de 63 páginas destierra la posibilidad de indultos o amnistías (CARETAS 2033), que Bertoni también considera obsoletas, y más bien repasan la pertinencia de las teorías de Responsabilidad del Superior y la Empresa Criminal Conjunta (ECC).

La primera fue una de las bases legales de los procesos de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial, y “diversos autores consideran que ha alcanzado el rango de costumbre internacional”. Citan casos como el del ex primer ministro de Ruanda, Jean Kambanda y del ex presidente Serbio Slodovan Milosevic.

El documento concluye que “el derecho penal internacional presenta elementos que deberán ser cuidadosamente observados por los tribunales peruanos para la determinación de la presunta responsabilidad penal del señor Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. La particular dimensión de estos crímenes requiere por ello que los tribunales peruanos utilicen los principios y normas del derecho penal internacional como pauta hermenéutica que permita aplicar la ley penal interna a la luz de las obligaciones internacionales del Estado peruano”.

Más aún, se lee que “Alberto Fujimori en su condición de jefe de Estado habría permitido, facilitado y participado en la comisión de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, generando así su responsabilidad penal individual por esos actos. Como mínimo, el ex presidente Fujimori poseía información suficiente que le permitía concluir que se venían cometiendo estos crímenes desde la estructura estatal, pero no actuó para prevenirlos. Tampoco se cumplió con la obligación de investigar y sancionar a los responsables. Todo lo contrario: se adoptaron medidas legislativas y judiciales promovidas por el Ejecutivo para favorecer a los miembros del Grupo Colina ex posfacto. Asimismo, se considera que como mínimo al brindar la protección para que estos crímenes permanecieran en la impunidad, el ex presidente Fujimori habría participado de una ECC cuyo propósito era la identificación, el control y la eliminación de quienes fueran considerados sospechosos de pertenecer a grupos terroristas. Desde la óptica de cualquiera de las dos teorías, queda claro que... habría incurrido en la comisión de crímenes internacionales”. Firman Arturo Carrillo, que contó con la asesoría del peruano Carlos Zelada, y doce abogados más. Lo suscribe también el presidente de DPLF, Douglas Cassel.

 


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