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Narcotráfico Investigación policial por lavado de dinero busca determinar responsabilidad de 77 miembros del clan Sánchez Paredes.

La Salada Familia (VER)

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En la Mira Presidencial
Alan García considera que el posible lavado patrimonial de los SP abriría la compuerta a otras experiencias semejantes.

EL 25 de enero de cada año, lo más graneado de la sociedad trujillana se reúne en el Club Libertad para rendir homenaje a la marinera norteña a punta de zapateo, algarabía y pañuelos blancos. El ‘Baile del Perol’ se celebra hace 30 años y es probablemente la gala más emperifollada del norte del país.

La fiesta de este año convocó el pasado viernes a unas tres mil personas entre empresarios, políticos y artistas. Todos, como dicta la tradición, vestidos de punta en blanco.

La banda no empezaba a descargar cuando Manuel Sánchez Paredes (65) hizo su ingreso escoltado por una espectacular comitiva. En la procesión destacaba su hijo Simón Sánchez Alayo, protagonista de esta carátula que alterna su veraneo entre Asia y Huanchaco. Manuel vestía un impecable traje blanco, zapatos igualmente blancos y sombrero de ala ancha. Su expresión era más bien adusta. Tomó asiento en una mesa apartada y desde allí disfrutó del evento sin que los invitados se acercaran a saludarlo. Sánchez Paredes desconocía que la fiesta estaba por llegar a su fin.

Esa misma noche, en Lima, un equipo de inteligencia antidrogas terminaba de reunir toda la información disponible del “Caso Sánchez Paredes” para derivarla a Palacio de Gobierno.

El sábado por la mañana, el presidente Alan García tenía previsto llegar a Santiago de Chuco en La Libertad. Trascendió que anunciaría allí –en la cuna de Perciles Sánchez Paredes– el inicio de la investigación preliminar por lavado de dinero del narcotráfico al clan trujillano (CARETAS 2010). El anuncio, finalmente, se hizo el lunes último y nada menos que en Palacio de Gobierno.

Acompañado por el ministro del Interior, Luis Alva Castro; el jefe de la Policía, general Octavio Salazar, y el jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general Miguel Hidalgo, AGP reveló que un equipo especial de inteligencia de la Dirandro había iniciado la investigación a la familia Sánchez Paredes por lavado de dinero. El caso compromete a 77 de sus miembros y allegados y a 124 empresas (ver listado al final del artículo).

“Se debe investigar dónde va el dinero del narcotráfico”, declaró el Jefe de Estado. “Quiénes son los profesionales que los ayudan, qué abogados prestan ayuda para encubrir los recursos de cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico”. El mensaje no admitió equívocos.

CERCANOS COLABORADORES suyos sostienen que el Presidente viene hablando con creciente inquietud de los Sánchez Paredes al menos desde hace un año.

AGP le asigna al grupo norteño un peso trascendente. Según este orden de ideas, considera que el posible lavado patrimonial abriría la compuerta a otras experiencias semejantes. El narcotráfico, por cierto, no es un blanco nuevo para García. Como joven diputado exigió en 1982 que se investigara y expulsara a los “compañeros” inmiscuidos con el traficante Carlos Langberg. La escandalosa convivencia del establecimiento de Alfonso Ugarte con este personaje exigía la renovación de un partido que languidecía tras el cisma posterior a la muerte de Haya de la Torre y la derrota en las elecciones del 80.

Los vientos representados por García lo catapultaron a la secretaría general del partido y la posterior candidatura a la presidencia. El temor por las juntas de algún sector del aprismo puede volver a influenciar los cálculos de García un cuarto de siglo más tarde.

Para muestra un botón. Esta revista dio a conocer en marzo del 2007 que el abogado aprista José Abanto Verástegui era un cercano asesor de Luis Alva Castro, apenas designado como ministro de Interior, quien también se desempeñaba como abogado y director gerente general de Exploraciones Algamarca S.A., de propiedad de los Sánchez Paredes.

La ex jefa de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Pilar Freitas, fue despedida del cargo en febrero del 2007 y atribuyó su salida a las presiones de apristas vinculados con los Sánchez Paredes. Señaló a quien fue su propio superintendente nacional adjunto, Manuel García Torres, por intentar favorecer a los Sánchez Paredes en el complejo litigio que sostienen con la minera canadiense Sulliden Shauindo. Como consecuencia diarios trujillanos asociados con el ala dura aprista comenzaron a atacarla sin tregua. Freitas también relató supuestas presiones de Abanto Verástegui y del propio Orlando Sánchez Paredes, quien se habría atribuido “contactos e influencias” (CARETAS 1966).

En ediciones posteriores se reveló que Belisario Esteves, ex ministro de Comercio durante el primer gobierno aprista, aparece como socio de Orlando Sánchez y se documentó también la relación de esta familia con viejos apristas trujillanos y jueces vinculados al partido de la estrella.

El 30 de marzo del 2007 García declaró una guerra frontal al narcotráfico (CARETAS 1970). Luego de casi nueve meses de política errática frente al tema, comenzó por romper palitos con la dirigencia cocalera y ordenó bombardear las pozas de maceración. Hasta ese momento, concluido el proceso electoral regional y municipal, su gobierno se mostraba conciliador con Nancy Obregón y compañía. Incluso tres meses antes proclamaba las bondades gastronómicas de la hoja de coca.

Coyunturas como la del debate del TLC con Estados Unidos lo obligaron a asumir definiciones. Pero los trapos sucios de algunos compañeros también precipitaron su cautelosa toma de distancia.

Ya por entonces también trazó entre sus objetivos a los “clanes familiares” y los “barones” dedicados a lavar dinero. “En el Perú no tenemos capos como Pablo Escobar”, dijo, “pero hay pequeños Pablitos que, si todavía no han puesto su pie en el Congreso, eso no lo sé”.

A fines de noviembre, y luego de que CARETAS publicara la serie sobre el asesinato de Segundo Sánchez Paredes en un ‘narcolaboratorio’ de México, el Presidente se comunicó con la procuradora Sonia Medina y la habría animado a impulsar una investigación a fondo contra la familia trujillana. Paralelamente, recibió en Palacio a altos oficiales antidrogas que le expusieron detalles del mismo caso. A lo largo del resto del año, García continuó fustigando a los ocultos peces gordos del narcotráfico. El lunes 28 les puso nombre propio.

LAS AVERIGUACIONES POLICIALES deberán ahora determinar la responsabilidad de los incluidos en la lista preliminar. Además de las empresas legalmente constituidas en el país son propietarios de cuantiosas propiedades en La Libertad, Cajamarca, Ancash y Lima. El reto, igualmente, es establecer el supuesto origen ilícito de toda esta fortuna.

Lo relevante es que el “precedente de tráfico de drogas” está debidamente acreditado. Entre mayo de 1977 y julio de 1988, el patriarca Perciles Sánchez Paredes fue encarcelado cuatro veces acusado de ser un capo internacional del narcotráfico. En 1988 fue absuelto por la Corte Suprema, pero tres años después murió asesinado en extrañas circunstancias.

En 1987, otro hermano, Segundo Simón Sánchez Paredes, fue muerto a tiros en su extravagante rancho del estado de Hidalgo. En el sótano de la hacienda, como lo documentó CARETAS 2007, la Policía mexicana encontró un laboratorio de droga. Allí cayeron dos muchachos por entonces desconocidos: Fidel Sánchez Alayo y Élmer Vásquez Peláez, quienes fueron denunciados por “elaboración y acondicionamiento de cocaína”

El primero es hijo de Manuel Sánchez Paredes y actual gerente de la compañía minera San Simón S.A. Vásquez Peláez, el ‘procesador’ de la cocaína de Segundo Simón, se convirtió en testaferro y socio de Orlando Sánchez Miranda, hijo mayor de Orlando Sánchez Paredes. Por otro lado, tanto Orlando como Manuel, Wilmer y Amanda Sánchez Paredes están referenciados en una serie de viejos atestados policiales por narcotráfico.

Además, una historia hasta ahora desconocida complica más a la familia. El 29 de agosto de 1990, Perciles y su esposa Marcelina Príncipe adquirieron –a 4 millones de intis– su primera mina: la concesión ‘Señor de Los Milagros’, un yacimiento de oro de 150 hectáreas, ubicado en el distrito de Cachicadán, en Santiago de Chuco.

La compra fue hecha al propietario inicial del denuncio, Evelio Alayo Mariños, alcalde de Mollebamba en 1986. El apellido Mariños se repite transversalmente en el caso Sánchez Paredes. Perciles tuvo una hija extramarital con Julia Mariños Yupanqui: Mary Ann Sánchez Mariños. En el juicio por narcotráfico que se le siguió a Perciles en 1990 se presentó el testigo Masías León Mariños, quien declaró que éste le había entregado un cargamento de droga que luego sería incautado por la Policía.

Lo sorprendente es que el 20 de febrero de 1991, un día después del asesinato de Perciles en un taller de mecánica, fue legalizado un documento (el asiento Nº 005 de los Registros Públicos de Trujillo), según el cual Manuel Sánchez había adquirido el 10% de la mina ‘Señor de los Milagros’ a un precio de 4 millones de intis. La compra se efectuó, de acuerdo al documento obtenido por CARETAS, el 19 de octubre de 1990.

Posteriormente, el 25 de octubre de 1991, Orlando Sánchez adquirió a US$ 51,000 el 20% de dicho denuncio minero y, meses después, el 20 de enero de 1992, constituyó la Compañía Aurífera Santa Rosa (Comarsa) que, con los años, se convertiría en su principal empresa y el motor de toda su fortuna. Dos años después, el 12 de setiembre de 1997, ‘Señor de los Milagros’ cedió a Comarsa la explotación del oro de Cachicadán.

Por entonces, Orlando y Manuel Sánchez Paredes dirigían juntos Comarsa, pero se distanciarían misteriosamente en el 2000. Ese mismo año, Manuel Sánchez, a la sazón alcalde de Mollebamba, constituyó su propia empresa en los Registros Públicos de Trujillo: minera San Simón S.A.

Según el Ministerio de Energía y Minas, Comarsa y San Simón registraron importantes exportaciones durante el 2007 (163,000 y 52,,000 onzas de oro, respectivamente). Ambas empresas nacieron de una propiedad de Perciles Sánchez adquirida con dinero que se presume ilícito.

Un equipo integrado por 50 policías se dedicará exclusivamente al caso.

La investigación será compleja y resulta prematuro predecir su duración. Pero el peligro no es ese, ni tampoco las presiones o amenazas usuales en estas pesquisas. El riesgo más grande es que una investigación de esta naturaleza encuentre su mayor atolladero en el Ministerio Público y el Poder Judicial. (Américo Zambrano).


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