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Narcotráfico Jaime Siguas, quien dijo ser abogado de los Sánchez Paredes, ofreció US$ 100,000 y un auto a policía que investiga a familia trujillana.

‘No Queremos Problemas’ (VER)

7 imágenes disponibles FOTOS  PDF 

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Orlando Sánchez, presidente del directorio de Comarsa, es investigado junto a su hermano Manuel por desvío de insumos químicos al tráfico de droga.

El peligro acecha en las investigaciones por narcotráfico. Es lo usual en estos casos. Los policías que siguen el rastro tiznado de blanco viven sujetos a seguimientos, presiones y cotidianas amenazas de muerte. Son los métodos más crudos de los traficantes y sus tentáculos para amedrentar a sus perseguidores. Pero están las maniobras más sutiles. Y en la mayoría de los casos, más efectivas.

La corrupción reduce a unos policías a traidores y meros rentados. Pero otros, los que resisten, persisten con más empeño en sus investigaciones. El caso de los Sánchez Paredes muestra precisamente las dos caras de la moneda.

El comandante de la Policía Eduardo Wenceslao Núñez Toledo, de 48 años, ha recibido en los últimos meses más presiones y amenazas que durante los 25 años que lleva en la institución.

Núñez Toledo es el jefe del grupo D del Departamento de Investigación de Insumos Químicos de la Dirección Antidrogas (Dirandro), e investiga a los hermanos Sánchez Paredes desde el 23 de marzo del 2007.

Aquel día intervino en Cajamarca un camión de la empresa ‘Transportes Príncipe Azul’, que llevaba un cargamento de cinco toneladas de óxido de calcio (IQPF) sin documentación que acreditara su legalidad.

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La cinta dura 47 minutos y fue grabada por un equipo especial de contrainteligencia hace un mes: el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.

Núñez Toledo, abogado de profesión, descubrió que la carga iba a las instalaciones a la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), de propiedad de Orlando Sánchez Paredes, en Cajamarca. Poco después intervino la empresa y descubrió un faltante de 286 toneladas de IQPF, además de faltantes de ácido clorhídrico industrial e hipoclorito de sodio, todos ellos insumos utilizados tanto para la minería como para la elaboración de PBC.

Orlando Sánchez Paredes y sus hermanos Manuel y Amanda fueron denunciados por desvío de insumos químicos al narcotráfico, según el atestado 05-07-07-DIRANDRO-PNP/Diciq. (CARETAS 1988).

Allí empezaron los problemas para Núñez Toledo. Las amenazas de muerte a través del teléfono se murmuraban constantes. Los ataques a través de avisos contratados en ciertos medios de comunicación aumentaron cada vez que el grupo policial profundizaba en las pesquisas. Pero el sábado 8 de diciembre último sí que ocurrió un incidente notable.

ESE DÍA, EL ABOGADO JAIME Edgardo Siguas Zamora (49), del estudio Pérez Mateo, se presentó como representante legal de Comarsa en las oficinas de Núñez Toledo, en el tercer piso de la Dirandro,

Previamente hablaron por teléfono y Siguas adelantó que tenía algo importante que comunicarle. El comandante se disponía a intervenir otra de las empresas del clan trujillano en Huaraz, por lo que intuyó que el diálogo sería revelador. Comunicó de la visita del letrado a un equipo especial de inteligencia y, cuando Siguas apareció en su despacho, un aparato de audio instalado en la habitación contigua empezó a grabarlo todo.

Lo que hablaron ese 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, consta en un informe confidencial elaborado por Núñez Toledo y elevado al jefe de la Dirandro, general Miguel Hidalgo, así como en una cinta de audio de 46 minutos de duración. En la conversación, el abogado Siguas pide al policía, sin saber que era grabado, que la investigación de los insumos químicos quede sin efecto porque “ellos (los Sánchez Paredes) no quieren más problemas”. A cambio, habría pretendido sobornar al oficial, a nombre de sus patrocinados, con US$ 100,000 y un auto, según la denuncia de Núñez. CARETAS tuvo acceso a la cinta, pero reproduce sólo algunos pasajes claves para no entorpecer las investigaciones en curso.

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La secuencia de avisos pagados ha sido tan escandalosa que el propio diario El Comercio ha decidido no aceptar más nuevos comunicados de esa empresa.

El diálogo arranca cuando el policía empieza a embromar al abogado sobre los honorarios que estaría cobrando por defender a los Sánchez Paredes.
–Eduardo Núñez: Mínimo les habrán dado un carro, ¿no?
–Jaime Siguas: (ríe)
–EN: Mínimo les habrán dado 200,000 dólares.
–JS: No es que nosotros no continuamos (con la defensa). La agarró (César) Nakazaki porque nosotros no queríamos el enfrentamiento. Pero ahora hay 100,000 verdes y un auto. Tú sabes que se viene Navidad.
–EN: ¿Para hacer amigos?
–JS: Ellos quieren una solución al problema…
–EN: Ustedes dicen una cosa y hacen otra cosa.
–JS: Noooo. Esteee… Tú has visto que nosotros queremos ser transparentes.
–EN: Por eso te digo, pues. Son presiones. Yo ya salí en la televisión.
–JS: No, no, no, no, no. ¿En contra?
–EN: Claro.
–JS: El mensaje es este: no queremos problemas, no queremos guerra, no queremos enfrentamientos.
–EN: Nosotros no estamos en guerra.
–JS: Te digo pues, porque esto de las denuncias…
–EN: (ininteligible)
–JS: Ellos quieren solucionar sus problemas nada más. No quieren más problemas… y para este caso en concreto,…
–EN: Mira, nosotros como policías estamos obligados a defender el debido proceso.
–JS: A respetar, claro…
–EN: Nosotros no hemos violado (el proceso) en ningún momento. Les hemos dado todas las garantías para que ejerzan su legítima defensa y durante la investigación policial. Le hemos dado todas las garantías. Y nada.

EL MARTES 8 POR LA MAÑANA, CARETAS ubicó telefónicamente al abogado Siguas, pero éste negó representar a Comarsa y descartó conocer a la familia Sánchez Paredes. “Desconozco que el estudio Pérez Mateo sea cliente de Comarsa o de la familia Sánchez Paredes”, alegó. El bufete en mención pertenece a los abogados Oscar Gregorio Pérez Cavel y Mario Elías Mateo Pérez. Indagaciones hechas por CARETAS revelaron que el letrado Mario Mateo Pérez mantiene un vínculo laboral con la familia trujillana, al menos desde 1981. En un documento de la época aparece como abogado de Manuel Sánchez Paredes, actual alcalde de Mollebamba (La Libertad) en un procedimiento de declaratoria de herencia de su padre Simón Sánchez Reyes.

Siguas afirmó también que acudió a la Dirandro a visitar a “algunos amigos míos”, pero aclaró lo siguiente. “No conozco al comandante Eduardo Núñez. No acepto haberme reunido con él en ningún momento”. Sin embargo, el registro de visitas de la guardia de la Dirandro demuestra lo contrario. Allí consta que el letrado solicitó un pase para la División de Insumos Químicos. Permaneció allí desde las 14:00 hasta las 16:00 horas. Además, fue visto en la oficina de Núñez por el personal de inteligencia que montó un operativo para grabar el encuentro.

En todo caso, no es la primera vez que el comandante recibe una propuesta de coima y la rechaza de plano. El año pasado, Núñez denunció ante su Comando que el doctor José Bueno Sánchez, otro de los abogados de Comarsa, le ofreció “US$ 20,000 hasta en tres oportunidades para que paralice las investigaciones”. El letrado negó la acusación.

Pero la respuesta de los afectados no se hizo esperar. El 2 de enero, Orlando Sánchez Paredes y su hijo Orlando Sánchez Miranda publicaron tres avisos de página entera en El Comercio para desacreditar a Núñez y denunciar una campaña de desprestigio en su contra. Allí aseguran que, desde 1994 a la fecha, Comarsa ha exportado oro por valor de 1,783 millones de soles, aportando 1,400 millones a la economía nacional y 83 millones al Estado. Lo que no dicen es que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha rechazado su inscripción a dicho organismo.

A su vez, afirman que las denuncias periodísticas son parte de una campaña orquestada por el ex procurador José Ugaz, lo cual es un absurdo. Ugaz es abogado de la minera canadiense Sulliden en un solo caso contra los Sánchez Paredes por el llamado “carrusel de firmas panameñas” (CARETAS 1998).

Comarsa sostiene también que el fiscal de Cajamarca, José Castillo Espejo, ha pedido a la Dirandro que remueva al comandante Núñez del cargo por su “cuestionada conducta” y se preguntan “¿quién avala las irregulares acusaciones de este mal policía?”. El dato es preocupante porque revela que los Sánchez Paredes tienen acceso privilegiado a lo actuado por el fiscal que los investiga.

Los avisos publicados por Comarsa contienen, por lo demás, una serie de datos extraños que merecen aclararse. Se indica, por ejemplo, que el viernes 28 de diciembre en la madrugada “se pretendió empapelar la ciudad de Trujillo con grandes afiches a colores, impresos en costoso papel couché, con un grosero contenido difamatorio (…) Suscribe el elevado gasto de estos afiches una página Web llamada contracorruptos.org”.

Los afiches contenían imágenes ‘pirateadas’ de artículos de CARETAS, pero los administradores de la página en mención, que se ocupa principalmente de noticias acerca de las FARC, negaron la acusación. “Nosotros no sacamos nada a la calle. Somos una sociedad organizada que lucha contra la corrupción y el narcotráfico sosteniéndonos de informaciones que nos envían nuestros colaboradores o suscriptores, o sea que lo que hacemos es apoyar a aquellos que sienten que le han violado sus derechos”, respondieron a través de un correo electrónico.

El Comando de la Policía ha prometido una investigación a fondo, pero haría bien en atender los pedidos del comandante Núñez para que se le brinde custodia personal. Aunque se resista él solo a las presiones, su entereza dignifica a la institución. (Américo Zambrarno, Roberto More).

Encuentro en El Escualo

Coronel PNP filtró legajo de policía a los Sánchez Paredes.
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Coronel Carlos Merino. Al lado, jefe de la Dirandro, Miguel Hidalgo impulsa pesquisas.

Este es el reverso de la moneda. El 18 de agosto pasado, CARETAS 1991 publicó una carta del letrado José Bueno Sánchez en la que indicaba que el comandante PNP Eduardo Wenceslao Núñez fue sancionado “en varias ocasiones por negligencia, desobediencia e insubordinación”. Se trata, en efecto, de una información que consta en el legajo personal del oficial, el cual es reservado. ¿Cómo la obtuvo el abogado de Comarsa?

Un informe de inteligencia policial, al cual accedió CARETAS, revela que el presunto delator es el coronel PNP Carlos Antonio Merino Ramos, quien habría sustraído el legajo de Núñez para entregarlo a la familia Sánchez Paredes. Merino Ramos se desempeñó hasta el año pasado como jefe de Procesos Administrativos de la División de Recursos Humanos. Como tal, tenía acceso a las hojas de vida de todo el personal policial.

El documento de inteligencia policial indica que, el 9 de agosto pasado, Merino Ramos fue visto “almorzando en el restaurante El Escualo de Trujillo con Orlando Sánchez Paredes, su hijo Orlando Sánchez Miranda, además de Manuel Sánchez Paredes y su hijo Fidel Sánchez Alayo”.

El coronel había solicitado permiso para viajar a Cajamarca por asuntos personales, pero faltó a la verdad. Regresó a Lima el 10 de agosto. Ese mismo día, según la información de inteligencia policial, ordenó al suboficial PNP Guillermo Violeta Gutiérrez, de la Comisaría de Salamanca, entregar el legajo personal del comandante Eduardo Núñez a un “desconocido”.

Reporteros de esta revista buscaron al coronel Merino, pero fue imposible ubicarlo. Se informó que había sido destacado al Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales (INAEP). Un funcionario de alto nivel del Ministerio del Interior confirmó que Inspectoría de la Policía investigaba el caso de este oficial. “Es toda una joyita”, comentó con cierto sarcasmo.

La semana pasada, el diario La República informó que el comandante de la Policía Ricardo Alvarado Reátegui había sido removido de la investigación por lavado de dinero a los Sánchez Paredes, porque habría mantenido reuniones sospechosas con sus propios investigados. Un equipo de contrainteligencia lo habría filmado en Trujillo desplazándose a bordo de vehículos pertenecientes a la Minera San Simón, de propiedad de Manuel Sánchez Paredes.

Alvarado Reátegui integraba un equipo especial de la División de Investigación Financiera (Dinfi) que indagaba una compra de un terreno de 50 hectáreas en Asia por parte de Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez, con dinero “producto del tráfico de drogas” (CARETAS 1967).

 


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