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Edición 1966

08/Mar/2007
 
 
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Vínculos Negados

Lima, 1 de mazo del 2007

En ‘La Mochila del Mochero’ de CARETAS 1965, se hacen afirmaciones inexactas, de manifiesto carácter difamatorio sobre mi integridad moral e idoneidad para el ejercicio de la función pública. Trabajé como asesor de la Comisión de Economía, bajo la Presidencia de Luis Alva Castro, desde el 1 de marzo del 2001 –no a comienzos del 2000, como se afirma–, hasta el 28 de julio del 2001. Proseguí laborando en la Comisión de Integración y Relaciones Interparlamentarias y concluí mi relación con el Congreso el 31 de enero del 2002, fecha desde la cual me dedico a la actividad privada. El 10 de agosto del 2006, interrumpí el ejercicio exclusivo de esta actividad para asumir la asesoría principal de la Comisión de Presupuesto, Cuenta General y Contraloría del Congreso. El 23 de octubre del 2006, por decisión personal concluí mi colaboración.

Es falso que “contrapuntee” mis labores en el Congreso con mi actividad privada como abogado y Director Gerente General de la Compañía de Exploraciones Algamarca, pues no tengo relación alguna con el Legislativo. Nunca he conocido ni he tenido relación con Perciles, Segundo y Manuel Sánchez Paredes, más bien Orlando Sánchez Paredes ha sido mi cliente desde el 2003 y lo he patrocinado en procesos civiles y constitucionales. Él no guarda relación con la controversia que ocupa a Minera y Exploraciones Algamarca con Minera Sulliden Shahuindo como afirma CARETAS, siguiendo las versiones de la contraparte.

No pertenezco a núcleo de clan familiar alguno. Soy abogado en ejercicio y asumí el patrocinio de un litigio minero, compartido con los destacados juristas Jorge Avendaño Valdez, Domingo García Belaunde, Gonzalo García Calderón y Mario Castillo Freyre. Asumí el cargo de Gerente General de Algamarca como gerente en litigio. Actualmente, la empresa no desarrolla más actividad que defenderse del despojo del que pretenden hacerla víctima. Es calumnioso y temerario decir que se trata de un litigio judicial plagado de anomalías, corrupción y amenazas de muerte, a menos que CARETAS se refiera a la ilegal medida cautelar dictada por el suspendido juez José Luis Silvestre –el mismo del caso Casapalca– a favor de la Minera Sulliden Shahuindo o al inexplicable asalto a mano armada del que fui víctima el 11 de enero del 2006.

No existe ningún laudo arbitral firme que sea objeto de incumplimiento. Por el contrario, existe uno impugnado, conforme a la Ley General de Arbitraje, ante la Sala Comercial de Lima. Jamás he ejercido defensa de procesados por narcotráfico como se me pretende difamar al vincularme con actividades ilícitas e intereses oscuros.
José Abanto Verástegui
DNI 08245844

La principal accionista de la Minera Exploraciones Algamarca, de la cual el firmante es Director Gerente desde el 2003, es la compañía Atimmsa. A su vez esta empresa fue absorbida por otra, Ohanna, constituida en Panamá y cuyo accionista mayoritario es Orlando Sánchez Salinas, hijo de Orlando Sánchez Paredes, quien es defendido de Abanto.



Lima, 2 de marzo del 2007

En la ‘La Mochila del Mochero’ de CARETAS 1965, quien suscribe es mencionado por supuestamente haber intentado favorecer en un trámite registral a la minera Algamarca. En el expediente administrativo entre las mineras Algamarca y Sulliden Shauindo, remitido para mi dictamen como Superintendente Adjunto de la SUNARP, no aparece ninguna persona de apellido Sánchez Paredes sino Walter Leonardo Valdez Muñoz como gerente general de Algamarca. Niego cualquier intento de favoritismo a esa empresa, pues en las dos únicas resoluciones emitidas por mi despacho en relación con ese conflicto declaré improcedentes los reclamos registrales de Algamarca.

La solicitud del expediente administrativo para resolver ambas quejas fue utilizada perversamente por la ex Superintendente –cesada por falta grave– para agraviarme en un diario toledista, denunciarme ante el Ministerio Público y la Contraloría. En uno de los dictámenes de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia se señala “que los hechos que se le imputan al Superintendente Adjunto no han causado daño a la SUNARP ni a los administradores”, además no “ameritan una investigación de carácter penal”. De igual forma un dictamen del órgano competente del Sistema de Control no ha encontrado ninguna responsabilidad en mi gestión.
Manuel García Torres
DNI 10316537

El remitente fue separado del cargo por la ministra de Justicia, María Zavala, en octubre pasado, luego de que se supiera que había recibido en sus oficinas a miembros de la familia Sánchez Paredes.

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