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Derechos Humanos Sentencia de CIDH sobre La Cantuta y matanza de Castro Castro marca punto de inflexión.

Punto Penal

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Alberto Fujimori en el penal Castro Castro debelando sangrientamente el motín, el 9 de mayo de 1992. Bajo la casaca, llevaba puesto un chaleco antibalas.

La sentencia de la CIDH sobre el crimen de La Cantuta y la matanza en el penal Miguel Castro Castro, ocurridos en 1992, tuvo los efectos de una bomba de profundidad. La CIDH dictó sentencia el 25 de noviembre del año pasado, pero la onda expansiva recién alcanzó nuestras costas cuatro semanas más tarde.

La sentencia exige al Estado peruano realizar “un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en relación a las víctimas y sus familiares”, se asegure que “todas las personas declaradas como víctimas fallecidas … se encuentren representadas en el monumento llamado Ojo que Llora” e indemnice a los sobrevivientes, los deudos y los familiares de las víctimas con cifras que oscilan entre US$ 10,000 y US$ 25,000. En el caso de La Cantuta, los montos indemnizatorios ascienden a US$ 50,000.

El 31 de diciembre el presidente Alan García fustigó la sentencia. El Perú “de ninguna manera le rinde homenaje ni disculpas a gente que desencadenó la peor carnicería de la historia de nuestra patria”, declaró.

El reclamo para que el Perú se retire de la CIDH es ahora intenso y apasionado. Inquietantemente voceros fujimoristas y apristas se confunden en el mismo reclamo. “Estos jueces de la Tremenda Corte tienen que comprender que el Perú no está dispuesto a aceptar un avasallamiento más de los muchos que se están haciendo”, declaró el ministro de la Producción Rafael Rey.

El secretario general del APRA, Mauricio Mulder, y Javier Velásquez Quequén, vocero de la bancada oficialista en el Congreso, también se pronunciaron inicialmente a favor del retiro del país de la CIDH.

El propio cardenal Juan Luis Cipriani no perdió la ocasión para meter su cuchara: “En los tiempos que conocí el trabajo de la CIDH no podía ver una autonomía de pensamiento. Tenían una clara ideología a favor del terrorismo. Me parece que es una instancia que en vez de promover los derechos humanos en esas épocas promovía la división”.

Sin embargo en Cancillería se recalca que nunca, ni en público ni en privado, Alan García habló de retirarse de la CIDH. A pesar de ello, el ministro José Antonio García Belaunde tampoco ocultó su desagrado con la sentencia. “No voy a ir a un reconocimiento de quienes casi matan a mi padre”, se le ha escuchado asegurar.

La Matanza de Castro Castro

La madrugada del 6 de mayo de 1992, fuerzas policiales y militares ingresaron al Penal Castro Castro para trasladar a las reclusas mujeres a otros penales.

El operativo llamado Mudanza 1 fue ferozmente resistido por los internos acusados de terrorismo. Los senderistas contaban con armas de fuego y explosivos caseros; habían construido trincheras y parapetos y un túnel que comunicaba el pabellón de mujeres con el de varones (4B).

En las primeras horas de la refriega caería mal herido a manos de los amotinados el policía de apellido Hidrogo, quien “fue arrastrado al interior del segundo piso por un grupo de terroristas, quienes luego de desnudarlo lo acuchillaron inmisericorde y lentamente. Querían que sus gritos de dolor intimidaran a sus compañeros” (CARETAS 1207). Lo que luego acontecería constituye una de las penosas páginas en la historia de nuestro país.

Cuando el 9 de mayo las FF.AA. recuperaron el control del penal, el propio ex presidente Alberto Fujimori se encargó de anunciar “la victoria”. El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ratificado por el II Juzgado de Instrucción Penal Supranacional en diciembre último, confirmó las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y la posterior tortura de muchos de los sobrevivientes.

El luctuoso saldo: 42 internos muertos, 175 heridos y otros 322 “fueron sometidos a trato cruel, inhumano y degradante por diversos periodos de tiempo”, según la CIDH.

La Responsabilidad de Fujimori

El delito ha sido tipificado como “homicidio agravado”, puesto que los reos se encontraban en un penal bajo la custodia del Estado.

El sangriento debelamiento del motín de Castro Castro ocurrió apenas un mes después del autogolpe del 5 de abril, partida de nacimiento del régimen autoritario de Fujimori y la entrega de la administración de los penales del país a la Policía.

El testimonio ante la Corte de Luis Jiménez, abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, presente en el país esos días, resulta particularmente incriminatorio contra Alberto Fujimori.

Jiménez tuvo información de que los reclusos querían rendirse el 7 de mayo en la noche, y aceptaban su traslado, en presencia de la Cruz Roja. Pero el gobierno de Fujimori negó el ingreso de la Cruz Roja y desechó los buenos oficios de Jiménez y de la CIDH para una salida humanitaria.

Según CARETAS 1207, en el Pentagonito, el 7 de mayo, Fujimori convocó a sus ministros y se autorizó el ingreso del Ejército y el uso de lanzagranadas para reducir a los revoltosos.

Las operaciones se prolongaron hasta el 9 de mayo, fecha en la que recrudeció la violencia. Ese día, Jiménez llamó a Palacio de Gobierno, con la intención de hablar con el presidente Fujimori, “pues él era el único que tenía la capacidad de detener esta matanza innecesaria, ya que los presos habían aceptado el traslado”. Fujimori nunca atendió la llamada (CARETAS 1880).

“Aproximadamente a las 18:00 horas de ese mismo día –según la CVR– los reclusos anunciaron a los agentes estatales que iban a salir y les pidieron que dejaran de disparar. Grupos de internos desarmados, compuestos principalmente por personas señaladas como miembros de la directiva de SL, salieron al exterior del pabellón, momento en que fueron alcanzados por ráfagas de balas disparadas por agentes estatales. Falleció la mayoría de esos internos. Posteriormente, un gran número de internos salieron del pabellón 4 B, a paso ligero. Los agentes de Seguridad del Estado les dispararon indiscriminadamente a diferentes partes del cuerpo, inclusive cuando se encontraban heridos en el suelo”.

Uso Firme y Coherente

Las sentencia de Castro Castro es la vigésima tercera en la que la CIDH que falla contra el Perú y exige el pago de reparaciones para las víctimas. Está el caso de María Elena Loayza y familia (US$ 187,190), el caso Neira Alegría y otros (Caso El Frontón), US$ 154,040, Baruch Ivcher (US$ 70,000), y La Cantuta (1’988,000) a las familias de los nueve estudiantes y un profesor.

Modalidades de reparación hay muchas, desde materiales a inmateriales, pero se advierte que en caso de comprobarse el daño ejercido por el Estado contra un individuo, la reparación cae por su propio peso.

En el caso de Lori Berenson, por ejemplo, la gringa del MRTA juzgada inicialmente en cortes militares, la CIDH exigió una reparación de US$ 30,000, pero sólo para sus padres. En su caso, la reparación se efectuó garantizando un nuevo juicio en la corte civil.

De cualquier manera, la Corte deberá tomar en cuenta la extrema sensibilidad de la opinión pública en la materia, y tomar medidas para no perder su legitimidad.

Según Diego García Sayán, ex ministro de Justicia del gobierno de Valentín Paniagua, y actual magistrado de la CIDH (se inhibió de participar en el proceso Castro Castro), los ataques contra la CIDH buscan “desplazar el centro de la atención de la responsabilidad de Fujimori en la matanza a la Corte, desprestigiarla, y debilitar el uso firme y coherente de la sentencia para la extradición de Fujimori”.

El Caso Castro Castro no es parte del cuadernillo de extradición, pero la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupción espera que la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile decida abrir el sumario (etapa investigativa). En caso contrario, ésta y la sentencia de La Cantuta –que sí es parte del proceso– serán presentadas como prueba.

La polémica sobre las reparaciones soslaya el antecedente jurídico que ambas sentencias establecen. “Ante la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún tratándose de un contexto de violación sistemática de derechos humanos, la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como un deber de cooperación interestatal”, afirma la sentencia de la CIDH sobre La Cantuta. La Corte Suprema de Chile está sobre aviso.

 


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