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11/Ene/2007
 
 
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Local OCMA investiga a nuevo titular de la Corte Superior de Lima. También está en la mira de AGP y presidente del Poder Judicial.

Romero en Salmuera

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Antes de dejar la OCMA Távara recibió descargos de Romero, que hoy es investigado.

El cuestionable fallo que la Cuarta Sala Civil de Lima otorgó a favor de 32 trabajadores despedidos del Banco Central de Reserva en 1992 sigue complicándole el panorama al flamante presidente de la Corte Superior de Lima.

Como se recuerda, el juez Ángel Romero presidió esa sala hasta diciembre pasado. La sentencia ordena la reposición de los despedidos y el pago de todos los sueldos y beneficios que debieron percibir durante los últimos catorce años. El monto a desembolsar ascendería a unos S/.60 millones. El caso fue dado a conocer en CARETAS 1955.

Según la defensa legal del BCR la sentencia estuvo plagada de irregularidades. Las más relevantes:

–El Tribunal Constitucional emitió jurisprudencia que obliga a excluir las acciones de amparo para resolver asuntos laborales.

–La Corte Suprema y el TC habían fallado en contra del mismo grupo de trabajadores, por lo que se pasó por encima de la cosa juzgada.

–La misma Cuarta Sala Civil había denegado un año antes, el 30 de noviembre del 2005, una acción de amparo igual solicitada por un grupo de ex trabajadores del BCR, entre los cuales se encontraban varios de los beneficiados con la última sentencia.

–El amparo no procede porque debe ser otorgado, como máximo, a los 60 días de la supuesta violación de derechos.

–En su momento los trabajadores fueron indemnizados en conjunto con US$ 340,800 por concepto de retiro voluntario.

–Los dos casos más onerosos se destacan. José Gustavo Massa, que fue gerente del BCR acaba de ser nombrado gerente en el Banco de la Nación. Es decir, sigue siendo empleado público y, a pesar de haber cobrado la indemnización, recibiría una nueva cantidad millonaria. A Percy Charpentier, ex subgerente del BCR, se le retiró la confianza pero aún así cobró indemnización en 1992.

Alusión Directa

El nuevo presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, se refirió en su discurso de posesión del 3 de enero a los abusos de las acciones de amparo. Exhortó “a atender con mesura y suma seriedad los procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus … a fin de que el Poder Judicial no sea cómplice… de un uso abusivo… una desfiguración”.

El presidente Alan García ahondó en la queja: “¡Por Dios, señor presidente (del Poder Judicial)! Líbrenos de los malos recursos de amparo. De ese instrumento de corrupción que ha corrompido a tantos jueces en el país”.

García se refirió además a los amparos que “afectan al Estado” y los que han permitido proliferar a las salas tragamonedas en el país. Romero ha sido señalado por haber facilitado estas acciones, tanto como abogado como siendo magistrado (CARETAS 1952, 1953, 1956).

Romero Responde

Como consecuencia del fallo del BCR, esta institución ha solicitado la nulidad del proceso y presentó una queja contra Romero ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que hasta diciembre fue dirigida por Távara, quien le solicitó al aludido un informe con sus descargos.

La doctora Elcira Vásquez, sucesora de Távara en la OCMA, sopesó el documento con las explicaciones pero aún así decidió abrirle a Romero investigación preliminar. La situación, al parecer, no pinta bien para el magistrado.

Entrevistado por CARETAS, el juez Romero respondió que “en lo manifestado por el presidente Alan García existe un desconocimiento sobre el estado procesal del caso que, de seguro, es un error motivado por la información sesgada dada por sus asesores”.

Romero defendió la sentencia del BCR porque, afirma, lo resuelto por el Tribunal Constitucional se refería a una acción de cumplimiento para que se evaluara los despidos, “mientras que en la acción de amparo que ha dado motivo a esta intervención del Presidente de la República, ellos piden su reincorporación. De tal manera que estamos frente a dos situaciones totalmente distintas”.

El interés de Alan García es tan evidente que ha nombrado a José Antonio Castañeda como procurador del Estado en el caso del BCR. Medios de prensa han cuestionado que Castañeda colaborase con Romero cuando este fue personero del APRA. Sin embargo, basta recoger información entre los miembros de la cúpula del gobierno para comprobar que sus relaciones con el nuevo presidente de la Corte Superior de Lima son actualmente muy tirantes.

Según la versión de fuentes del Ejecutivo esos vínculos se agriaron cuando Romero se presentó ante el Congreso como abogado del testaferro montesinista Luis Duthurburu. “He ejercido libremente la profesión”, contestó al respecto, “y he tenido que defender a diversas personas naturales y jurídicas. Hablé con el entorno del señor y me pareció interesante el caso. Además actué como abogado defensor teniendo en cuenta que todos tienen derecho a una legitima defensa, lo dice la Constitución. Además el señor era colaborador eficaz cuyo apoyo permitió la repatriación de una importante suma de dinero”.

 


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