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Edición 1943

21/Set/2006
 
 
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Vida Moderna Demandas “divinas” y sexualidad adolescente, en discusión previa a sentencias que decidirán futuro de la píldora del día siguiente.

El Dilema del Día Siguiente

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Las ENDES 2004- 2005 dicen que la necesidad insatisfecha de planificación familiar entre adolescentes de 15 a 19 es de 17.4 %.

“Antes de ingresar limpiarse los zapatos”, se lee en la puerta de las oficinas de la ONG Acción de Lucha Anticorrupción, ALA Sin Componenda (www.sincomponenda.org). Yahvé, Jesuscristo, el Espíritu Santo y María del Perpetuo Socorro son sus miembros honoríficos rectores. Entre sus adherentes se cuenta a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta. Pero la cita es con el doctor José Luis Garrido Lecca, abogado especialista en relaciones públicas y presidente del iluminado directorio. “Yo también voy a grabar esta conversación”, saluda.

El recurso de amparo que la ONG interpuso en el 2005 en contra del Ministerio de Salud (MINSA) para detener la distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) fue declarada fundada en primera instancia. Sin embargo, no se dispuso la prohibición de su distribución, sino que se ordenó su suspensión hasta que se comprobara que se realizaría con la consejería del caso. La resolución fue apelada y la semana pasada las tres juezas que ven el caso se han pronunciado dos en contra de la demanda de ONG y una a favor. El caso debe resolverse con un voto dirimente el 27 de octubre.

Pero esta no es la única acción legal surgida a propósito de la llamada píldora del día siguiente. En las próximas semanas, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre una demanda hecha en el 2002 por un grupo de mujeres que le exigían al Estado cumplir con su obligación de distribuirla en los centros de salud públicos. Sobre todo, teniendo en cuenta que ya se comercializaba de manera privada en farmacias. Según explica Rocío Villanueva (Adjunta para los Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo hasta julio), la demanda fue declarada fundada en primera instancia, y en segunda, la Tercera Sala Civil resolvió que no se podía pronunciar porque la norma que establecía que el MINSA debía distribuir AOE había sido derogada. “Si bien cuando las demandantes iniciaron el proceso judicial estaban vigentes las normas de 1999, modificadas luego por la doctora Mazzetti, cuando la Tercera Sala Civil falló, la legislación vigente también establecía la obligación del MINSA de distribuir AOE”, dice Villanueva. Es decir, aunque una norma se cambió por otra, el Estado nunca ha dejado de tener la obligación de distribuir la píldora de manera gratuita.

“El problema es la gran diferencia entre quienes tienen recursos y quienes no los tienen”, continúa. “En el 2002 se autorizó el registro de la marca Postinor- 2, y a partir de entonces se ha vendido (con receta médica) sin ningún problema en las farmacias. Ahora hay quince marcas registradas en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), y se calcula que hasta julio del 2006 se han vendido más de un millón y medio de píldoras. Entonces, en un estado constitucional de derecho no puede existir un régimen para las personas con recursos y otro para las más pobres”. Vale precisar que la demanda interpuesta por ALA Sin Componenda no involucra su comercialización.

“Es que es parte de nuestra estrategia”, explica Garrido Lecca. “Entendemos que la venta es distinta a la distribución gratuita: el que quiere comprar a sabiendas, pues que lo haga. ¿Pero de ahí a que el Estado incumpla su rol constitucional de proteger a la población? No puede ser cómplice y partícipe. Eso de que la gente pobre no tiene acceso a estos métodos es un pretexto. Si se hace un análisis se verá que el campesinado es el que más abstinencia usa para su planificación familiar. Nosotros lo sabemos a través de información estadística privada. Entonces, después de lo público, ya nos vamos a encargar de la comercialización de la píldora”, adelanta.

“Su venta no se va a detener.” Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) no muestra dudas al respecto. “Entonces, ¿quién queda como carne de batalla?: las mujeres pobres. Porque lo que se debe estar debatiendo es la sentencia de la demanda que se le entabló al MINSA, para exigirle al Estado que quienes no tienen recursos sí tengan acceso a la píldora. Pero se aprovecha la coyuntura chilena para iniciar una campaña adversa y enviarle un mensaje al poder judicial: ‘¡Qué escándalo! Se les va a repartir a nuestras niñas de catorce años, ‘¡qué barbaridad...’, que por supuesto, no es el caso. Más o menos el 80% de la población peruana depende de los servicios de los centros de salud estatales. Y cerca del 95% de los AOE se distribuyen a través de las farmacias.”

“La píldora no disminuye los abortos”, continúa Garrido Lecca. “Reparten condones, tienen relaciones; prácticamente están diciendo: ‘¡todo el mundo a tener sexo! ¡Fiesta! ¡Acá están tus condones, aquí tus píldoras!’ De por medio se encuentra toda la industria abortiva, ‘la cultura de la muerte’, la llamamos: clínicas abortivas, técnicos, instrumentos y fármacos. Así, son las instituciones pro abortistas las que apoyan estas acciones. Ponen fondos en las mismas Naciones Unidas para que a través de sus programas nos bombardeen como lo han hecho en Chile, Argentina y Colombia. Pero en el Perú no van a pasar, porque aquí hay bloques enterados de lo que verdaderamente sucede. Lo que queremos es ir a un Debate Nacional. Ahí vamos a demostrar quién tiene la verdad. Pero no con engaños, ni resoluciones ministeriales supuestamente bien informadas”, finaliza. (Rebeca Vaisman).

Inicio sexual no consensual en adolescentes y jóvenes
   
Hombres de
16-30
Mujeres de
16-30
 
  Reportan experiencia heterosexual
440
209
 
  Reportan inicio no consensual (%)
11
40
 
  Reportan alguna vez sexo no consensual (%)
20
46
 
  Número que reporta experiencia homosexual
65
17
 
  Reportan iniciación homosexual no consensual
45
(35)*
 
  Reportan alguna vez sexo no consensual (%)
48
(41)*
 
  Total
442
221
 


Edad consensual
  Perú
18 años
 
  Chile
14 años
 
  España
13 años
 
  Colombia
14 años
 
  México
12 años
 
  Costa Rica
15 años
 

Cualquier acto sexual con un niño o adolescente menor que las edades que se indican en el cuadro es sancionado como violación de acuerdo a los códigos penales de cada país. En el Perú, el CP fue cambiado en abril de este año y se aumentó la edad consensual de 14 a 18.

 


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