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Actualidad Negociaciones sobre “aporte extraordinario” de las mineras no salen del socavón.

A la Hora de Los Loros (VER)

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Premier Jorge del Castillo y Luis Carranza del MEF cavan túnel que ha salido más largo de lo pensado. Con ellos José Miguel Morales, del directorio de Buenaventura

Antes de concluir las negociaciones con las mineras falta picar buena piedra. El primer ministro Jorge del Castillo fue comisionado por el presidente Alan García para conseguir los aportes extraordinarios de las compañías, justificados en las cuantiosas utilidades obtenidas en los últimos años, pero las negociaciones han resultado más complejas de lo vaticinado por las señales iniciales de buena voluntad.

Ahora el Ejecutivo intenta llevar la fiesta en aparente paz y el más bajo perfil posible.

Detrás de la puerta cerrada los representantes del gobierno les recuerdan a los empresarios la calentura del clima social y su relación con el lucrativo rubro.

Según la Defensoría del Pueblo, el gobierno tiene por resolver 82 conflictos. Varios se cultivan en terrenos mineros. La semana pasada fue desactivado el enfrentamiento entre Cerro Verde y la Asociación de Alcaldes de la provincia de Arequipa (CARETAS 1936).

Pero siguen sentados en la mesa los comuneros de Combayo, Cajamarca, y los representantes de Yanacocha. El miércoles 2 los pobladores tomaron las instalaciones de la minera y los choques se saldaron con un muerto.

El gobierno decidió además cerrar la mina El Cofre, en la cuenca del río Cabanillas, Puno. El río, cuyas aguas terminan en el Titicaca, fue contaminado luego de la rotura del dique de relave. Unas seis mil familias vienen siendo afectadas por el impacto ambiental y el programa Juntos se trasladará a la zona para paliar el efecto del desempleo tras la clausura de la mina.

Y no solo aquí se funden habas. Los trabajadores de la mina cuprífera Escondida, la más grande del mundo, continuaban hasta el martes una huelga que tenía en vilo a la minería chilena. De Escondida sale el 20% del cobre de ese país.

Los empleados defienden un argumento que se puede extrapolar a las cartas del Estado peruano: Cuando negociaron sus sueldos en el 2003 el precio del cobre marcaba US$ 67 centavos por libra. Tres años más tarde se quintuplica y va por los US$ 3.5.

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Cuidado con el Impuesto

Sobre el aporte extraordinario, el presidente García omitió puntualizar en su conferencia del viernes 4 la suma que dejaría satisfecho al Ejecutivo. Aclaró que el proceso estaba en manos del premier Jorge del Castillo y no puso un plazo para la conclusión de las negociaciones.

García sí recordó a CARETAS sus razones para solicitar el aporte extraordinario: “Todos los peruanos conocen de la cantidad de pobres en el país y están en disposición de ayudar”. Volvió a su discurso inaugural para llamar la atención a las empresas mineras (“se concede algo o se pierde todo”). Ollanta Humala está muy presente en la argumentación de García. Pidió no olvidar que hace muy poco estuvo a un pelo de ganar las elecciones un “movimiento irracional de recuperación de los recursos”.

Según García, “la nueva fase expansiva mundial” garantiza que “el crecimiento (de los precios) va a continuar”. En ese escenario, “o matas la gallina de los huevos de oro o negocias para que vengan más gallinas”. Considera que la inversión externa actual “es muy pequeña. Tenemos US$ 20 mil millones en un país cuya riqueza soportaría US$ 80 mil millones”.

Para hacer venir a más gallinas, explicó, “el punto medio es lo importante”. Aunque no opinó sobre cantidades específicas, reconoció “el tira y afloje” que caracteriza la negociación. Los rumores en la prensa fueron de los S/.1,000 millones de soles anuales supuestamente exigidos por el gobierno a los US$ 20 millones ofrecidos por Yanacocha y Antamina.

El premier Del Castillo guarda celoso hermetismo sobre el estado de las negociaciones. Pero cita a CARETAS los casos de BHP Billinton Tintaya, socia de Antamina, que ya aporta voluntariamente el 3% de sus utilidades. La solución de la controversia con Cerro Verde dejó a favor del Estado unos S/. 200 millones adicionales.

Según el primer ministro “esos deberían ser los índices de referencia para los demás casos”.

En los diarios Gestión y El Comercio trascendió que Antamina y Yanacocha habrían comprometido aportes anuales de US$ 20 millones. Del Castillo descarta que hayan “ofrecido esa cantidad”.

El Ejecutivo deja en claro su intención de respetar los contratos de estabilidad jurídica todavía vigentes. Pero adelanta que no aceptará volver a la idea del impuesto a las sobreganancias tan discutida durante la campaña electoral. Esa idea ha sido lanzada en los últimos días por algunos medios de prensa.

¿Por qué?

Los contratos de estabilidad podrían servir de capote para torear el impuesto. Así ocurre en muchos casos de regalías precisamente denunciados por el actual ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia.

En abril último Valdivia, entonces presidente de la comisión parlamentaria de Energía y Minas, señaló al diario La República que el fallo del Tribunal Constitucional sobre las regalías (2004) era interpretado arbitrariamente por las empresas con contratos de estabilidad. Como consecuencia no las pagaban y la Sunat, en virtud del respeto a los acuerdos que protegen a las empresas que los suscriben de modificaciones tributarias y normativas, se abstenía de acotar.

Un impuesto a las sobreganancias podría ser neutralizado por las mismas razones.

Son 27 mineras consideradas grandes por el Ministerio de Energía y Minas las que gozan de contratos de estabilidad jurídica. El ex congresista Valdivia señaló que 25 no pagaban regalías. Entre ellas mencionó a Yanacocha, Volcan, BHP Billiton Tintaya (que ya hace el aporte voluntario sobre utilidades en una de sus dos minas), Barrick, Cerro Verde, Ares, Sipán y Antamina.

Son 40 empresas, la mayoría “medianas” según el criterio del MEM, las que sí pagan regalías. Allí se encuentran Buenaventura, Shougang, Hierro Perú, Minsur, Quimpac, Corona, Aruntani y Cedimin. El peso pesado en el grupo es Southern Perú, cuyo contrato de estabilidad jurídica venció el 2005. Otros nueve de esos acuerdos vencen este año. Y catorce más irán caducando progresivamente hasta el 2018.

Piedras en el Camino

Antes de la opción del impuesto, trascendió, el gobierno prefiere montar negociaciones anuales conducidas según el alza en el precio de los minerales.

Hasta ahora, los representantes de las mineras que sí pagan regalías se muestran reacios a entrar en el mismo saco con las que no lo hacen. Por eso es que las negociaciones podrían dividirse entre los que se rigen por un contrato de estabilidad y los que carecen de él.

También se diferencian las mineras que trabajan a tajo abierto de las que lo hacen con socavón. En el segundo caso (Marsa, por ejemplo) los costos de producción son comparativamente más altos que en el primero (Yanacocha y Antamina son dos casos). Esa variable también podría ser tomada en cuenta para definir los aportes.

Aunque los presidentes y los gerentes de las empresas han cumplido personalmente el papel de representar a sus organizacions en las conversaciones, otro obstáculo avizorado es el del real poder de negociación que tienen entre manos, pues la mayoría de verdaderos propietarios vive en otros países.

El especialista José De Echave, de Cooperacción, ha cuestionado además que los resultados de las negociaciones eventualmente presentados por el gobierno no sean más que aportes ya existentes –como el de Tintaya– maquillados con un nuevo nombre.

Es cuestión de expectativas. Como apuntó AGP, el gobierno pone su vara muy alta y las empresas la bajan a ras del suelo. “El punto medio es lo importante”, dice. Queda por saber si también es lo suficiente. (Enrique Chávez)

 


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