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18/May/2006
 
 
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Seguridad Dos juezas que ven el caso Colina y el tráfico de armas han sido privadas del resguardo y ahora están expuestas.

En la Mira y Sin Defensa

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Lunes 15. 4:00 p.m. La vocal Hilda Piedra, de la Primera Sala Penal Especial, avanza sola y desprotegida por la avenida Arenales, en Lince, esperando un taxi que la lleve a su casa.

“¡Taxi! ¡Taxi!”. Eran las 5:40 p.m. del último lunes. Un automóvil Station Wagon blanco se detuvo frente al edificio de los juzgados anticorrupción, en Lince. Presurosa, la doctora Inés Villa Bonilla, presidenta de la Primera Sala Penal Especial que, entre otros casos, juzga al Grupo Colina y a los implicados en el tráfico de armas a las FARC, subió al taxi sin perder tiempo y mirando a los lados. La acompañaba un asistente con un maletín repleto de papeles.

Una hora antes, la vocal Hilda Piedra Rojas, integrante también de la Primera Sala Penal, había realizado similar rutina: cruzó sola la cuadra 27 de la avenida Arenales, alzó el brazo y detuvo a un Tico azul con el letrero de taxi. “Vámonos”, le dijo al conductor cargando un fajo de expedientes.

Las escenas no sorprenderían sino se supiera que ambas juezas, pese a que llevan casos de delitos de lesa humanidad y en los que se han amenazado a colaboradores y testigos, están sin la debida protección policial.

Villa Bonilla y Piedra Rojas son conocidas como incorruptibles, pero es inexplicable que anden sin la custodia de la que gozan, por ejemplo, los vocales supremos. Pero no son las únicas. Al igual que ellas, el presidente de la Sala Penal Nacional Para Casos de Terrorismo, el vocal Pablo Talavera, llega todas las mañanas a su despacho por sus propios medios y sin resguardo alguno.

Desde el último martes 2, a un total de 42 magistrados pertenecientes al sistema anticorrupción y de terrorismo se les ha privado de las medidas de seguridad necesarias para garantizar su vida. A algunos no sólo se les ha mermado significativamente el resguardo (sólo cuentan con un efectivo), sino que también se les ha arrebatado los vehículos que utilizaban para movilizarse.

El responsable, sorprendentemente, es el propio Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Fuentes judiciales indican que habría influido en dicha medida el polémico vocal supremo Robinson Gonzales, presidente de la Primera Sala Penal Transitoria, a quien –paradojas del destino– se le ha incrementado la seguridad. CARETAS corroboró que se desplaza en automóviles con lunas polarizadas y con más de dos agentes policiales que lo custodian las 24 horas del día.

Amenazas de muerte

Hay más. Mediante la Directiva N°002-2006-CE-PJ y la Resolución Administrativa N°066-2006, publicadas el mismo martes 2, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la instauración de un servicio de transporte de magistrados, desde sus sedes judiciales hasta los distintos penales de la capital, en aras de “garantizar la puntualidad en las diligencias”.

La directiva no sólo establece rutas sino también horarios para el recojo y retorno de los magistrados. Según fuentes del Poder Judicial, esta medida es un despropósito, puesto que la movilidad y seguridad pertinentes sólo están disponibles por unas horas. Luego, cuando los magistrados se retiran de sus oficinas, están a merced de delincuentes comunes o posibles atacantes.

Lo insólito es que las rutas, horarios y fotos de las camionetas que realizan los traslados diariamente están publicadas en la página web del Poder Judicial, lo que facilita que sean víctimas de cualquier tipo de reglaje o atentado en el camino.

En Colombia, las mafias del narcotráfico asesinaron a 220 jueces entre 1980 y 1990. Si bien nuestra realidad es otra, un atentado contra cualquier magistrado provocaría una crisis política de magnitud incalculable.

Los temores se han recrudecido, luego de que CARETAS 1920 revelara las amenazas de muerte de las que son víctimas colaboradores eficaces y testigos del juicio al Grupo Colina, proceso que es dirigido por la desprotegida Inés Villa Bonilla.

En entrevista con este semanario, los ex agentes Isaac Paquiyauri, Marcos Flores y Julio Chuqui acusaron de las amenazas a Santiago Martin Rivas.

El 28 de abril, en pleno juicio, el propio Martin Rivas, ex jefe del Grupo Colina, espetó suelto de huesos: “No habrá olvido ni perdón con entes y personas que han acusado a valerosos soldados de la patria”. Las juezas permanecieron aparentemente imperturbables, pero un temor creciente las acompaña desde entonces (Patricia Caycho).

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