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25/Nov/2004
 
 
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Seguridad Corte de San José falla en caso de Lori y crea precedente.

Prueba de Fuego

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Lori Berenson Mejía.

Al cierre de esta edición se mantenía la incertidumbre acerca del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la norteamericana Lori Berenson, sentenciada por el delito de colaboración con el terrorismo. Son tres los escenarios probables que pueden crearse tras la decisión de la Corte: la liberación inmediata de Berenson, la orden de realizar un nuevo juicio civil, o el mantenimiento de la situación actual. Lo que ha trascendido hasta el momento es que el fallo por venir no será favorable al Estado peruano. Cualquiera sea el resultado, la sentencia de la Corte creará un precedente legal de gran importancia.

A casi nueve años de su captura y a dos semanas de haber cumplido 35 años, su futuro pende de la decisión de este organismo supranacional, mientras se desata una ola de especulaciones de todo color y forma. Los más apocalípticos hablaban de excarcelaciones masivas de terroristas mientras que los moderados veían con mesura el posible escenario de la liberación de la Berenson.

El caso se encuentra ya en su fase final, pero todavía escandaliza como en sus inicios. En esta oportunidad quienes más contribuyeron al clima de alarma fueron algunos miembros del Ejecutivo, encabezados por el propio presidente Alejandro Toledo, quien parece muy contento de enfatizar su mano dura frente al terrorismo.

Sorprendieron también las declaraciones del canciller Manuel Rodríguez Cuadros, que anunció el sábado pasado desde Chile que no se acataría una eventual orden de libertad a Lori Berenson. Estas palabras caldearon aún más el crispado panorama, porque volvieron a poner sobre el tapete la posibilidad del retiro de la competencia contenciosa de la Corte, cosa que para el jurista Francisco Eguiguren es imposible. “Las sentencias que dicta la Corte hay que cumplirlas, los Estados están obligados; si no se comunica a la OEA para que establezca las sanciones correspondientes”, dice.

Fueron muchos los factores que hicieron célebre el caso de Lori Berenson. Cuando el jueves 30 de noviembre de 1995 se desató una fuerte balacera en la cuadra 14 de la Alameda del Corregidor, nadie podría imaginar que quien había alquilado dicho inmueble era una joven norteamericana de 26 años. Al revelarse su identidad, se convirtió inmediatamente en un figura mediática. También contribuyó a ello la meteórica carrera a favor de su liberación que iniciaron sus padres Mark y Rhoda Berenson, y que congregó a diversas personalidades como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

El ex presidente Alberto Fujimori colaboró con la celebridad de Berenson al presentarla como una de las cabezas del MRTA, encargada de pelotones de aniquilamiento, además de traficante de armas. Esta visión sobredimensionada de su papel se fue desinflando a lo largo de los años, mientras que su caso se convertía en un arma de negociación entre el gobierno americano y el peruano.

En enero de 1996 fue condenada a cadena perpetua, acusada de ‘traición a la patria’ por un tribunal militar sin rostro en un juicio sumario. Desde ese momento, hubo voces en la prensa independiente que simpatizaron con su causa, sin llegar a los extremos de la fuerte campaña que en Estados Unidos la describió como inocente de toda vinculación con el MRTA. Sus padres iniciaron una amplia movilización para lograr su libertad, que recibió el respaldo de figuras tan importantes de la política norteamericana como el ex fiscal General Ramsey Clark.

Las cosas cambiaron en agosto del 2000, cuando sorpresivamente el Consejo Supremo de Justicia Militar decidió revocar la sentencia. Lori Berenson fue trasladada de Socabaya (Arequipa) al penal de Chorrillos para el inicio de su proceso en el Fuero Civil.

En marzo del 2001 se inició el nuevo juicio. Con la masiva atención de la prensa nacional y extranjera, transcurrieron casi cuatro meses de juicio oral televisado donde los testigos desfilaron uno a uno. El ex vocal de esa Sala, Marcos Ibazeta, recuerda que entonces “se cumplieron las reglas del debido proceso”.

Tres meses después, la Berenson fue condenada a 20 años de prisión por el delito de terrorismo en la modalidad de colaboración. Luego de reponerse del golpe, Mark y Rhoda Berenson decidieron llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes acogieron inmediatamente la denuncia.

Al año siguiente, mientras la CIDH estudiaba el caso, el 13 de febrero del 2002 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó, en mayoría, la sentencia. Sin embargo el presidente de la Sala, Guillermo Cabala, emitió un voto singular que entonces pasó inadvertido y en el que sostiene que: “...el accionar de la procesada Lori Berenson Mejía no encuadra en los alcances de la Ley veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco, artículo cuarto incisos a) y b) sino que encuadra más el tipo penal comprendido en el párrafo segundo del artículo trescientos diecisiete del Código Penal que sanciona con pena privativa de libertad no menor de ocho años, para delitos contra la Tranquilidad Pública, en la modalidad de asociación ilícita...”. Pidió para ella una sentencia de 15 años de prisión.

Más de dos años después de que fuera sentenciada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en la recta final. Según Diego García Sayán, juez de esta instancia supranacional que se ha inhibido de participar del próximo fallo, sus colegas podrían tomar en cuenta el voto singular de Cabala a la hora de pronunciarse.

Por otro lado, Ibazeta defiende su sentencia y niega cualquier irregularidad durante el juicio del 2001. “Equivocadamente dicen que la hemos condenado con las mismas pruebas que en el proceso del Fuero Militar, pero yo le digo que hemos actuado nuevas pruebas. Además, en sí la Berenson no me preocupa, lo que me preocupa es que la Corte diga que va a desconocer el delito de terrorismo, porque va a generar un estado de caos”.

Ibazeta también es puntual en señalar las contradicciones que según él plagaron las declaraciones de la Berenson. “Ella dice que no sabía lo que sucedía en la casa, oiga ¿pero no se veían al ir al baño comunitario que tenían afuera? Además la Policía detuvo a Pacífico Castrellón por la cantidad de panes que compraba, ¿qué? ¿Berenson recién se dio cuenta ahí que había un grupo armado muy grande en su casa?”

También es cierto que en ningún momento del proceso se llegó a probar su participación directa en algún hecho criminal ni tampoco fue reconocida como militante del MRTA. Además, la poca claridad de las investigaciones policiales en aquella época y el excesivo interés político de mostrar a la Berenson como una terrorista internacional, ponen un velo de duda sobre los medios probatorios consignados en las pesquisas iniciales.

Mientras todo este ventarrón va tomando color de huracán, la familia Berenson, incluyendo a Aníbal Apari, ex preso emerretista y flamante esposo de la norteamericana, han acordado no declarar hasta que se sepa el fallo de la Corte. En igual silencio se encuentra la propia Berenson, quien aguarda en su celda del penal de Huacariz, Cajamarca.

Sea cual fuere el fallo de la Corte lo cierto que no será la última vez que el nombre de Lori Berenson suene en nuestros oídos. A estas alturas, su caso ha trascendido la fábula inicial de la joven idealista que no sabía bien a lo que se metía al asociarse a los planes violentistas del MRTA, para convertirse en una prueba de fuego para el sistema judicial peruano y para su clase política, aunque esta última parece no haberse dado cuenta todavía del reto que tiene al frente. (Patricia Caycho)

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