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Actualidad Salida de Julio Guzmán y César Acuña de la carrera electoral da inicio a nueva campaña. Su efecto sobre la legitimidad del proceso está por verse.

Los Idos de Marzo

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Julio Guzmán

El lunes 7 por la noche, Guzmán lideró concentración en la Plaza San Martín. El sábado canceló otra en Chorrillos.

Cualquiera sea la decisión que tomemos mañana, seremos héroes o lo contrario. Según quien opine”.

Con esas palabras terminó Francisco Távara la audiencia del martes 8 en la que se vio el caso de la candidatura de Julio Guzmán, de Todos Por el Perú.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sabía muy bien que, en vísperas de Semana Santa, el organismo que encabeza carga una cruz. No había forma de ganar, fuera que fallaran a favor o en contra de la permanencia en carrera de Guzmán. Igual despertaría críticas feroces. Fallaron en contra, no solamente de Guzmán por mayoría, sino también en contra de César Acuña, por unanimidad. Se trata de una decisión sumamente trascendente para el proceso electoral.

Si bien reconocía la delicada controversia, a la hora de reiterar que el caso sería resuelto con imparcialidad, el jurista insistió en que “la palabra fraude está prescrita de la democracia peruana desde hace muchos años”.

Valió la pena remarcarlo.

En el interminable debate sobre el destino de Guzmán –que ha corrido en paralelo con su fortalecimiento en las encuestas–, las posiciones se han radicalizado al punto que la acusación de “fraude adelantado”, recurrentemente formulada por el propio candidato, se repite en titulares y columnas.

El engorroso debate de tecnicismos jurídicos termina en dos posturas.

Al final, los que defienden la supervivencia de la candidatura de Guzmán aducen que el derecho a la participación política debería primar sobre cualquier consideración administrativa. Añaden que se privaría a un sector del electorado a definir el voto por un candidato. Inevitablemente, su posición en los sondeos atraviesa la discusión.

Quienes están al otro lado exigen que las reglas de juego se cumplan, como se les demandó al resto de candidatos que no se han visto en aprietos por ese lado.

Una posición pegada a lo jurídico que también se preña de las encuestas. Que lo digan sino los candidatos Ántero Flores-Aráoz y Hernando Guerra García –invisibles en ellas– que estuvieron presentes en la audiencia del martes 8 y que presentaron tachas contra Guzmán. Un representante de Perú Posible también estuvo entre los abogados que defendieron las tachas durante la audiencia.

Ahí se trataba del Gólgota de Guzmán, ajochado a latigazos por sus adversarios en su peculiar –y desordenado– recorrido por las estaciones de su propia cruz política.

DEFICIENCIAS DE RAÍZ

Guzmán llegó a Todos Por el Perú cuando este partido, fundado en el 2002 y que se llamó Coordinadora Nacional de Independientes hasta el 2009, no participaba en elecciones presidenciales desde hacía una década.

Su última incursión fue en el 2006, con el Frente de Centro de Valentín Paniagua.
Es un primer punto. El fenómeno Guzmán también es parte de la degradación del sistema político peruano, con partidos que fungen de vientres de alquiler, y que pueden mantenerse en la congeladora electoral para luego salir al fresco cuando las circunstancias así lo ameriten.

De ese modo, Guzmán y su entorno llegan en julio pasado a inscribirse en un partido prácticamente inactivo.

Como lo explica la abogada del JNE, Lourdes Vargas, “TPP era un partido inscrito como los otros pero en sesiones internas deciden modificar el estatuto, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, los miembros del Tribunal Nacional Electoral. Luego deciden consignarlo en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) porque es el sustento para confirmar que los actos de elección interna se llevan correctamente, así como los directivos que terminan siendo elegidos”.

TPP pretende validar ante el ROP una serie de estos supuestos actos realizados entre agosto y noviembre. El problema es que para ello emiten resoluciones entre el 18 y el 22 de diciembre, apenas 23 días antes del vencimiento del plazo de presentación de las fórmulas presidenciales, que era el 11 de enero. A las controversias sobre la validez de la inscripción –sea por quórum, sea por plazos en las convocatorias– se le suma una supuesta asamblea partidaria convocada el 20 de enero para legitimar los actos mencionados.

En la primera resolución del JNE al respecto –que le dio la razón al ROP en el sentido de no inscribir los cambios– el voto en mayoría de tres magistrados deja en claro que la subsanación del 20 de enero mediante la asamblea, no se dio. Es decir, un engaño. Para el voto en minoría de los otros dos magistrados –Távara incluido– esta asamblea sí era suficiente para seguir adelante y salvaguardar el derecho a la participación política.

Todo viene de allí. Una fuente consultada que estuvo muy cerca del proceso de TPP pudo confirmar el despelote organizacional por entonces. No es casual además que, en la maratónica audiencia del martes 8, de las 20 listas impugnadas al Congreso por los distintos JEE, 13 fueran de TPP.

En realidad, lo que ocurre, más que la obvia improvisación del candidato, es que aquí comienzan a saltar a la vista las deficiencias del sistema electoral peruano.

Távara –y expertos en derecho electoral como Diether Colombus y Alejandro Rospigliosi– anotan que, contrariamente a las críticas, organismos como el JNE y el JEE están dentro de los términos. Es así que, a un mes de las elecciones, esta incertidumbre se ajusta a ley.

REFORMA IGNORADA

Los organismos electorales llevan casi cuatro años en el intento de convencer al Congreso de una serie de reformas electorales que no se limitan a la crucial transparencia financiera. Lejos de hacer caso, el Legislativo aprobó una reforma a medias cuando ya estaba convocado el proceso electoral (ver recuadro).

Las reformas propuestas por los organismos electorales hubieran hecho obligatoria la supervisión de estos en los procesos de democracia interna. Los chanchullos de actos falsos convalidados por asambleas-fantasma no hubieran sido posibles.

Mucho se ha dicho sobre el plazo de convocatoria a elecciones por parte del presidente Ollanta Humala. Pero, de nuevo, estaba de acuerdo a ley. Mientras que los comicios regionales y municipales se convocan 240 días antes, los presidenciales tienen un plazo de entre 150 y 120 días. Un absurdo que Távara ha pedido corregir.

Como resultado, es inaudito que un candidato en segundo puesto en
las encuestas salga de la carrera electoral a estas alturas.
El riesgo de deslegitimar las elecciones es inminente. Los yerros de TPP saltan a la vista, pero también es cierto que los códigos de la política –más en campaña– son distintos a los de los mecanismos jurídico administrativos.

Al fin y al cabo, en la brega persisten candidatos que actualmente enfrentan procesos hasta por homicidio y corrupción. La Fiscalía ya pidió sentencia contra Daniel Urresti y Ecoteva tiene a Alejandro Toledo en una cuerda floja judicial.

A la luz de estos hechos, incluso el caso de César Acuña –un candidato que es más bien una debacle– puede adolecer de sentido de proporcionalidad. ¿Qué significa sacarlo por ofrecerle S/ 10 mil en ayuda económica a los comerciantes de un mercado cuando el sistema no es capaz de castigarlo en su condición de plagiario serial?

Las contramarchas del Jurado Electoral Especial, que inscribió y retiró la candidatura de Guzmán en cuestión de días antes que el caso vuelva al JNE, serán permanente objeto de sospechas.

Távara hizo alusión al cuarto proceso electoral presidencial consecutivo que el Perú ostenta, lo que debería ser salvaguardado. La situación se debate entre un proceso histórico y un circo histérico.

Aunque el pleno del JNE se condujo con equilibrio en la audiencia del martes 8, exposiciones como la del exjuez Malzon Urbina y el abogado Walter Villegas –conocido en el cono norte como defensor de PYMES y quien presentó una de las tachas– resultaron lamentables.

Fue igualmente chocante que un contendiente de Guzmán, como Flores-Aráoz defendiera, así fuera con equilibrio, la tacha presentada por su agrupación.

Por ello es que Távara anotó que “los intereses políticos que hay son encontrados, son contradictorios, los líderes de opinión y algunos medios de prensa o articulistas simpatizan con una u otra decisión”. Lo consideró “un caso difícil y complejo”.

Pero insistió que los casos de Guzmán y Acuña serían resueltos “con imparcialidad, independencia y sin aceptar presiones mediáticas o de marchas”.

Conocida la decisión del JNE, como se esperaba para el miércoles 9, los partidos tienen una última ventana para presentar un recurso extraordinario ante el mismo Pleno. Luego se procederá a la impresión de las cédulas de votación.

Triste Salvavidas


Pueden renunciar y salvan su inscripción.

La Nueva Ley de Partidos que aplica para estas elecciones eleva la valla para las alianzas partidarias –1% por cada partido incluido en la coalición– pero al mismo tiempo le permite a las organizaciones políticas renunciar a participar en los comicios de este año y salvar su inscripción.

Los organismos electorales, al enviar su reforma al Congreso en el 2013, propusieron que una de las causales para perder la inscripción sea que las organizaciones no compitan en elecciones generales, pero la legislación aprobada hace unas semanas establece que aquello solo ocurrirá si dejan de participar en dos procesos electorales consecutivos. De esta forma la puerta está abierta para que los partidos con menor intención de voto se retiren de la campaña antes del 10 de abril y salven su inscripción. Basta con la renuncia explícita –y puede que varios en la balota lo decidan así– el día anterior a las elecciones para salvar a un partido y prolongar un sistema lleno de organizaciones que luego son vehículos express.

Además de tirar un salvavidas, la norma no aprobó que las entidades electorales organicen y supervisen las elecciones internas de partidos, una arista de particular interés para la candidatura de Julio Guzmán. Tampoco se aprobaron las sanciones a los partidos que no presentan informes financieros de campaña, no se eliminó el voto preferencial y no se establecieron castigos para el uso inadecuado de los fondos públicos entregados por el Estado.

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