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Justicia Defensoría advierte de desborde de amparos contra la ONP por pensiones. Afectados son de la tercera edad.

Quién Nos Ampara

Eduardo Vega

Defensor Eduardo Vega.

El amparo constitucional, advierte el defensor del Pueblo Eduardo Vega, “es en sí misma una figura buena. La utilizamos, por ejemplo, con el servicio militar y se paralizó el sorteo para volverlo de nuevo obligatorio. Y la acabamos de utilizar para que Sierra del Divisor fuera declarada como parque nacional”.

Se trata de la cautela de los derechos constitucionales. La otra cara de esa moneda, por cierto, es el hábeas corpus, que protege las libertades y que últimamente es figura recurrente utilizada por políticos en problemas.

Pero ocurre que el amparo está siendo distorsionado en más de una dimensión.

La Defensoría presenta una investigación reveladora al respecto. El sujeto a observar han sido los ocho juzgados constitucionales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Cabe recordar que hasta antes de la expedición del Código Constitucional del 2004, se presentaban amparos de casos en Lima en zonas como Matucana. Se supone que hoy eso no ocurre y las mencionadas salas son las encargadas de tramitar un recurso cuya utilización se multiplica cada año (ver cuadro).

Ello tampoco es una mala señal en sí misma. Quiere decir en parte que la ciudadanía es más consciente en la exigencia de sus derechos. Pero un acercamiento revela tendencias preocupantes.

De los amparos presentados, el 51% son contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP). En distantes segundo y tercer lugar se encuentran el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. Los casos de malos policías que demandan ser reincorporados vienen lamentablemente a la memoria.

Sobrecarga Procesal


Pero es el drama de las pensiones el que desborda de expedientes a estas cortes. Y si el ciudadano de la tercera edad requiere de una respuesta rápida, aquí el tiempo promedio es de tres años.

Fernando Castañeda, adjunto para temas constitucionales, señala que “hablamos de personas de más de 60 años, en muchos casos de 80 y 90 años”.

La sala le pide el expediente a la ONP después de un año. Y si este llega defectuoso, o en un CD en blanco, puede pasar otro año para que lo vuelvan a pedir.

En la muestra revisada de 404 casos se encontró al menos dos en los que los demandantes murieron esperando que les dieran la razón sobre su situación pensionaria. Y lo más triste es que se las dieron, como ocurre finalmente con la gran mayoría de casos.

Los casos de reclamos pensionarios a las AFP son, por el momento, mucho menos frecuentes. Caen en el bolsón de 12% de amparos en los que se demanda a particulares.

“Si solo redujéramos este universo, advierte Vega, tendríamos un gran avance. La idea es fortalecer esta primera instancia de salas constitucionales y crear dos salas superiores que sienten criterios claros, lo que no hay ahora. En el caso de la ONP, estos casos ni siquiera deberían llegar al Poder Judicial sino que tendrían que ser resueltos antes”.

Buena parte de la responsabilidad, como advierte, “se encuentra en los estudios de abogados contratados por la ONP que buscan dilatar los procesos”.

Las consecuencias saltan a la vista. Castañeda señala que la máxima carga de un juzgado como estos, con cinco trabajadores por despacho, debería ser de 1,100 expedientes. Hoy soportan más de 3 mil.

“Es un infierno”, dice el adjunto. “Y lo pudieron ver los miembros de la Defensoría que participaron en la investigación”.

El reverso de los pensionistas que se mueren esperando la pensión está, claro, en quienes manipulan los amparos en el marco de estrategias jurídicas millonarias. En años anteriores se pudieron ver con los tragamonedas que operaban de manera ilegal y más recientemente con la mafia de Rodolfo Orellana. En sus últimas ediciones, CARETAS ha puesto el foco sobre el caso de ‘Peter Ferrari’, donde actores vinculados a él utilizan amparos para recuperar cientos de kilos de oro de procedencia presuntamente ilegal.

“Ya hay varias desnaturalizaciones”, advierte Vega. “Por un lado los amparos no son rápidos, y por otro, en varias ocasiones, se pueden estar usando para casos que no necesariamente deberían ir a un amparo”.

Esto a pesar que también se observa un alto número de improcedencias liminares. Es decir, de saque los jueces rechazan el 40% de demandas de amparo presentadas porque no responden a las características requeridas.
“Es allí donde de todos modos terminan por colarse algunos casos cuestionables”, concluye el defensor.
 

Hábeas Corpus



Alberto Fujimori
Aunque la justicia le dijo no a Alberto Fujimori a través del rechazo del hábeas corpus que presentó en septiembre argumentando una supuesta violación al debido proceso, su defensa William Paco Castillo ha presentado una apelación. La 4a Sala Penal programó una audiencia para el próximo 27 de noviembre a las 9 de la mañana. “Hemos presentado un recurso pidiendo que a Fujimori se le permita hablar”, dice el abogado. La Sala deberá decidir si llevará a cabo la audiencia o se posterga para la primera semana de diciembre.

 


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