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Actualidad Fracaso de la subasta internacional del complejo metalúrgico de La Oroya encendió la mecha. Estallido social fue advertido.

La Oroya: Muerte Anunciada

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La Oroya.

Un muerto y 67 heridos fue el saldo de la violenta protesta de los trabajadores de Doe Run Perú en La Oroya, el martes 11. Foto: Juan Kooking-Municipalidad Provincial de Yauli-La Oroya


El martes violentas protestas en La Oroya dejaron un saldo de un muerto y 67 heridos, cuatro de ellos de bala. Encendió la mecha el anuncio del cierre definitivo del complejo metalúrgico operado y quebrado por la norteamericana Doe Run Perú, en 2009. El complejo estuvo funcionando a media caña bajo administración concursal. El fracaso de la subasta internacional la semana pasada fue el puntillazo final. La subasta se declaró desierta. No se presentó ni Cristo.

El lunes 10, en una encendida asamblea popular, los trabajadores convocaron a un paro regional indefinido a partir de las 00:00 horas del martes 11. Los trabajadores con un pie en la calle suman 2,600. Participaron en la junta el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico; el alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo, los alcaldes de Yauli y Morococha, Huayhuay y Suitucancha, y los congresistas Johnny Cárdenas (Partido Nacionalista) y Federico Pariona (Fuerza Popular).

Los trabajadores bloquearon la Carretera Central con piedras y troncos a lo largo de 10 kilómetros, interrumpiendo el tránsito de miles de unidades de carga entre Lima y la sierra. El corredor central es una de las fuentes principales de alimentos de la capital. Los precios en el Mercado Mayorista ya reflejan el nerviosismo de un desabastecimiento.

“Hemos estado esperando seis años, ya va a terminar el gobierno de Ollanta Humala y no se ha solucionado esto. El tema es flexibilizar algunos aspectos que van a permitir que se vuelva a las operaciones y todos volvamos a nuestro trabajo”, dijo el dirigente sindical Luis Castillo Carlos.

El gobierno confronta un nuevo estallido social, esta vez en las puertas de Lima. A diferencia del caso de Tía María, en el valle de El Tambo, Arequipa, donde se rechaza la presencia de la minería; en La Oroya exigen la continuidad de la fundición, entre las más contaminantes del mundo.

Según el administrador concursal del complejo metalúrgico, Profit, “la rigidez de la legislación ambiental peruana” frustró la subasta. El Ministerio del Medio Ambiente exigió 80 microgramos (mg) de dióxido de azufre por cada metro cúbico (m3) de aire como estándar de calidad ambiental del aire (ECA - Aire). No existiría un solo complejo metalúrgico en el mundo que alcance la meta exigida por el MINAM.

El estándar de calidad de Chile es de 365 mg /m3; de Canadá entre 290 y 300; de Brasil 345; de EE.UU. 365; y de Australia 210.

En el 2013, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Southern Perú reclamaron la ministro Manuel Pulgar Vidal un cambio en la legislación. Los acreedores de Doe Run anticiparon lo que iba a suceder: una carta al presidente Ollanta Humala conllevó a una serie de reuniones de trabajo convocadas por el ministro Pulgar Vidal con los representantes de Southern, los administradores de Doe Run en liquidación y representantes de sus acreedores.

El MINAM emitió otra norma, manteniendo la meta de 80 mg / m3 de dióxido de azufre, pero posibilitando que hubieran plazos para alcanzarla, dependiendo de la discrecionalidad de los entes de gobierno para aprobarla.

El presidente Humala declaró el martes que no cambiará la legislación, considerada como utópica por los inversionistas.

El Grupo Renco y su único dueño Ira Rennert no cumplieron las exigencias del programa de Adecuación Ambiental (PAMA) y abandonaron las operaciones, después de beneficiarse con dos leyes con nombre propio, mediante las cuales se le dieron nuevos plazos en 2004 y 2009. Ahora, demanda al Estado millones de indemnización, ante el Centro Internacional de arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. DRP debe más de US$ 500 millones a trabajadores y proveedores múltiples. Insólitamente DRP está en Junta de Acredores como principal agraviado, y pretende cobrar US$ 139 millones más intereses (CARETAS 2359).

El conflicto puede continuar. La liquidación ordinaria del complejo metalúrgico de La Oroya entra en vigencia el 28 de agosto. Esto implicaría la paralización de la mina Cobriza y la expedición inmediata de las cartas de cese colectivo para los 2,800 trabajadores del complejo metalúrgico. Con el cierre de operaciones, se pierde la soga y la cabra. Ni los trabajadores ni los acreedores podrían recuperar sus acreencias. La única alternativa con algo de viabilidad es la venta de la mina Cobriza, que con los precios de cobre actual, tiene mucho menos valor.

 


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