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Entrevistas Va mucho más allá de la Superintendencia. “El Estado no ha ejercido su rol rector en 35 años”, advierte el ministro de Educación Jaime Saavedra.

Ley Universitaria: ‘El Mercado que Re quiere Regulación’

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Jaime Saavedra

“El Estado tiene una obligación, no es una opción. Tenemos que lograr un justo medio”.

Nueve de la noche del viernes 6. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, celebra su cumpleaños entrevistado por CARETAS y le faltan dos reuniones más. Todos por aquí corren con el tiempo en contra. El congresista Daniel Mora (PP) presiona para que el pleno vote la nueva ley universitaria antes del término de la legislatura. El Ejecutivo logró modificar el capítulo referido a la nueva superintendencia para que quien la encabece sea nombrado por el Minedu, además de contar con un representante del MEF y cuatro “notables” nombrados por concurso. La Asamblea Nacional de Rectores continúa en pie de guerra. Saavedra explica que el proyecto del gobierno va mucho más allá.

–El gobierno le hinca el diente al tema universitario estando tan comprometido con la educación básica. ¿Por qué?
–En febrero el Presidente me pidió que definiera cuál va a ser la posición del Ejecutivo respecto de la propuesta de ley del congresista Mora. ¿Cuál es el rol del Estado en la educación superior? La Constitución es muy clara: las universidades son autónomas en el marco de la ley. El Estado define las normas y supervisa y evalúa su cumplimiento. El Estado no ha ejercido su rol rector los últimos 35 años. Es un deber, no una elección. Este es un mercado que requiere regulación.

–¿En el nombre de la autonomía el Estado abandonó ese rol?
–Se abandonó cualquier tipo de regulación. Tenemos que lograr un justo medio. No podemos confiarnos en la completa autorregulación pero tampoco podemos caer en la captura del poder político de turno u otro interés. Tenemos que proteger el derecho del joven de acceder a una educación de calidad. No es un asunto de un par de leyes sino establecer una política nacional de educación superior. Esa ruta tiene cuatro elementos. El primero es tener mejores sistemas de información para que las familias y los jóvenes decidan mejor.

–El ideal liberal dice que el mercado discernirá y que el consumidor decide. Pero es un servicio en el que el alumno pasa un período clave de su vida.
–No solamente es un asunto de plata. Es un tema de costo-oportunidad donde no volverás a tener entre 18 y 23 años. Requieres un entorno que llame a la reflexión científica y política. Hay que generar información para saber cuál es la rentabilidad desde el punto de vista del mercado de trabajo. No solo saber la tasa de retorno de contabilidad versus ingeniería sino comparar contabilidad entre la universidad x la y.

–¿Cómo lo van a hacer?
–Se pedirá al empleado que ponga en qué universidad estudió, qué carrera y qué año egresó. Vas a tener el cruce con ingresos y sabrás si trabaja en lo que estudió. Vamos a hacer una encuesta grande de egresados con el INEI. En el Perú no tenemos registros o información detallada acerca de las características de la universidad: cuántos profesores hay en cada carrera, investigación, publicaciones indexadas internacionalmente, servicios psicopedagógicos, gastos en servicios deportivos.

–¿Qué sigue?
–El fomento a la calidad. Este año vamos a gastar S/. 530 millones en becas y el próximo un poco más de S/. 800 millones. Es un montón de plata. Con eso mueves el mercado. Hay una lista de 30 universidades a las que los chicos pueden ir. No pueden ir a las 139 que hay. El otro mecanismo de fomento es a través de la oferta. Se asignará presupuestos adicionales a las universidades públicas en función a resultados de lo que le está pasando a sus egresados y de cuánto invierte en investigación. En tercer lugar trabajamos un fondo para públicos y privados con miras a facilitar la acreditación, que es un proceso muy caro.

–¿Cuánto se ha avanzado en acreditaciones?
–En la actualidad, las universidades ofrecen un total de 1,882 carreras de pregrado. De estas, solo 14 se encuentran acreditadas por el sistema de acreditación pública (CONEAU). Son procesos muy complicados, como debe ser. Vamos a hacer una reforma legal de ese sistema.

–Pero la acreditación no te garantiza que puedas cerrar una universidad que sea una porquería.
–Si es una porquería la acreditación te dice eres una mala universidad y tienes que mejorar tus procesos.

–¿Y no se debería tener la capacidad de revocar una licencia?
–Justamente, la Superintendencia es el cuarto pilar, el de licenciamiento.

–¿En qué momento actúa?
–Desde el comienzo, sea la universidad pública o privada. Las ya existentes también deberán pasar por el proceso de licenciamiento. La idea es que sea gradual. Empiezas primero con todas las universidades que tienen autorización provisional.

–¿Son cuántas?
–De un total de 139, hay 63 que no se encuentran institucionalizadas: 9 están creadas pero aún no operan, y 54 operan con una licencia provisional. Casi todas, 51, tienen más de 10 años en esa situación. En el caso de las que tienen autorización permanente y están por debajo de los estándares les otorgas un plazo de adecuación de un año, porque tienes chicos estudiando ahí. Si no se adecúa, tienes que cerrar. Tienes que tener dientes.

–Los privados sostienen que una Superintendencia va a retrasar el dinamismo que la universidad requiere en su relación con el mercado laboral. ¿Cómo evitarlo?
–La Superintendencia debe regular y fiscalizar lo que es regulable y fiscalizable. Por ejemplo, debe tener un porcentaje de profesores a tiempo completo, servicio psicopedagógico. No le puedes decir cuál va a ser la malla curricular. Hablamos de estándares básicos.

–¿No se está metiendo a todas en el mismo saco? ¿Una buena universidad pasará fácilmente?
–Algunas. Si todas lo pasan, quiere decir que no estás regulando nada.

–¿Cómo se garantiza la autonomía?
–Las carreras y la malla curricular las define la universidad. La empleabilidad de las carreras importa pero a nivel referencial. No para filosofía o artes. Sí deseamos un país donde se haga más investigación. Pero las universidades deciden qué investigar.

–¿Están de acuerdo con el resto de la ley Mora?
–Estamos trabajando con el equipo del congresista algunos cambios adicionales.

–¿Cuáles son los más críticos?
–Uno es el gobierno interno y el régimen académico de la universidad privada. Debe haber una flexibilidad para asegurar que no se le dicte su estructura organizativa por ley. Se deben dar parámetros. Por ejemplo, los alumnos deben tener participación en el gobierno universitario. Pero no se dicta que eliges al vicerrector de tal manera.

–Esa era otra prevención de las universidades privadas ligadas a la Confiep.
–Tenemos que legislar en función no por los últimos 60 años, sino los que vienen. Darle la flexibilidad en función a las carreras que se estén dando, a sus prioridades y a las condiciones que van a existir en un futuro. Todo se está moviendo de una manera rapidísima. Hace 20 años la educación era presencial o por correspondencia. Hoy puedes tener una interacción fluida con un salón de 30 personas que están en distintas partes del mundo. No podemos legislar en función del pasado.

–De vuelta al presente tortuoso, ¿un caso como el de la Universidad Garcilaso de la Vega podría pasar con estos cambios? LA ANR nombró a su rector como el mejor del año pasado.
–No es una buena credencial para la ANR. Cuando encuentre alguna irregularidad, la Superintendencia tendrá que pasarla al Indecopi, Sunat y Contraloría, que son los canales regulares.

–Nicolás Lynch, catedrático principal de San Marcos, lo llama tecnócrata autoritario.
–No ha habido ninguna reforma universitaria en la que las universidades hayan estado de acuerdo. Tengo que proteger la autonomía pero también los derechos de los jóvenes y sus familias.

–En las universidades privadas señalan que si no fuera por ellas los universitarios no hubieran aumentado en los últimos años.
–Lo cual es cierto. Las plazas públicas no han aumentado.

–Pero alertan que la nueva ley exige que si una universidad se vende, el nuevo dueño debe tramitar de nuevo los permisos, lo que puede retrasar sus procesos.
–El principio central es asegurar la inversión privada pero de buena calidad. En la mayoría de países no existe la inversión privada con fines de lucro en la universidad. Aquí a estas alturas sería muy difícil prescindir de ella. Solo el 50% de nuestros chicos pasan a educación superior. Hay mucho techo para crecer. Necesitamos la oferta. Y probablemente los flujos deben ser mayores a la educación tecnológica que la universitaria. Pero esa es otra conversación. (Entrevista: Enrique Chávez)

 


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