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18/Abr/2013
 
 
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Actualidad Segundos afuera. En la Comisión de Constitución del Congreso se define el acceso al secreto bancario a la UIF.

TIC, TAC...

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Sergio Espinosa, superintendente de la Unidad de Investigación de Inteligencia Financiera.

Según el cálculo más reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), US$ 7,2 mil millones han sido lavados en nuestro país en los últimos cinco años.

La UIF está especializada en la detección de operaciones de lavado de activos de la Superintendencia de Banca y Seguros desde hace una década clavada. En ese periodo, sus análisis de inteligencia han sido esenciales para la condena de más de un pez gordo.

Como es natural, los millonarios ingresos producto del tráfico de cocaína es la principal fuente de blanqueo de dinero. Pero también campean mafias en la minería informal, la trata de personas, el tráfico de tierras, hasta el soborno de autoridades.

Descifrar las claves de las cajas fuertes de organizaciones criminales que operan en el país, muchas vinculadas a mafias transnacionales, es un trabajo de relojería.

El lavado de activos consiste en filtrar el dinero mal habido en el sistema económico encubierto como si se tratase de la herencia de la “abuelita” o algo por el estilo. Así empezó. Ahora las operaciones de blanqueo son crecientemente sofisticadas y suelen tener carácter transnacional.

El proyecto de Ley 794, presentado por el congresista Luis Iberico (Alianza por el Gran Cambio), autoriza a la UIF-Perú acceder a la reserva tributaria y el secreto bancario de individuos o empresas sobre quienes la UIF ha recibido un Reporte de Operación Sospechosa.

EN EL HEMICICLO

La Comisión de Constitución del Congreso, que preside Santiago Gastañadui (Gana Perú), debe dictaminar en los próximos días si es necesaria una reforma constitucional para facultar a la UIF con esa poderosa herramienta de análisis.

Las bancadas de Gana Perú, Perú Posible y Acción Popular-Frente Amplio coinciden con los constitucionalistas Marcial Rubio y Francisco Eguiguren en que no es necesaria una reforma constitucional.

En cambio, la bancada fujimorista se opone, a pesar de que algunos como Octavio Salazar se manifestaron públicamente de acuerdo, convencidos por Cecilia Chacón.

Solidaridad Nacional y Alianza por el Gran Cambio están divididos a pesar de que el proyecto es de Iberico. Luis Bedoya de Vivanco piensa que es inconstitucional, pero Marisol Pérez Tello está de acuerdo con el fondo y la forma.

La sorpresa es la bancada del APRA, pues tanto la versión original del proyecto de Iberico como el Plan Nacional Antilavado se aprobaron durante su último gobierno. Sergio Espinosa, superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera, confía tener la oportunidad de explicar los alcances técnicos del proyecto.

En el Poder Judicial, la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, y la de Antidrogas, Sonia Medina, así como el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, la tienen clara.

La posición de la Asociación de Bancos (ASBANC) es una incógnita.

RED MUNDIAL

La UIF es parte de la red mundial de unidades de inteligencia financiera en 140 países denominada el Grupo Egmont. Se rige bajo parámetros establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adscrito al Grupo-20, y es supervisada en nuestra región por el Grupo de Acción Financiera de Sudámerica (Gafisud) periódicamente. El 2014 toca evaluar los avances alcanzados en el Perú.

Entre sus múltiples y complejas prerrogativas, estas unidades de inteligencia tienen acceso irrestricto a la reserva tributaria y el secreto bancario en la gran mayoría de países, excepto en el Perú –salvo por orden del juez.

No es el caso en México ni en Colombia –países igualmente corroídos por el narcotráfico– Brasil, Paraguay y Argentina, por citar a los países más gordos, o en la Unión Europea y EE.UU. El caso chileno es sui generis porque la UAF accede al secreto bancario a través de un fiscal, pero eso tiene dos problemas: solo se usa cuando un caso está en etapa final, y por tanto, no sirve para descartar casos en el proceso de análisis de inteligencia financiera; y, segundo, se presta, sobre todo en un caso como el peruano, a la filtración de información que puede dar lugar incluso a la fuga de fondos.

Como está visto, en el aparato judicial las “pruebas indiciarias” sobre lavado de dinero de las mafias a veces también se lavan, a pesar de que piedras traen. El acceso a la data completa sobre individuos y/o empresas sobre quienes la UIF ha recibido un Reporte de Operación Sospechosa permitiría minimizar dicha contingencia y es una prueba crucial para sentar a los corruptos en el banquillo de los acusados.

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