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Narcotráfico El fiscal de la Nación, José Peláez, debe explicar por qué el Ministerio Público se encuentra a punto de hundir el caso Sánchez Paredes.

Sacando el Cuerpo

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Ningún representante del Ministerio Público acudió a la audiencia judicial más importante del proceso. Y lo que es peor: la Fiscalía hizo llegar al tribunal el informe que solicita archivar todo el caso.

El pasado jueves 21 deben haber sonado las alarmas en las unidades que combaten al narcotráfico en Perú y Estados Unidos.

Y quizá también en Colombia y México.

Aquel día, en vísperas de Semana Santa, el Ministerio Público volvió a clavar la lanza en el costado de la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas.

Después de un año cargado de reveses, denuncias que empañaban el debido proceso y sucesivos cambios de magistrados, el Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional convocó a audiencia pública para definir el destino del caso Sánchez Paredes.

Tratándose del más grande caso de lavado de dinero de la historia peruana, la expectativa era singular.

La audiencia tenía como propósito escuchar los alegatos de la defensa de los procesados: los hermanos Orlando, Manuel y Wilmer Sánchez Paredes; Fidel y Miguel Sánchez Alayo; Blanca Sánchez Príncipe y el exministro aprista Jesús Esteves Ostolaza.

El plato de fondo lo constituían los informes de la procuradora antidrogas Sonia Medina y, especialmente, del representante del Ministerio Público.

En una nota de prensa difundida la semana pasada por el Colegiado “D” se destacaba que la opinión del fiscal encargado del caso tendría una especial relevancia.

Luego de ello, el tribunal tomaría una decisión.

Pero he aquí que ocurrió lo inesperado: ningún representante del Ministerio Público acudió a la audiencia clave.

Y lo que es peor, la Fiscalía hizo llegar al tribunal el informe que recomienda refundir el emblemático caso en el archivo definitivo.

GÓLGOTA JUDICIAL

El calvario empezó a las 9 de la mañana, cuando ingresaron a la Sala los jueces del Colegiado “D”: Luis Alberto Cevallos, Jackeline Yalán y Liliana Placencia.

Sentados de espaldas al ventanal, jocosos y distendidos, se ubicaban los abogados César Nakazaki, Luis Roy Freyre, Luis Reyna y Jorge Paredes.
En la otra orilla, la procuradora Sonia Medina ordenaba sus papeles con aprehensión.

Estaba más sola que nunca.

El tribunal empezó leyendo el único documento que le había hecho llegar el Ministerio Público: el informe de la fiscal María Maguiña, quien en abril del año pasado recomendó archivar el caso, aduciendo que la fortuna de los hermanos Sánchez Paredes “está debidamente fundamentada” ( CARETAS 2226 - Abogados en Acción


).

El informe Maguiña provocó tal escándalo que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, ordenó separarla del cargo y someterla a una investigación interna.

“Estamos convencidos plenamente que este caso debe llegar a un juicio oral de todas maneras y hacemos votos para que la Sala que va a resolver se pronuncie”, declaró Peláez Bardales al programa ‘No Hay Derecho’ de Ideeleradio hace un año.

Sucedió lo contrario.

El mes pasado, el fiscal supremo de Control Interno, Carlos Ramos Heredia, absolvió a Maguiña y así el informe que ordenaba enviar el gigantesco caso al archivo fue remitido sin atenuantes por la propia Fiscalía de la Nación a la Sala Penal Nacional.

FISCAL DE VACACIONES

Como era de esperarse, la ausencia del representante del Ministerio Público fue aplaudida por la defensa de los procesados.

“Solicitamos que de conformidad con la vapuleada fiscal Maguiña y su dictamen (sic), la Sala disponga no haber mérito para pasar a juicio oral y el archivamiento del proceso”, exigió Luis Roy Freyre, abogado de Manuel Sánchez Paredes y padre de Eduardo Roy Gates, consejero legal del presidente Ollanta Humala.
La procuradora se batió sola contra los abogados y, tras 5 largas horas de audiencia, se marchó exhausta e indignada.

“La inercia del Ministerio Público es insólita”, se lamentó Medina. “En un caso de gran connotación para el país, esperaba que un fiscal ilustrara a la Sala sobre su posición. Me dejaron sola”.

CARETAS supo que quien debía acudir a la audiencia del jueves 21 era el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, Fidel Castro Chirinos, pero este solicitó vacaciones antes de que se programara la vista de causa.

Su adjunta, Rosa Flores Chávez, evitó declarar a esta revista.

Quien sí lo hizo fue el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez.

“Yo planteé la acusación del caso Sánchez Paredes, en 2010. Después de eso ya no tuve nada más que ver en el caso”, sostuvo.

Fuentes cercanas al Fiscal de la Nación dijeron que este “desconocía” lo que había ocurrido y que “tomaría cartas en el asunto”.

Medina retrucó: “No es lógico ni coherente que la máxima autoridad del Ministerio Público desconozca lo que hacen sus propios fiscales en el más grande caso de lavado de activos”.

No lo es, sin duda, porque a este último y grave incidente se suman otros sucesos extraños:

l En el caso de la matanza protagonizada por guardaespaldas de Manuel Sánchez Paredes y de sus hijos frente al Poder Judicial de Ica, en febrero del 2011, un fiscal, José Luis Herrera, se pasó casi 2 años sin emitir dictamen y después fue “promovido” de puesto. A su reemplazante, el fiscal César Pecho Peche, le tomó un mes excluir al clan trujillano a pesar de que los muertos trabajaban para ellos.

l Del mismo modo, la investigación a Orlando Sánchez Paredes y a la minera Comarsa por desvío de insumos químicos al narcotráfico estuvo un año en manos del fiscal Tony García. Cuando se disponía a emitir dictamen fue removido del cargo, en octubre pasado. Su sucesor, Fidel Castro, archivó el caso en 2 meses.

LO QUE IMPORTA

La notoria lavada de manos preocupa más porque el narcotráfico está alcanzando niveles alarmantes y colándose por todos los estamentos del Estado.

La semana pasada, la propia Fiscalía Antidrogas del Callao desarticuló en el aeropuerto Jorge Chávez una red de corrupción que involucra a 10 agentes antidrogas con cárteles mexicanos.

Y hasta el congresista Kenji Fujimori, hijo del encarcelado expresidente, enfrenta la posibilidad de una investigación tras el hallazgo de 100 kilos de cocaína en un depósito aduanero del que es socio fundador.

El Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional emitirá dictamen en un mes, pero la posición de la Fiscalía ha complicado las cosas.

Echar tierra sobre una investigación que ha durado cinco años y negar los esclarecimientos finales de un juicio oral es imperdonable.

Y absurdo porque, mientras esto ocurre en el Perú, en EE.UU., la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York congeló 13 cuentas bancarias de Manuel Sánchez Paredes y de sus seis hijos por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero ( CARETAS 2253 – Sánchez Paredes: Entre la Corte y la Pared).

Y todo indica que llevará el caso ante un Gran Jurado de Nueva York.
¿Le importa esto al doctor Peláez Bardales? ¿O es que seguirá haciendo la de Pilatos? (Escribe: Américo Zambrano)

 


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