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Opinión Antecedentes históricos del diferendo.

Génesis de una Controversia (III)

Luego de tres conferencias ad hoc de NN.UU., en 1982 se aprueba finalmente en Jamaica la Convención sobre Derecho del Mar (Convemar), la cual es abierta a la firma de todos los países.

De primera intención, 119 Estados la suscriben, entre los cuales no están el Perú ni Chile ni Ecuador.

¿Cómo era posible que no lo hicieran los tres grandes propulsores sudamericanos de las 200 millas y defensores del nuevo Derecho del Mar en el seno de dichas conferencias?

Cada quien tuvo sus razones.

En el caso del Perú, fue producto de una confusa situación derivada de una interpretación errónea de los alcances de la Convemar respecto del mar territorial de 12 millas y la zona económica exclusiva de 188 millas, confusión que inhibió al presidente Fernando Belaunde de aprobar su firma, situación que hasta ahora subsiste.

En la Cancillería peruana esta decisión causó desaliento y preocupación, habida cuenta de la muy importante contribución de los delegados peruanos a la consecución de la Convemar.

Entre ellos, sin duda, destacaron los embajadores Juan Miguel Bákula y Alfonso Arias Schreiber, verdaderos artífices de la misma.

No obstante la singular posición de los tres países, algunas disposiciones consagradas por la Convemar alcanzaron especial relieve.

En particular destacaron las normas para la delimitación de los espacios marítimos de países vecinos y contiguos.

Ya, desde la década de los 70, se habían escuchado en el Perú opiniones llamando la atención sobre la anómala situación de la frontera marítima con Chile, no delimitada formalmente por tratado alguno y bajo un régimen provisorio de carácter pesquero establecido por la Declaración de Santiago de 1952 y la Convención sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954.

Este régimen, en la práctica, se orienta por los paralelos geográficos supuestamente hasta las 200 millas, a pesar de que no existía delimitación en la historia conocida que excediera las 3 millas del mar territorial, vigente en ese entonces.

Chile, sin embargo, pretendía ejercer su soberanía marítima hasta el paralelo que pasaba por el punto Concordia, terminus en el mar de la frontera terrestre establecida por el Tratado de Lima de 1929 y la Comisión Mixta de Límites de 1930 integrada por los delegados Federico Basadre (Perú) y Enrique Brieba (Chile).

Los delegados peruanos que atendieron las Conferencias de Mar de NN.UU. en los años 70 y 80, conscientes del problema delimitatorio, procuraron incorporar al texto de la Convemar disposiciones que sirvieran de manera justa y equitativa al propósito de delimitar, en particular, los dominios marítimos del Perú y Chile, habida cuenta que en el caso con Ecuador, por la existencia de islas ecuatorianas y la imposibilidad de cerrar el acceso al Golfo de Guayaquil, la delimitación debía seguir la línea del paralelo.

Cuando en 1982 se aprueba la Convemar, con las normas de delimitación conocidas como línea media, equidistante o bisectriz, se abre una insoslayable oportunidad de plantear la cuestión de la ausencia de frontera marítima definitiva con Chile, mediante negociaciones diplomáticas, evitando así cualquier confrontación inconducente que hubiese supuesto desafiar, en el terreno, la soberanía de facto que Chile ejercía, y aún ejerce, en la zona marítima en disputa.
Hasta entonces, en los gobiernos chilenos, como en los del Perú, salvo determinados sectores, no existía una conciencia clara de la cuestión de los límites marítimos.

Sin duda que esas excepciones eran la Cancillería peruana y la Marina chilena.
Es así como, tan pronto concluye el mandato del presidente Fernando Belaunde en 1985, Allan Wagner, canciller del nuevo gobierno, sostiene conversaciones alusivas a la frontera marítima con su homólogo chileno, el canciller Jaime del Valle, en el curso de una primera visita de acercamiento de nuestro ministro a Arica desde la Guerra del Pacífico.

En seguimiento de ellas, viaja a Santiago el embajador Juan Miguel Bákula, quien, de manera oral y luego escrita, el 23.05.1986, plantea oficialmente al canciller chileno la necesidad de iniciar negociaciones conducentes a la delimitación formal y definitiva de sus respectivos dominios marítimos.

El 19.06.1986, la Cancillería chilena emitió un comunicado de prensa en el que, entre otras cosas, expresó que el ministro Jaime del Valle, “teniendo en consideración las buenas relaciones existentes entre ambos países, tomó nota de lo anterior manifestando que oportunamente se harán estudios sobre el particular”.

Esta admisión chilena del tema marítimo en la agenda bilateral fue, de acuerdo con los trascendidos de la época, causal del término inopinado de Jaime del Valle como canciller de Chile, posiblemente a instancias de su Marina e incluso de una decisión del dictador chileno Augusto Pinochet, motivada por su visión extrema de considerar como casus belli cualquier posibilidad de reabrir la delimitación marítima. Para él, la delimitación había quedado firme y sellada con los documentos de 1952 y 1954.

Después, el enfriamiento de las relaciones como consecuencia del voto peruano en contra de Chile en la Comisión de Derechos Humanos de NN.UU., así como de la frustración de las negociaciones sobre las cláusulas pendientes del Tratado de Lima de 1929, perduró en los años siguientes.

Durante el decenio del presidente Alberto Fujimori, quien tenía sus prioridades, el tema fue encarpetado, en tanto se procuraba concluir la negociación sobre la entrega al Perú del muelle de Arica y sus obras conexas, pendientes desde 1929.
En el año 2000, sin embargo, en la Cancillería peruana se trabajaba intensamente para cuando se presentara la oportunidad de retomar el caso, pues la definitiva delimitación marítima con Chile constituía una firme aspiración institucional del Servicio Diplomático, interpretando así la opinión predominante de amplios sectores nacionales que, además de considerar que los documentos de 1952 y 1954 no eran tratados que hubiesen fijado la delimitación marítima, ven como sumamente injusta e indebida para el Perú la repartija provisional del espacio marítimo fronterizo, que le significa la pérdida de 68,000 km2.

Con el propósito de alcanzar un entendimiento satisfactorio con Chile, en diversas ocasiones se le plantea, sin éxito, ir a la mesa de negociaciones.

Ante su sistemática negativa, se ve por conveniente dar los pasos indispensables que habrían de conducir a la demanda del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Los cancilleres Allan Wagner y Manuel Rodríguez, y el vicecanciller Luis Solari Tudela, implementan los planes proyectados, siendo este último quien recomienda aplicar el Pacto de Bogotá de 1948, vinculante para el Perú y Chile, el cual hace obligatoria la jurisdicción de la Corte de La Haya.

Solari también, en la reunión bilateral de vicecancilleres, celebrada en Santiago el 16.03.2004, plantea por primera vez a Chile la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia para superar el diferendo marítimo.

Adicionalmente, la Cancillería envía la Convemar al Congreso para considerar su adhesión.

Se promulga entonces la Ley de Líneas de Base Recta y, luego de algunos años, se firma en 2011 el tratado definitivo de delimitación marítima con Ecuador.
No sin dudas iniciales, corresponde al segundo gobierno del presidente Alan García adoptar la importante decisión de interponer la demanda del caso ante el tribunal de La Haya, en seguimiento de una política de Estado. (Por: Hernán A. Couturier Mariátegui*)

________

* “Diplomático de carrera. Politicólogo, profesor y analista de relaciones internacionales. Embajador en Zimbabwe, Canadá, Bolivia, Brasil y Reino Unido. Representante alterno en NN.UU.

 


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