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ARTICULO

28 de octubre de 2004
Paginas 10 y 11 de la edición impresa.


El lunes 25, la Universidad Nacional de Ingeniería fue escenario de una violenta irrupción en oposición al rector Roberto Morales. Se incluyó arácnidos y sopletes.

De la Araña a la Guadaña
Los enfrentamientos pasan de las universidades a las ligas mayores. Poder Judicial acusa al Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional de mutilación presupuestal.

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Los muertos de San Gabán volvieron a devolver al país a una realidad violenta.

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PETER Parker estudió ciencias. Su alter ego adquirió poderes sobrenaturales con la picadura de una araña y a partir de entonces dedicó su existencia a atrapar ladrones y delincuentes.

Los émulos criollos del Hombre Araña cursan sus carreras en la Universidad Nacional de Ingeniería y persiguen al rector Roberto Morales Morales, a quien acusan de corrupción. A las 11 y 30 de la mañana del lunes 25 se descolgaron por las columnas del pabellón central del rectorado. No se sabe bien qué bicho les picó, pero armados con sopletes y otras herramientas rompieron candados y puertas para impedir la sesión del Consejo Universitario en la que sería discutida la suspensión de las clases. Se apertrecharon en el local ante la marcha de trabajadores administrativos y de seguridad. Al cierre de la presente edición, en la madrugada del miércoles 27, la Policía ingresó sigilosa y ya no encontró a nadie.

Claro, el Parker de las historietas terminó sus estudios y hasta hizo un doctorado. La UNI lleva cuatro meses con sus clases interrumpidas y a ese ritmo estos superhéroes no van a sacar ningún diploma. Las manifestaciones de violencia suscitadas en los últimos días llaman severamente la atención y los representantes de los estudiantes se han quedado cortos en rechazarlas. Justo cuando San Gabán cobró inesperadamente dos víctimas fatales.

En esta última ocasión, dos alumnos a los que acusaron de estar vinculados con el rector, Juan Pablo Girón y Renato Caballero, fueron sacados a la fuerza por individuos con máscaras del Increíble Hulk. Acusan al rector Morales de tener comprado a un sector del tercio estudiantil con becas y otras prebendas. A su vez, profesores rivales lo señalan por tener a un grupo de confianza que se rota en cargos claves. Las protestas, heridos y bombas lacrimógenas incluidas, comenzaron con la reelección de Morales (CARETAS 1831).

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Cuadro utilizado por Justicia Viva demuestra limitaciones peruanas (ver expedientes derecha). Pero credibilidad no equivale a presupuesto.

La decisión de la Asociación Nacional de Rectores sobre el futuro de Morales estaba programada para el miércoles 27. Mientras tanto, la Contraloría General de la República todavía no da a conocer los resultados de las auditorías sobre su gestión.

José Carlos Ugaz, miembro del tercio que se opone al rector, reiteró el martes la necesidad del voto universal para elegir a los directivos y exigió la "voz de los estudiantes en las decisiones" del gobierno temporal que esperaban se instale.

PELEA EN EL FONDO

El choque de poderes se reprodujo a lo grande entre el Ejecutivo y el Judicial. Con las debidas distancias, este último también busca su propia voz. Tanto que, en un acto sin precedentes, llegó hasta el Tribunal Constitucional para hacerla oír.

Hugo Sivina, presidente del Poder Judicial, presentó una demanda ante esa instancia por el cargo de "conflicto de competencia". Según él, el Ejecutivo estaría yendo contra los artículos 145 y 80 de la Constitución. En el primero se lee: "El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso". Según Sivina, el presupuesto de S/.999 millones 715 mil propuesto para el año 2005 habría sido recortado por el Ministerio de Economía y Finanzas en S/.354 millones cuando lo presentó al Congreso. El Ejecutivo se mantiene en sus trece sobre sus potestades para presentar el presupuesto al Congreso y cita como casos similares los del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.


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Presidente del Poder Judicial Hugo Sivina carga el peso y espera el milagro. Der.: Premier Ferrero no le prende una vela.

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Del mismo modo, según el consorcio Justicia Viva el recorte no existe. El MEF establece en agosto un tope máximo de dinero para cada dependencia de acuerdo al presupuesto público. Para el 2005 se fijaron S/. 645 millones correspondientes al PJ y sobre dicha base éste organizó un primer presupuesto que el MEF remite al Congreso. Además, el PJ tiene la posibilidad de elaborar un presupuesto adicional con las demandas reales del sector. Ambos pliegos, el del Ejecutivo y el del PJ, son presentados al Congreso y éste decide la cantidad. El PJ debe interceder ante el hemiciclo para solicitar reconsideraciones.

Sivina indica que el Ejecutivo no asignó en su presupuesto lo correspondiente al Plan de Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus). Pero en su presupuesto tampoco están incluidos los mencionados elementos de juicio, afirma Abraham Siles, miembro de Justicia Viva. Agrega que de las 170 medidas dispuestas por la Ceriajus, 30 no representan costo alguno y aún así no han sido implementadas. Según Siles, el dinero extra debería estar destinado al resto de éstas, al reparto equitativo entre distintas dependencias y a la redefinición del monto asignado a la construcción y mejoramiento de la infraestructura. Critica que los fondos destinados a la Corte Suprema (S/.43.3 millones para el 2005) y a la Gerencia General (S/.37.7 millones) sean mayores a los de cada Corte Superior.

Sivina explica sus pedidos en la necesidad de conformar la oficina central y otras descentralizadas de la OCMA, implementar unidades ejecutoras y consejos ejecutivos distritales, crear órganos jurisdiccionales a nivel nacional, proyectos de inversión y bonificaciones, entre otros. Justicia Viva equipara esos pedidos a la creación de más plazas y gastos operativos.

A pesar de las observaciones, el presidente del Poder Judicial cuenta con números a la mano. En su discurso del 20 de octubre ante el Congreso se refirió a insuficiencia en el número de magistrados (1,660 cuando según sus cálculos deberían ser 2,775), la necesidad de reducir el porcentaje de provisionales y suplentes (43%) y el drama de la carga procesal (incrementada en 53.4% entre el 2000 y el 2005).

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Controversial decisión de juez Eloy Zamalloa agudizó enfrentamiento entre poderes. Der.: Ministro de Justicia C. Gamarra y un rol pendiente.

El PJ se abrió varias trincheras. El premier Carlos Ferrero le exigió más resultados, lo que no es otra cosa que el discurso reproducido por el presidente Alejandro Toledo desde los primeros días del año pasado. El titular de la Corte de Lima respondió ferozmente ("No esperaba menos de un sumiso a Fujimori") y alertó sobre los intentos del gobierno para someter a los jueces.

Leopoldo Scheelje, presidente de Confiep, echó más leña al fuego y aseveró que algunas decisiones judiciales constituían un obstáculo para las inversiones en el país. Se refería obviamente a la controversial medida cautelar emitida por el titular del Cuarto Juzgado Civil de Arequipa, Eloy Zamalloa, la cual paralizó los vuelos de Lan Perú y motivó un decreto de urgencia del Ejecutivo. "Si él (Scheelje) considera que tiene la fórmula para resolver los problemas de la Justicia", contestó Sivina, "entonces se tendrían que ver sus condiciones como empresario y lo que aporta al país". Lo secundó Alcides Chamorro, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso, que calificó de "cargamontón" la actitud del empresariado frente al PJ.

Aun con todas las deficiencias y decisiones judiciales cuestionables, los sucesivos enfrentamientos ayudan a perfilar un Poder Judicial independiente. Muchas voces han criticado que sea el único poder del Estado que no cuente con autonomía sobre su presupuesto. Una fuente del mismo señaló a manera de ejemplo que "al MEF no se le condiciona su presupuesto a mayor efectividad". Sivina mencionó una postergación de más de 200 años.

La declaración de independencia implicará mayor responsabilidad ante la sociedad. Sería ideal la presentación de un cronograma que incluya tareas pendientes como la reforma judicial y la resolución de los juicios anticorrupción de la década pasada. Y precisamente lo opuesto a cualquier buena voluntad se proyecta con la nueva huelga de 24 horas anunciada por los trabajadores del Poder Judicial, en protesta al "atropello contra nuestras autoridades". Los mismos que recientemente paralizaron el sistema durante 58 días. Ya no se sabe con qué disfraces protestarán.


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