Edición Nº 1803


 

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22 de diciembre de 2003



Proceso Desenterrado
Posibles motivaciones del sospechoso juicio contra Baruch Ivcher.

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Ivcher nuevamente en los corredores judiciales. Resiste acusación y exige reparación. Der.: Fiscal Delia Espinoza, el extraño dedo acusador.

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A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó archivar todos los procesos que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos fabricaron para perjudicar al empresario Baruch Ivcher, la titular del Trigésimo Primer Juzgado de Lima, María Grados, afirmó que aquel que se le siguió por delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, no estaba archivado.

Grados respondió a una denuncia formulada por la fiscal provincial Delia Espinoza y abrió un nuevo proceso contra Ivcher y altos funcionarios del Canal 2. Se percibe un tufillo de intromisión política en el ámbito judicial, justo cuando Frecuencia Latina presenta una postura muy crítica frente al gobierno, como declaró Gustavo Gómez, uno de los abogados de Ivcher. José Ugaz, quien supervisa el caso, afirma que "o es un grave error o es una negligencia de los magistrados".

Sin embargo, detrás también habría tensiones de otra índole. En las próximas semanas debe comunicar su fallo el tribunal arbitral que evalúa la demanda contra el Estado presentada por Ivcher, mediante la cual exige el pago de S/.159 millones de soles por los daños económicos y morales sufridos durante el régimen de Alberto Fujimori.

La historia del tribunal tiene su génesis en el gobierno de Valentín Paniagua. Entonces el jurista Francisco Eguiguren fue designado como agente del Estado ante la CIDH. La Corte estableció para Ivcher una reparación moral de US$ 20 mil y el reintegro de los gastos judiciales, que ascendían a US$ 70 mil. La defensa del empresario protestó y reclamó una indemnización adicional de US$ 7 millones. Paniagua, Eguiguren y Diego García Sayán, a la sazón ministro de Justicia, concluyeron que al Estado no le correspondía pagar ese monto. Las defensas de ambas partes presentaron sus interpretaciones a la Corte, que ratificó su decisión inicial.

En setiembre de este año, Ivcher presentó su demanda en la vía arbitral pero esta vez exigió en total un poco más de S/. 159 millones. Fuentes cercanas a Alejandro Toledo aseguran que el Presidente y el broadcaster se reunieron en octubre último en la casa del ministro de la Producción Javier Reátegui para discutir el tema. El encuentro habría terminado en malos términos y desde entonces las relaciones no se recomponen.


Según la bolsa de metales de Londres el oro alcanzó este año un precio promedio de US$ 360 la onza, mientras que el año pasado fue de US$ 310. En cuanto a la cotización del cobre, tuvo el 2003 un precio promedio de US$ 1,768.02 por TM mientras que el 2002 fue de US$ 1,556.38. Este incremento ha sido favorable, sobre todo para nuestra economía en vista del aumento sustancial de exportaciones de estos productos, los más exportados durante el 2003. Se exportó US$ 955,480 millones de oro (48.% más que el año pasado) y US$ 537,87 millones de cobre blister y refinado (9 % más que el 2002).

Los Ministerios de Comercio, Economía y Producción están deshojando margaritas en torno a las tasas y plazos de las salvaguardas que se aplicarían a la importación de textiles chinos. Entre el 2000 y el 2003 la producción nacional de pantalones descendió en 68%. Mientras, en igual periodo las importaciones chinas aumentaron en 104%. Pasaron de 2.6 millones de kilos en el 2000, a 5.4 millones de kilos en el 2002. Según la Sociedad Nacional de Industrias esto ha ocasionado la pérdida de 40 mil puestos de trabajo en los últimos 3 años. Los citados ministerios deben emitir su decisión en los próximos días.



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Trasladado Gral. Remigio Hernani.

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LA FURIA DE HERNANI

Remigio Hernani, general de la Policía que estaba al frente de la Dirincri, fue trasladado a la dirección de la primera región territorial en Piura. Recién el miércoles 17 a las 4 y 30 de la tarde se enteró de la noticia y cuentan que el disgusto no lo dejó siquiera terminar el almuerzo. Son conocidas las discrepancias que Hernani mantiene con el general Gustavo Carrión, director general de la PNP.

 

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Hermanísimo J. Toledo y contactos non sanctos.

NO ERA POR EL ATUN

Diarios ecuatorianos registraron que el empresario César Fernández, detenido por narcotráfico y presunto colaborador de la campaña presidencial de Lucio Gutiérrez, declaró ante la justicia de ese país que se reunió en Lima con Jorge Toledo, hermano del mandatario peruano, con el propósito de negociar la compra de un barco atunero para trabajar en aguas peruanas. Toledo, quien residió en Venezuela hasta hace dos años, reconoció haberse reunido una sola vez con Fernández en junio último. Señala que el interés del ecuatoriano residía en comprarle un barco a su amigo Jorge Moreno. Si bien Toledo y Moreno están inscritos en la Cámara Nacional de Pesca, esta institución informó que ninguno de los dos participa en sus actividades desde hace un año. De otro lado, a la prensa del vecino del país le llama la atención que Fernández, conocido como empresario camaronero, quisiera incursionar en el negocio del atún en el Perú, pues estaba establecido en Manabí, provincia de la cual fue gobernador y que es considerada la capital atunera del mundo. Las sospechas apuntan al montaje de una empresa de fachada. Fernández recaló en Lima por lo menos durante tres ocasiones en los últimos meses, siempre antes de ir a Colombia, país en el que se reunía con sus contactos del cartel de Cali.

¿SALINAS A INTERIOR?

Si bien el ministro del Interior Fernando Rospigliosi fue ratificado, trascendió que sus relaciones con el presidente Alejandro Toledo no marchan nada bien. Fuentes de Palacio aseguran que en los días anteriores a la juramentación del gabinete Ferrero el puesto fue ofrecido al dirigente aprista y ex ministro Abel Salinas. El respondió que, si bien a la cúpula de su partido no le hacía gracia la posibilidad, estaba dispuesto a asumir el reto a título personal

 

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Oficialista Carlos Almerí tiene 92 denuncias que resolver, 11 contra PP.

ACUSACIONES DE VERANO

La legislatura ordinaria del Congreso debe continuar el 15 de marzo. Pero, en el ínterin, la Comisión Permanente tiene una nutrida agenda. Se trata de 92 acusaciones constitucionales en manos de una subcomisión que preside el oficialista Carlos Almerí.

Las acusaciones constitucionales tienen como fin sancionar delitos de función, inhabilitando a los funcionarios de cualquier cargo público durante 5 a 10 años. En este particular paredón se encuentra el mismo premier Carlos Ferrero, denunciado por trabajadores cesados y no repuestos durante su presidencia del Congreso.

Sin embargo, se dará prioridad a las dos denuncias contra Raúl Diez Canseco, por los casos del Acuerdo de Cielos Abiertos con Chile y el DS 047. Deberá asistir al Parlamento el 15 de enero. El plazo para las investigaciones es de 30 días.

En el mismo plazo: la denuncia de Panamericana Televisión contra el ministro de Transportes, Eduardo Iriarte; acusación de Judith de la Matta contra Luis Solari por el caso de Cielos Abiertos (el oficialista reemplazó al Canciller durante la firma del tratado); denuncia del empresario Jaime Mur contra el congresista PP Gerardo Saavedra (por extorsión, calumnia y relación con un homicidio).

Cabe señalar que la citada subcomisión tiene en sus manos denuncias contra 33 parlamentarios, 22 de ellos del APRA y 11 de PP. Este contrapunto entre ambas fuerzas vale al momento en que se dirime entre acusar o no acusar.


 

RESOLUCION CONTRA 'LA VENTANA INDISCRETA'

 

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Acatando el requerimiento del Tribunal de Etica del Consejo de la Prensa Peruana, y conforme a lo que establece el artículo 28 del Estatuto del Consejo, CARETAS publica extractos sustantivos de la Resolución del Caso 24-03 que el programa `La Ventana Indiscreta' dirigido por Cecilia Valenzuela se ha negado a difundir a lo largo de varias semanas. Se originó en dos quejas interpuestas por el despacho del ex ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola. Luego de solicitar información adicional y deliberar durante un mes, el Tribunal le dio la razón.

Las quejas fueron presentadas en octubre por Loret de Mola y el general EP (r) César Gonzalo Luza a raíz de una nota que bajo el título "La corrupción no le es ajena a la democracia", vinculaba a los aludidos con la adquisición presuntamente irregular de repuestos para helicópteros MI-17 de la FAP.

El Tribunal invitó a la periodista Valenzuela a presentar mayores elementos para respaldar sus afirmaciones, pero ella se limitó a remitir una transcripción literal de su reportaje.

Por consiguiente, la Resolución 24-03 establece que "sin pruebas suficientes y sin mencionar con claridad la existencia de un informe exculpatorio emitido por mayoría en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, se ha informado insuficientemente sobre los hechos, afectando la reputación del ministro Loret de Mola y del general César Gonzalo Luza, haciéndolos aparecer como vinculados a la corrupción existente durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.

RESUELVE

1.- Declarar fundada la queja formulada por el Ministro de Defensa. Dr. Aurelio Loret de Mola, y por el general EP César Gonzalo Luza contra el programa `La Ventana Indiscreta' que conduce la periodista Cecilia Valenzuela en Canal 2.

2.- Disponer que el texto de esta resolución sea difundido en la próxima edición del referido programa.

Lima, 30 de octubre 2003."

Firman Mario Pasco Cosmópolis, presidente del Tribunal de Etica, Marcial Rubio Correa, vicepresidente, y los vocales Alfonso de los Heros y Armando Zolezzi.

 

 


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