Edición Nº 1785


 

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    ARTICULO

    14 de agosto de 2003

    Paginas 12 y 13 de la edición impresa.


    Martes 12, 4:15 de la tarde. Los comisionados se reúnen en pleno todos los días y el viernes 15 tendrán la encerrona final fuera de Lima.

    Los Puntos y las Comas
    La Comisión de la Verdad ajusta su informe final mientras
    esquiva la artillería de una ofensiva que recién comienza.

    LO advierte un oficio en la entrada. "En vista que la Comisión se encuentra en la última fase del informe", es vital que los miembros de la seguridad sean especialmente celosos con quien sale del lugar. Ya quedó demostrado. Disquetes, casetes y documentos pueden convertirse en bombas si caen en manos tendenciosas.

    La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) viene siendo sometida a un fuego cruzado cuya intensidad irá en aumento conforme se aproxima el 28 de agosto, fecha de presentación de su informe final.

    Mucha de la munición se ha desperdiciado en debates bizantinos sobre la naturaleza de la "reconciliación" que debería proponer la CVR. Líderes políticos de los que se esperaría un poco más de sustancia -como Lourdes Flores o Alberto Andrade- siguen advirtiendo sobre la imposibilidad de reconciliarse con los senderistas.

    Nunca los miembros de la CVR propusieron un disparate semejante. El comisionado Enrique Bernales advirtió la noche del martes 12 cuánto necesitaba el país reencontrarse con más de un millón de peruanos que sufrieron directamente las consecuencias de la violencia. Fueron quechuahablantes los que constituyeron el 75% de muertos en esa guerra provocada por los asesinos terroristas y exacerbada por momentos, debido a la respuesta descontrolada de ciertos elementos militares. Sólo intereses creados pueden enredar una premisa tan sencilla.

    CARETAS pudo consultar a varias fuentes confiables que dan luces en estos momentos, cuando se afina el tenor de los ocho volúmenes que serán hechos públicos el 28 de agosto.

     

    Comandantes generales del Ejército y la Marina: general Chiabra y almirante Arboccó.

    EL GRAN CULPABLE

    Los tomos serán estructurados de manera histórica, y el énfasis estará más en las historias regionales de la violencia que en la mera periodización por gobiernos. El perfil de las víctimas será el eje principal. Todavía se debate la manera con la que se asignarán las responsabilidades, pero ya fueron plantadas las vigas maestras.

    El informe final parte de la enérgica condena hecha a Sendero Luminoso. No caben atenuantes sobre sus responsabilidades. El documento desmorona la imagen mítica que Abimael Guzmán intentó crear sobre sí mismo y hasta lo ridiculiza. Se releva su condición de guerrillero de salón, refugiado en Lima desde que el descabellado movimiento le declaró la guerra al Perú hasta su captura el 13 de setiembre de 1992.

    Guzmán tiene el cinismo de aceptar su culpabilidad únicamente en la masacre de Lucanamarca (1983) y el coche bomba de la calle Tarata (1992). Sin embargo, la CVR asevera que la responsabilidad de los líderes senderistas nació con la concepción misma de Sendero. Se propondrá considerar penalmente al reo de la Base Naval como autor intelectual de todos los crímenes hechos en el nombre del `Pensamiento Gonzalo', la doctrina de muerte maquinada por él mismo.

    Quienes en su ignorancia insisten en sostener que la CVR equipara a los terroristas con las fuerzas del orden tienen allí un primer argumento que les desbarata la hipótesis. Mientras el informe señala a los líderes de SL como culpables a partir de la creación de su ideología, en el caso del Estado se limita a establecer responsabilidades individuales. Aunque pretenda objetividad, la CVR no es neutra. Es una institución estatal, y como tal defiende los valores democráticos que fueron pisoteados por el terrorismo.

    En el informe final, Abimael Guzmán y Sendero Luminoso serán considerados los grandes perpetradores de la violencia que arremetió contra el país desde 1980. Muy por detrás en materia numérica están los miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

    El Estudio del ex Procurador José Ugaz ha tomado el caso Ciurlizza como"simbólico" y presentará el viernes 15 denuncia penal contra el diario La Razón.

    LOS GOBIERNOS

    La CVR evaluará el papel de los partidos políticos que detentaron el poder. El análisis tiene varios momentos. En buena medida, las mayores faltas de Acción Popular residen en sus clamorosas omisiones. El desconocimiento del fenómeno fue un factor decisivo para que durante el gobierno de Acción Popular se presentara el año con el mayor número de muertos. Durante 1984 más de cuatro mil personas perecieron a causa de la violencia.

    A pesar que las violaciones a los derechos humanos pulularon en las zonas de emergencia, la administración encabezada por Fernando Belaunde sólo impulsó una comisión investigadora, la que presidió el escritor Mario Vargas Llosa para indagar sobre la matanza de ocho periodistas en Uchuraccay, Ayacucho (1983).

    No ocurrió lo mismo con el gobierno aprista, que sacó adelante ocho comisiones. Al mismo tiempo, ocurre que el ex presidente Alan García estuvo más cerca a las brasas que Belaunde. En la CVR se discuten los motivos que inhibieron a García de exigirle a la justicia procesos penales por la matanza de presos en el penal de El Frontón (junio de 1986) con la misma energía que exhibió para que se mandara a la cárcel a un grupo de guardias republicanos responsables de la masacre en Lurigancho, ocurrida al mismo tiempo.

    La de Alberto Fujimori es una historia distinta.

    Hay cuatro escalas de responsabilidad más o menos establecidas. La primera es la que le corresponde a los subversivos, explicada anteriormente. La segunda se refiere a los actores individuales estatales, autores de violaciones puntuales contra los derechos humanos. La tercera toca a cierta continuidad de estas violaciones realizadas con algún grado de participación política, cómo pudo suceder con el `Comando Rodrigo Franco'. La cuarta y última comprende a la conversión del Estado en un aparato criminal. Allí está la complicidad entre el ex presidente Fujimori y el escuadrón de la muerte conocido como `Grupo Colina'.

     
    Las principales faltas del gobierno de Belaunde están centradas en las clamorosas omisiones y desconocimientos. Depende de su reacción. Aunque se le endilgará responsabilidad política, García puede sacarle ventaja al informe. Cuando el Estado se equipara a una organización criminal. Fujimori será culpado por las atrocidades del Grupo Colina.

    EL EJERCITO

    Mucho se ha especulado sobre el impacto que el informe final de la CVR tendrá sobre las fuerzas armadas. Demasiado hablan los detractores de la Comisión en nombre de éstas. Los comisionados se relacionan mejor con muchos sectores castrenses que con el congresista Rafael Rey.

    En las filas del Ejército, la Comisión ha contado con un importante aliado en su comandante general, Roberto Chiabra. Ese general mantuvo reuniones con los comisionados antes de asumir su actual puesto. En su primer discurso como comandante general se refirió en buenos términos al trabajo de la CVR.

    Fue nombrado como oficial de enlace el general EP Andrés Acosta y se mantuvo con él fluida comunicación. Los encuentros posteriores fueron coordinados por el Comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Víctor Bustamante. Un tanto más distante que Chiabra, Bustamante solicitó tiempo para analizar los resultados que sobre su institución le adelantó la Comisión (CARETAS 1776). Fue constituida una delegación del Ejército para investigar los casos que fueron mencionados.

    En virtud de un acuerdo con la cúpula militar, es muy probable que la lista de los efectivos retirados y en actividad, presuntos perpetradores de abusos, no se hará pública como el resto del informe. Esa relación sería entregada directamente a las autoridades del Ministerio Público responsables de evaluar las recomendaciones de la CVR. Asimismo, los procesos contra esos militares podrían desarrollarse en un fuero civil implementado para la ocasión, a la manera de los juzgados anticorrupción.

    El número de personas que contendrá esa lista es todavía materia de discusión. Son aproximadamente 80 los casos en evaluación y cada uno puede tener uno o varios involucrados. Para ser incluido, el militar tiene que haber sido el autor directo del delito o el jefe inmediato de esa persona. No caben líneas de mando que van más allá.

    A pesar de todas las precauciones, es esa lista que ni siquiera está concluida la que despierta gran cantidad de anticuerpos entre los opositores de la Comisión.

    Yuyanapaq. Para Recordar. La impactante muestra fotográfica inaugurada el pasado 9 de agosto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en la casona Riva Agüero de Chorrillos reúne una selección de los principales archivos de prensa del país. La división temática permite vislumbrar uno de los propósitos del informe final: establecer las diferencias que la violencia tuvo en cada una de sus dimensiones, fueran regionales, políticas o según el perfil de las víctimas. "Aquí se recoge -escribe Salomón Lerner en el libro que acompaña a la exposición- el trabajo de mujeres y hombres de valor y talento notables, profesionales que, siguiendo la mejor tradición del fotoperiodismo, hicieron de su herramienta un intérprete leal y comprometido del drama del que eran testigos".

    LA MARINA

    Fuentes de confianza consultadas aseguran que el indicador de tensión en la Marina de Guerra es bastante más alarmante que en el Ejército.

    A comienzos del presente año algunos de los comisionados mantuvieron un encuentro con la alta oficialidad de ese instituto. Entonces, le anunciaron que se presentaría en la prensa una campaña sobre los muchos asesinatos que infantes de Marina ejecutaron durante 1984 en la ciudad ayacuchana de Huanta. El comandante general del arma, almirante Ricardo Arboccó, se habría mostrado conforme con investigar los casos, siempre y cuando se encontraran indicios penales.

    En la Comisión se respiraba optimismo.

    El auspicioso impulso pareció frenarse cuando la CVR consignó el informe sobre Huanta en el Ministerio Público. Allí se recomendaron una serie de denuncias penales contra los involucrados. Entre los nombres figuraba el de Luis Alberto Celis, marino en actividad que actualmente tiene un cargo administrativo en el Comando Conjunto. Ese y otros puntos, todos publicados en la página web de la CVR, parecieron producir malestar en la Marina.

    La sensación se ha hecho patente en las últimas semanas, cuando reputados marinos retirados como el almirante Luis Giampietri salieron a declarar en los medios de comunicación para cuestionar el trabajo de la Comisión.

    Fuentes del despacho del ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, aseguran que éste reprendió severamente a Arboccó luego que se filtraron los audios de los diálogos que Javier Ciurlizza, actual secretario ejecutivo de la CVR, mantuvo con los terroristas de la Base Naval cuando era asesor de Diego García Sayán en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de transición. Transcripciones alteradas de los encuentros fueron publicadas por el diario La Razón.

    El lunes 11 CARETAS recibió un sobre cerrado con un artículo que intenta explicar los excesos de la infantería de Marina a mediados de los 80 y una nota que lo acompañaba. En ella un informante anónimo advertía que el texto venía siendo "ofertado" por marinos en actividad a algunos medios de comunicación. Todo hubiera quedado en una anécdota pero al día siguiente el artículo apareció firmado por Miguel Guise Seminario en las páginas centrales de La Razón. Con todos sus puntos y comas. (Enrique Chávez)

     

     


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