Edición Nº 1780


 

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    ARTICULO

    10 de julio de 2003

    ¿Orgullo o Prejuicio?:
    Estados Unidos Frente a la Corte Penal Internacional.

    "Tony y yo por Georg Bush" es un libro que hace reír a los argentinos, de allí provienen estos cuadros.

    Escribe ROBERTO G. MACLEAN UGARTECHE

    MÁS allá de Convenciones y Tratados Internacionales, Constituciones Políticas, Leyes Orgánicas y Códigos Procesales, la base real para el funcionamiento efectivo de los sistemas de justicia, internacionales o nacionales, es la confianza que depositamos en ellos. Esta confianza es necesario ganarla palmo a palmo, casa por casa, y a través de valles, desiertos y ventisqueros. Por eso, aunque da tristeza pensar en ello, debemos respetar la desconfianza o la incredulidad que sufren otros hacia nuestros ideales; y aún defenderlas, como parte de los derechos inalienables de las personas en el siglo XXI. La tolerancia por la diversidad es el ingrediente esencial para construir un mundo globalizado y libre; y dentro de ese contexto es que hay que entender las declaraciones de portavoces del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el sentido de que ese país, después de haber suscrito el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional, y participado activamente en las discusiones preparatorias, no aprueba ni ratifica, hasta ahora, dicho tratado. Más aún, así también hay que entender la política, que, al amparo del Artículo 98 del Tratado de Roma, ha adoptado ese país, a fin de suscribir tratados para que sus nacionales, fuera de EE.UU., también queden libres de la eventualidad de ser puestos a disposición de la CPI.

    La explicación ofrecida es el temor a manipulaciones por parte de la CPI, que puedan afectar a sus nacionales. Razonables o no, fundados o alucinados, lo cierto es que cada uno es dueño de sus temores. Por ejemplo, la historia de varios países en América Central y del Sur registra casos en los que una potencia extranjera, sin autorización, invadió sus territorios, para sustraer a ciudadanos locales, y someterlos a la justicia del país invasor, pese a la existencia de tratados de extradición vigentes.

    Pero en el caso concreto de los EE.UU. no estoy seguro de si el temor es razonable, porque la intención de celebrar estos tratados para neutralizar la acción de la Corte fue manifestada antes de la presentación de las candidaturas para jueces de la Corte. No fue un temor a nombres y caras propias, sino a la sombra al final del corredor.

    Con la mente abierta de par en par, yo estaría preparado a sostener que no hay inconveniente en suscribir, con dos aclaraciones adicionales -para no debilitar un gramo de la CPI- no solamente el Tratado que busca el gobierno de EE.UU., sino otros similares con todos los países del mundo. Dentro de una estrategia para globalizar la lucha contra la impunidad, el hecho crudo ante nuestros ojos es que, en este momento, mucho más de la mitad de la población mundial está fuera del alcance de la CPI. En territorios que comprenden probablemente más de la mitad del planeta, la CPI no tiene tampoco posibilidad de acceso. Las áreas geográficas más propensas a ser escenarios de crímenes contra la humanidad no están -por una u otra razón- al alcance de los poderes de la CPI.

    Hay políticos, juristas y otros actores cívicos que sufren confusiones para entender el significado de leyes o sistemas de justicia, que no son en realidad sino herramientas para compatibilizar intereses y proteger valores detrás de las normas.

     


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