Edición Nº 1775


 

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    ARTICULO

    5 de junio de 2003

    Sobre Papas y Piedras
    Cuando las carreteras son tomadas como rehenes.

    El bloqueo de carreteras durante el paro agrario gatilló la declaratoria del estado de emergencia. Der.: Ministro Quijandría: la rentabilidad del agro es el nervio del problema.

    "La rentabilidad del agro ha caído 25 % desde 1995", sostiene el ministro de Agricultura, Alvaro Quijandría. "Esa es la razón del malestar".

    La caída en el precio internacional de nuestros productos agroexportadores como el café, y de los precios internos debido a la prolongada recesión económica -agravada por la sobreproducción en los últimos años de papa y arroz- y, lloviendo sobre mojado, el Fenómeno de El Niño, han mermado los ingresos del campo hasta en una cuarta parte. "El gran reto es mejorar la rentabilidad del campo", sostiene el ministro. Y es notable lo que se estaba logrando, hasta que se pusieron piedras en el camino.

    Las demandas del agro es otra de las papas calientes que confronta el gobierno. De hecho fue la paralización convocada por la Junta Nacional de Regantes -y que bloqueó la mayoría de las carreteras del país- la que gatilló la declaratoria del estado de emergencia la semana pasada.

    Los agricultores demandan la reducción del IGV de 18 % a 3 % a los productos agrarios, la no privatización del agua, la transferencia de maquinaria a las regiones y que el Ministerio de Agricultura no sea absorbido por el de Producción, entre otras.

    Una de las sorpresas del pliego de reclamos es que la mitad de las demandas no tienen fundamento: el anteproyecto de ley sobre el nuevo régimen de aguas no contempla su privatización, así como tampoco es cierto que Agricultura vaya a fusionarse en Producción como originalmente planteaba el Plan de Gobierno de Perú Posible.

    En cambio el tema tributario sí es una preocupación legítima, y fue el detonante de la medida de fuerza, ciertamente controvertida si se toma en cuenta que el propio ministro de Agricultura, Alvaro Quijandría, está de acuerdo.

    "En febrero presentamos una propuesta al Ministerio de Economía para que se reduzca el IGV a 6 %", explicó el ministro. "Pero el MEF es muy reacio a perforar el IGV y estaba analizando la propuesta cuando se presentó el paro".

    El IGV a los productos no perecibles fue introducido durante la gestión de Absalón Vásquez, en el gobierno de Alberto Fujimori, con una salvedad: sólo aplicable a quienes producían 50 UI o más. "La fórmula no ha hecho sino alentar la informalidad: todos se hacen pasar por pequeños", explicó el ministro Quijandría.

    La introducción del sistema de detracción tributaria a mediados del año pasado sacudió la mazorca. El sistema -que obliga retener un 8 % de la carga impositiva de los proveedores al momento de la venta- está castigando en el agro a quienes no debe. Así, se le está cobrando IGV al productor de arroz cáscara cuando sólo debiera aplicarse al productor de arroz pilado, y al de algodón rama cuando debiera ser sólo al algodón ya desmotado.

    De hecho, el 90 % de la producción de arroz y maíz está en manos de pequeños agricultores legalmente inafectos al IGV.

    El Fisco recaudó el año pasado S/. 40 millones con la "detracción", a pesar de que estuvo vigente sólo durante media campaña agrícola. El Ministerio de Agricultura estima que se podría recaudar hasta S/. 120 millones aun cuando la tasa se reduzca a un tercio, pero si se aplica el tributo a todos.

    "El costo de la formalización es muy alto", sostiene Quijandría. "Al 6 % todo caería por su propio peso. La Junta Nacional de Regantes también está de acuerdo que todos paguen, pero exigen una tasa de 3 %. La SUNAT sostiene que ello no es técnicamente recomendable".

    En un esfuerzo por detener el paro agrario, el MEF acordó una semana antes suspender el sistema de detracción tributaria 90 días. Y esta semana Agricultura decretó el sistema de financiación del Fondo Rotatorio que permitirá saldar una deuda acumulada por pequeños agricultores de S/. 258 millones con trabajo, un anuncio de Toledo durante el Mensaje a la Nación el 28 de julio del 2002, pero cuya ejecución fue retenida en el Congreso.

    Pero la Junta de Regantes parece no conmoverse. En cuanto se decretó el estado de emergencia levantaron la medida de fuerza, pero aseguran que no retornarán a la mesa de negociaciones hasta que se suspenda el estado de excepción. Y, claro, entonces podrían volver a tomar las carreteras. (MZD).


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