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    ARTICULO

    26 de diciembre de 2002

    Lucchetti En el Edén
    ¿Qué hubiera dicho Pablo Neruda, cantor de la naturaleza, si la fábrica Lucchetti se instalaba en Isla Negra o el Cerro San Cristóbal de Santiago?

    Así vería Pablo Neruda en su Isla Negra, que no era una isla, una fábrica como Lucchetti. La misma que, como dicen en Chile, "no contamina ni afea".

    LUCCHETTI no quiere aceptar que le ha llegado la hora de irse o de reubicarse. Con bombos y platillos ha anunciado que recurrirá al Centro Internacional de Arreglo y Disputa de Inversiones (Ciadi). Lo hace con la venia del Gobierno de Chile, y el presidente Ricardo Lagos a la cabeza, que asume un pleito privado. Olvidan las autoridades chilenas que cuando el año pasado en su país la empresa peruana AeroContinente fue cerrada sin contemplaciones, el Gobierno peruano se mantuvo al margen, reconociendo un ámbito de competencia privada.

    El Presidente Lagos declaró el lunes, en defensa de Lucchetti: "Queremos normas internacionales claras donde nuestro comercio e inversiones estén protegidos". En realidad, todas las inversiones chilenas en el Perú están muy bien protegidas. Lo pueden probar Lan Chile, Lan Perú, Ripley, Jockey Plaza y otros negocios. Hay US$ 552 millones chilenos invertidos en el Perú, y otros millones a la vista.

    A Lucchetti no se le reprocha sólo el daño ecológico, sino también la festinación de trámites para obtener licencia de construcción y su colusión con la mafia de Vladimiro Montesinos para conseguir su permanencia en el Perú. Aparte de eso, la Municipalidad de Lima le ofreció desde el inicio del contencioso una alternativa: trasladarse al Parque Industrial de Villa El Salvador, zona de gran futuro.

    En cualquier país, una industria que daña el ecosistema natural o el orden urbano: tiene que reubicarse. Qué hubiera dicho Pablo Neruda y las autoridades chilenas si la empresa peruana Alicorp decidiera instalar su fábrica de fideos en su Isla Negra. O si se le antojara empotrarla en las faldas del Cerro San Cristóbal, considerado pulmón verde de la capital chilena.

    Ejemplos de fábricas que fueron desmanteladas porque no estaban en el lugar indicado abundan. En Buenos Aires, un grupo de vecinos demandó en 1995 a la empresa Shell que reincidentemente instaló una planta de coque, que previamente se había instalado en Holanda, de donde fue desmontada. La empresa tuvo que salir porque no cumplía con las normas ambientales.

    En la India, en 1996, las autoridades judiciales hicieron una lista de 168 industrias contaminadoras que no deberían operar dentro del área urbana de Delhi, de acuerdo al Plan Maestro de Delhi al 2001. La Corte falló que "las 168 industrias mencionadas en la lista deben reubicarse a cualquier otra área industrial, deberán parar sus funciones y operaciones dentro del área metropolitana de Delhi a partir del 30 de noviembre de 1996". También en la India, M. Mehta, abogado ambientalista, ganó un caso ante la corte en defensa del Taj Mahal en la ciudad de Agra, India. Demostró que las industrias locales y una refinería en Mathura eran las principales fuentes de emisiones causantes de lluvias ácidas que estaban destruyendo la superficie de mármol del Taj Mahal.

     

    Presidente Lagos yerra: no hay amenaza a inversiones.

    Y en nuestro país el Concejo Metropolitano de Lima decidió en agosto del 2001 el cierre de la fábrica, concediendo posteriormente un plazo de un año, más una prórroga de tres meses para la mudanza. Aún así, los funcionarios del grupo, en Lima como en Santiago, se resisten caprichosamente.

    Los argumentos de la empresa chilena para demandar al Estado peruano ante el Ciadi se fundamentan en que la actual controversia surge a partir de la resolución de desalojo del Concejo Municipal del 16 de agosto de 2001, es decir, 13 días después que entrara en vigencia el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (Appi). Sin embargo, la posición de la Municipalidad de Lima y de juristas consultados es que acudir al Ciadi carece de base, porque el Appi entró en vigencia con posterioridad a las controversias legales entre la Planta y el municipio limeño, que se remontan a 1998.

    "La posición del Estado peruano tendrá que inclinarse por la no competencia. Se trata de un asunto municipal y no de Estado. Contra viento y marea, Luchetti quiere hacer prevalecer un derecho de ubicación que no le corresponde", afirma el jurista Enrique Bernales.

    El Ciadi, con sede en Washington, tiene personería jurídica internacional y depende del Banco Mundial. Fue creado en 1966. Cuenta con 134 países miembros. Del total de casos registrados: 87,4% han sido de conciliación y los demás de arbitraje. (Sonia Sullón B.)

     


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