Edición Nº 1748


 

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    ARTICULO

    21 de noviembre de 2002

    No Olviden el Acuerdo
    Ahora que los líderes políticos intentan imponer su peso electoral ante el gobierno, Rafael Roncagliolo aboga por la vigencia del Acuerdo Nacional como escenario de negociación y consenso.

    "Necesitamos darle estabilidad al capital privado para 20 años".

    Entrevista PEDRO TENORIO

    MIENTRAS Alan García saborea su triunfo atosigando de consejos al presidente Toledo sobre cómo dialogar con las regiones -y el primer ministro Luis Solari le responde que el éxito electoral no le da derecho a pensar en "presidencias paralelas"-, pocos recuerdan la existencia, utilidad y posibilidades del Acuerdo Nacional como herramienta para salir del entuerto. Rafael Roncagliolo (miembro del comité de alto nivel que impulsa el Acuerdo) aboga -"a título personal"- por la viabilidad de este instrumento ahora que el mapa político post 17 de noviembre parece más proclive a la confrontación que al consenso.

    -A partir de los resultados electorales del domingo, ¿cuál es el rol que podría jugar el Acuerdo Nacional en este contexto?

    -Creo que tiene más vigencia que nunca, pues se convierte en un escenario privilegiado para reafirmar la gobernabilidad del país y el consenso democrático que le da sentido al Acuerdo.

    -¿Qué le permite estar seguro de eso?

    -Que se trata de un marco que requiere desarrollo, sobre todo en dos temas fundamentales: el de un acuerdo político para la descentralización -que va más allá del aspecto legal- y el tema del tratamiento al capital privado, que es central para los gobiernos regionales.

    -En las últimas horas no han faltado quienes, como Alan García, proponen nuevas instancias de coordinación entre el presidente Toledo y los 25 líderes de cada región. Si el Acuerdo aspira a ser una instancia de concertación, ¿cómo integraría a las regiones?

    -Creo, personalmente, que las catorce organizaciones que hoy conforman el foro deberían invitar a suscribir el Acuerdo a los gobiernos regionales elegidos, e invitar a las nuevas fuerzas políticas que han aparecido y que no tienen por qué quedarse fuera del Acuerdo.

    -¿Qué ventajas tendría seguir en él?

    -El Acuerdo le brinda una gran facilidad al gobierno y a las fuerzas de oposición porque es un tipo de deliberación sin reflectores, lo que facilita una discusión mucho más racional, menos apasionada y franca, que ya tiene un clima de cordialidad garantizado.

    PP: El AN como llave para salir del entuerto.

    -Hay quienes piensan que el Acuerdo firmado hace cuatro meses hoy pueda haber quedado obsoleto.

    -El Acuerdo Nacional, en su proceso de gestación, tuvo una experiencia muy interesante y menos conocida, menos publicitada, que fue la organización de 24 foros departamentales con la participación de las fuerzas políticas y las organizaciones sociales de cada localidad. De hecho, el texto aprobado tiene elementos que provienen de todos y cada uno de esos foros.

    -Aún así, ¿será necesario hacer ajustes, agregados, o cree que sus 29 puntos son suficientes?

    -Antes de pensar en cambios hay que hacer desarrollos. Por ejemplo, los párrafos que se refieren a la descentralización tienen un alto consenso e incorporaron la opinión del interior del país. Naturalmente los gobiernos regionales tienen demandas sobre el Ejecutivo y el Legislativo, por eso hay que regular políticamente los acuerdos que van a permitir que esas relaciones sean constructivas y no traumáticas. Si no somos capaces de afirmar que la democracia es creación de consensos y si pensamos que es solamente imposición de mayorías, el país va a pasar momentos difíciles.

    -¿Cuándo se retomarían las reuniones del Acuerdo?

    -Espero que muy pronto. La convocatoria corresponde al Presidente de la República y al Primer Ministro. Supongo que será en los próximos días u horas.

    -¿Cuáles serían sus prioridades?

    -Creo que los dos temas que prioritariamente debería considerarse son un acuerdo político para la descentralización -que tiene que implicar, necesariamente, a los nuevos actores- y otro para dar estabilidad al capital privado durante los próximos 20 años. El Acuerdo, tal como está suscrito, tiene pautas que se refieren a este tema. Pero es muy importante, después del trauma de Arequipa, producir un acuerdo político que signifique que cualquiera que sea el gobierno habrá ciertas reglas con respecto a la inversión que se van a mantener.

    -Sobre la inclusión de la sociedad civil en los Consejos de Coordinación Regional, ¿cuál es su visión acerca de la participación de las ONG?

    -Creo que las ONG no tienen nada que hacer en los gobiernos regionales.

    -¿Y eso por qué?

    -Porque la que sí tiene un papel es la sociedad civil, que está compuesta por las organizaciones empresariales, sindicales, de sobrevivencia tipo vaso de leche o comedores populares y las universidades y colegios profesionales. Es decir, que representan intereses sectoriales. Las ONG son entidades que brindan un servicio a esas organizaciones, pero que como tales son una especie de empresas privadas que cumplen fines públicos. Y eso confunde.

    -Ahora que el Apra gobernará una docena de regiones y tras las últimas declaraciones del Jefe de Estado contra ella, se teme que la confrontación termine imponiéndose.

    -No olvidemos que la democracia es confrontación y consenso. Y ambas se necesitan irremediablemente. Cuando predomina la confrontación y no hay elementos de consenso el sistema hace crisis. Y si hubiera sólo consenso tampoco habría democracia, habría una cosa monótona y aburrida. El Acuerdo representa el consenso y los riesgos de confrontación siempre existen.

    -Finalmente, los partidos acaban de aprobar en el Congreso una ley que relaja el control del financiamiento de sus campañas, ¿qué le parece?

    -Una barbaridad. Una de las prioridades del Acuerdo es fortalecer a los partidos y ello implica dos cosas: democracia interna y transparencia financiera, porque es fundamental darle a los políticos autonomía del poder económico. El secreto es, en todo el mundo, la base de la corrupción. Somos el único país de Sudamérica que hoy tiene una norma de este tipo.


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