Edición Nº 1742


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    ARTICULO

    10 de octubre de 2002

    El Expediente Torre Tagle
    A Allan Wagner, actual canciller de la República, el fujimorato lo sacó por ser "ampliamente conocido". Así como suena. La siguiente es la historia de la "depuración" que diezmó a la diplomacia peruana y de las maniobras que siguieron. Ahora, la casa se renueva.

    Ministro Wagner, vicecanciller Manuel Rodríguez (al lado) y Oswaldo de Rivero. pdte. de la Comisión Especial.

    DICIEMBRE puede ser el mes más cruel para nuestros diplomáticos. Fue en diciembre de 1992 que el presidente Fujimori, ya convertido en dictador, cesó, mediante Decreto Supremo, a 117 miembros de nuestro Servicio Diplomático a los que, además, cubrió de agravios. La decisión había sido finiquitada en Washington, en reunión secreta organizada por el entonces canciller Oscar de la Puente Raygada.

    Un año antes, también en diciembre, el entonces canciller Augusto Blacker Miller había intentado esa poda, en reunión que realizó en el Hotel El Pueblo. Según la Comisión de Etica Institucional presidida por el embajador José de la Puente, la idea no prosperó "por la oposición de los funcionarios diplomáticos" que disuadieron a Blacker.

    Amplia información sobre las citas de Washington y de El Pueblo consta en el Informe Final emitido por la Comisión Especial de Alto Nivel, creada en febrero de este año para investigar el cese arbitrario de diplomáticos, así como "eventuales manejos irregulares de recursos de la Cancillería y el servicio exterior y los demás actos de naturaleza inconstitucional e ilegal cometidos durante los años noventa".

    Hay dos Informes Finales de la Comisión de alto Nivel. El primero se refiere a los ceses; el otro, a intervención de funcionarios del Servicio Diplomático en misiones del exterior respecto a procesos electorales realizados durante la década 1990-2000.

    El ex canciller De la Puente declaró, según documento al que CARETAS tuvo acceso, que un mes antes del cese, Fujimori le dijo: "hay que hacer una inmediata racionalización... Yo le expresé: Mire, Presidente, para hacer una evaluación de todo el personal diplomático. Yo no estoy capacitado, si conozco a duras penas a mi jefe de gabinete".

    En el interior de nuestra Cancillería aún se mueven resortes secretos.

    "Entonces me dice", continuó De la Puente, "que dos ex secretarios generales y el actual vayan contigo al fin del mundo y que ahí hagan una evaluación... de todos y cada uno de los funcionarios". "Es ahí donde yo le pido a los embajadores Alfonso Rivero Monsalve y Hugo Palma Valderrama para que se trasladen a Washington, distinto de la reunión de Bahamas... También asiste el Embajador Roberto Villarán Koechlin".

    El Embajador José Antonio García Belaunde, por su parte en declaración escrita enviada al Presidente de la Comisión Especial, precisó: "Debo decir que me consta, porque estuve en contacto con ellos en las semanas previas al 29 (de diciembre de 1992) que los Embajadores Alejandro León y Jaime Stiglich participaron en la redacción de las listas. Ellos me informaron del proceso, el cual lo dirigía el Embajador Roberto Villarán, entonces Secretario General y que respondía a instrucciones venidas de Palacio".

    Aunque esto no prueba que todos los asistentes a la reunión de Washington hayan participado en la elaboración de las listas de diplomáticos a ser cesados, lo cierto es que a esa reunión, llevada a cabo entre los días 14 y 17 de diciembre de 1992, en la sede de la Embajada del Perú, concurrieron, aparte del ministro De la Puente, los Embajadores Villarán Koechlin, entonces secretario general de la cancillería; Rivero Monsalve, Embajador del Perú en Chile, Hugo Palma, Embajador del Perú en Francia; y Alejandro León Pazos, representante permanente del Perú en la OEA.

    Era Embajador del Perú en Estados Unidos Ricardo Luna, quien, según los testimonios, no quiso participar en la confección de la lista guillotinadora. El Embajador Rivero dijo que en la cita de Washington, el canciller De la Puente "insistió en la necesidad de que se hablara del cese de personal y que tanto él como los Embajadores Luna y Palma se opusieron al cese, replicando que debería hablarse sobre criterios (de evaluación) y no de nombres".

     

    La poda despiadada fue fríamente tramada por este dúo: Oscar de la Puente y Alberto Fujimori. Der.: Embajada del Perú en Washington: allí se finiquitó la lista que cesó a los 117 diplomáticos.

    En el Informe salta a la vista el nombre del Embajador Gabriel García Pike, actualmente Jefe de Misión en Tailandia. Se recuerda en un pasaje que la Comisión Investigadora que preside la congresista Anel Townsend ha encontrado indicios de vinculación de García Pike con Montesinos. Dicha Comisión concluye que el Ministerio Público debe estudiar la conducta del mencionado Embajador, "ya que se podría haber configurado el delito de peculado si hubiera habido entregas de dinero a un funcionario diplomático".

    POLITICA Y DOLARES

    Más sutil resulta establecer responsabilidades en el campo de la política. Hay, desde luego, actitudes que configuran un simple ejercicio de la obediencia debida, respecto de decisiones del Poder Ejecutivo o del Congreso. Pero hay también casos de diplomáticos, como Luis Marchand, que renunciaron al puesto apenas instaurado el régimen del fujimorato.

    En el Informe sobre diplomacia y procesos electorales hay claros indicios de una subordinación de la cancillería a los planes autoritarios y reeleccionistas inconstitucionales de Fujimori. El cable 719, de fecha 13 de setiembre de 1999, remitido desde Washington por la Embajada del Perú, recomienda, por ejemplo, la contratación de lobbies, a fin de contrarrestar la actitud de congresistas de Estados Unidos y de la oposición peruana, que se manifestaban contra Fujimori.

    El 15 de octubre, el Secretario General de la Cancillería, Jorge Valdez Carrillo, autoriza al Embajador Alfonso Rivero a suscribir contratos con las empresas Patton Boggs y Shephardson, Stern y Kaminsky, por un total de US$ 850 mil.

    Conjurados fujimoristas A. Blacker Miller, L. Silva Santisteban y Roberto Palma se vieron complicados.

    Surge allí un misterio: los primeros 140 mil dólares del contrato fueron entregados en efectivo en Palacio y remitidos de allí a la Cancillería. Lo extraño es que esa suma nunca pasó, como debiera, por el Ministerio de Economía. Tampoco se sabe si se pagó, y en el supuesto del pago, con qué dinero, el resto de la suma.

    Un hecho inadvertido es que, según programa que tenemos a la vista, el miércoles 8 de diciembre de 1999, Alfonso Bustamante, en ese momento presidente del Consejo de Ministros, había viajado de Washington a Nueva York, en compañía del Embajador Alfonso Rivero, el periodista Guido Lombardi y la señorita María Lourdes Pardo.

    A las 12.30 de ese día tuvieron un almuerzo de trabajo con la Banca de Inversiones, organizado por J.P. Morgan en coordinación, precisamente, con Shepardson, Stern y Kaminsky.

    Por lo demás, una serie de cables y circulares en torno a las elecciones de abril de 2000 muestran que el entonces canciller Fernando de Trazegnies y el secretario general del ministerio, Jorge Valdez, se habían convertido en estado mayor internacional del régimen, no para asuntos de interés nacional, sino para defensa unilateral de una dictadura.

    El Informe señala que del examen de algunos testimonios se puede concluir que el doctor Luis Silva Santisteban, secretario del Consejo de Ministros y asesor presidencial, colaboró decididamente para el cese masivo decretado el 29 de diciembre de 1992.

     

    García Pike, en salmuera. También Alfonso Rivero Monsalve y Hugo Palma fueron involucrados.

    COMISION DE LA VERDAD

    La Comisión Especial de Alto Nivel nombrada por el Gobierno abre varias posibilidades para enfrentar los casos:

    1. En el de Fujimori, dados los indicios de responsabilidad administrativa y judicial, que el Congreso le abra antejuicio por abuso de autoridad e infracción constitucional.

    2. Igual medida cabe para De Trazegnies.

    3. En cuanto a De la Puente, para quien el antejuicio ha prescrito, cabe solicitar del Procurador que le abra instrucción.

    4. Respecto a los demás diplomáticos, la jurisdicción que debe examinarlos es la del Consejo de Investigación de la Cancillería, para que determine si existe o no responsabilidad y, según eso, para que establezcan o no sanciones.


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