Edición Nº 1737


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    ARTICULO

    5 de setiembre de 2002

    Argentina en el Laberinto
    Familiares de víctimas de Utopía amplían lazos. Este 7 de setiembre participarán en caminata pacífica en el Jockey.

    El 29 de agosto pasado, el vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Thomas Dawson, anunció que el organismo no esperaba llegar a un acuerdo con Argentina en poco tiempo. Dos semanas antes, el Ministro de Economía de ese país, Alfredo Lavagna, había sometido al Fondo una carta de intención con la esperanza de cerrar un acuerdo que le permitiera contar con los recursos para adoptar un conjunto de medidas para enfrentar la compleja situación existente. Dawson justificó la decisión del FMI aludiendo a la falta de consenso político de los principales actores políticos argentinos sobre los aspectos fundamentales de un programa que pudiese continuar después de las elecciones fijadas para el 29 de marzo del 2003. La dramática situación que vive el país del sur continuó de esta forma complicándose cada vez más, en un proceso en el cual ninguno de sus actores encuentra la punta del hilo que le permita dirigirse a la salida del laberinto.

    Lavagna, ministro de Economía, y Dawson, del FMI: sin acuerdo a la vista.

    Escribe LUIS NAVAJAS

    El presidente Duahlde buscó, en un primer momento, tomar distancia del FMI cuando asumió la presidencia. Seguramente intuía que la impopularidad de las medidas que exigiría el organismo lo perjudicaría en su carrera política, si bien uno de sus primeros anuncios había sido que no se postularía en las próximas elecciones presidenciales. Cabe señalar que entre sus asesores existieron inicialmente personas de posiciones antagónicas al FMI como el economista argentino Daniel Carboneto, otrora asesor de Alan García cuando fuera presidente del Perú. El realismo político condujo a Duhalde a girar progresivamente hasta acabar en la posición actual en la cual uno de los principales objetivos, sino el más importante, es celebrar un acuerdo con el Fondo para dejar "la casa en orden" para el próximo gobierno.

    También asumió la Presidencia con el objetivo de atacar el problema institucional generado por una Corte Suprema de Justicia percibida en amplios sectores como sumisa a Carlos Menem en cuyo mandato se habían designado 5 de sus 9 miembros. El inicio del juicio político contra la Corte Suprema en la Cámara de Diputados abrió una etapa de confrontación entre los poderes del Estado y agregó otro elemento muy complicado a la situación. Los proyectos de apoyo a los sectores más desfavorecidos y golpeados por la crisis fue otro propósito de Duhalde, así como la convocatoria a elecciones para Presidente y Vicepresidente, inicialmente previstas para el mes de diciembre de 2002 y luego adelantadas para marzo de 2003 por la rápida erosión del gobierno.

    El ejecutor principal de la reciente política económica de Duhalde, el ministro Lavagna, ha hecho esfuerzos considerables por administrar la más profunda crisis económica que ha afectado nunca a Argentina. La caída parece haberse detenido o, al menos, ha reducido su velocidad. Según el ministro , no se han cumplido los peores pronósticos respecto al regreso a la hiperinflación, gracias a un aumento de precios controlado y no por medidas gubernamentales sino por los mecanismos económicos que se han implementado. También cita Lavagna que ha comenzado a producirse un superavit fiscal primario y se ha notado un comienzo de reactivación de la actividad productiva -en gran medida centrada en las exportaciones beneficiadas por el tipo de cambio favorable-, mientras se han modificado las controvertidas leyes de quiebras y de subversión económica que eran uno de los requerimientos del FMI. También se han efectuado intentos de ir flexibilizando el "corralito" en el que quedaron atrapados los depósitos en los bancos argentinos por decisión de la administración de de la Rúa bajo la inspiración de Domingo Caballo. En este marco, se ha producido una estabilización de la cotización del dólar, lograda con una baja intervención del Banco Central. Se ha comenzado, igualmente, a implementar una red de apoyo social para jefes de familia duramente golpeados por la crisis. A esta altura de los acontecimientos, el objetivo de un acuerdo con el FMI es lograr la postergación de los pagos que debe realizar Argentina a los organismos multilaterales durante el resto de 2002 y el año 2003.

    LOS DILEMAS

    La Desesperación ha hecho que cunda la consigna de "que se vayan todos". Der. Duhalde: rápida erosión de un gobierno.

    A pesar de todos los esfuerzos, la precariedad es un signo que pende como espada de Damocles sobre la sociedad argentina porque su crisis es mucho más que una crisis económica. Los dilemas son dramáticos y generalizados. El del FMI, por ejemplo, lo confronta con la posibilidad de no proporcionar la ayuda que requiere el gobierno Argentino y profundizar la crisis o facilitar los recursos sin la seguridad de que el próximo gobernante vaya a honrar, en los hechos, los compromisos asumidos.

    Otro de los graves dilemas se deriva del desprestigio de la clase política argentina y, en general, de todo el sistema de elección de autoridades y representantes. Corrupciones y corruptelas, favoritismos e intereses particulares por encima de todo han conducido a un descreimiento en las instituciones y en las leyes. El Estado de Derecho, pilar del orden social democrático, ha sido erosionado hasta los tuétanos. La consigna "que se vayan todos" refleja un estado de ánimo generalizado en grandes sectores de la población. Sin embargo, encuestas recientes revelan que, a la hora de pensar en candidatos a la Presidencia, la diputada Carrió, fuerte promotora del "que se vayan todos", ha retrocedido en las preferencias. La lógica de la consigna es que no pueden resolver el problema quienes contribuyeron a crearlo; sin embargo, a la hora de las soluciones se necesita contar con medidas claras que adoptar ¿Y quién las va a aplicar si se han ido todos? Existe también la percepción que la caducidad de todos los mandatos haría pagar a los pocos justos por los muchos pecadores y alienaría de esta forma a quienes pueden ser los operadores políticos necesarios para superar el estado de cosas. Se aclara que la consigna "que se vayan todos" implica que cada representante electo debe renunciar y renovar su mandato en nuevas elecciones democráticas y transparentes. Esto exige introducir profundas modificaciones al sistema electoral vigente. ¿Quiénes deberían introducir los cambios? Los mismos que han sido elegidos como diputados y senadores por los partidos que están profundamente involucrados en la crisis. ¿Es eso posible? Muy difícilmente.

    El deterioro institucional y la falta de autoridad moral de las más altas autoridades ha generado un nuevo frente de combate en lo relativo a la Corte Suprema de Justicia, la cual se ha sentido atacada por el juicio político iniciado en la Cámara de Diputados. Muchos interpretan que varios fallos adoptados por la Corte están más dirigidos a ganar popularidad entre la población y dañar al gobierno que a impartir justicia. Tal es el caso de la sentencia emitida por la Suprema Corte que declara la inconstitucionalidad de la reducción compulsiva del 13% de los sueldos de la administración pública y de las jubilaciones que adoptara el gobierno de de la Rúa-Cavallo. La restitución de esos recursos a los afectados, que es en sí misma un acto de justicia, generará una nueva restricción a las finanzas del Estado. También se interpreta en esta línea de confrontación institucional la anunciada decisión de la Corte de comenzar la consideración de la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida que aseguraron la impunidad de los acusados por las gravísimas violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar; resulta difícil de prever los efectos que esta situación podría tener en las Fuerzas Armadas.

    Aparentemente, estaría también "en remojo" la posibilidad de considerar la inconstitucionalidad de la "pesificación" medida por la cual se transformaron a pesos, luego fuertemente devaluados, los depósitos en dólares. También en el ámbito judicial, si bien no directamente vinculado con el conflicto de la Corte Suprema, se encuentran las decisiones de diversos jueces declarando la inconstitucionalidad del "corralito" y ordenando la entrega del dinero depositado a quienes han interpuesto acciones de habeas corpus. Se ha producido así "el goteo" de los depósitos que amenaza con hacer colapsar el sistema financiero, para preocupación del FMI que exige que se detenga la extracción de fondos. ¿Cómo hacerlo en un régimen de derecho sin vulnerar las normas que reconocen el derecho de propiedad y la independencia del Poder Judicial? La confrontación institucional alrededor del juicio político a la Suprema Corte parece estar llegando a un punto en el que todos pierden y el ambiente se enrarece sin que nadie pueda prevalecer. La salida parecería ser que cada uno entregue algo a cambio de que los otros frenen la campaña; algunas renuncias a cambio de congelar un juicio político que, de hecho, difícilmente prosperará pues requiere los dos tercios de los diputados, marca de que no se considera posible alcanzar.

    EL CAMPO MINADO

    Al adelantar la fecha de las elecciones al 29 de marzo de 2002, el proceso electoral se encuentra en plena marcha. Si bien el proceso ha abierto una válvula para la proyección de las preocupaciones de la población, la profundidad de la crisis hace que el mismo pueda llegar a convertirse en fuente de problemas adicionales. Ya mencionamos las dificultades que confronta la modificación de las normas electorales para que las elecciones reflejen adecuadamente la voluntad popular. A ello debe sumarse que la crisis ha provocado profundo efectos en los partidos tradicionales. El Radicalismo está reducido a niveles mínimos y ninguno de sus dirigentes con aspiraciones presidenciales figura entre los nueve primeros de las preferencias populares. El Justicialismo, por primera vez, se encuentra escindido en numerosas candidaturas y con enconados conflictos internos. Como muestra del desorden que puede reinar en la campaña electoral, cabe indicar que Carlos Menem, eterno pretendiente a la casa Rosada y autor de gran parte de las condiciones que condujeron a la debacle, confronta nuevas y graves acusaciones por cuentas ocultas en Suiza mientras pretende jugar nuevamente al papel de aliado ciego de Estados Unidos y no puede realizar actos públicos sin temor a ser atacado físicamente por los airados votantes argentinos.

    No pocos candidatos y candidatas atacan duramente al FMI y denuncian el fracaso de las políticas impuestas por el organismo para lograr el crecimiento económico que exige Argentina. Ello da origen a que se compare la actitud de los candidatos brasileños que endosaron, aunque con ciertas restricciones, el acuerdo del gobierno de Cardozo con el FMI para lograr 30 mil millones de préstamo. El marcado avance de Rodríguez Saa en las preferencias electorales es otro motivo de preocupación, especialmente en el exterior. No puede olvidarse que fue él quien declaró la moratoria de la deuda externa argentina ante los aplausos de diputados y senadores. La búsqueda de un líder que sea capaz de unir a las diferentes y necesarias posiciones para adoptar las medidas que se requieren para remontar la crisis argentina resulta cada vez más difícil en el proceso electoral en curso.

    Otras minas que podrían estallar con consecuencias imprevisibles son los vencimientos que debe afrontar Argentina en los organismos multilaterales de crédito. El 9 de setiembre se vence un préstamo por $2.700 millones con el FMI, en octubre debería pagar $ 800 millones al Banco Mundial (sólo puede postergarse el pago por 30 días) y en diciembre debe pagar $ 850 millones al Banco Interamericano de Desarrollo. En el primer trimestre del 2003, Argentina debería pagar $3.912 millones al FMI. No es por ello de extrañar que el gobierno esté trabajando febrilmente para lograr una reprogramación de pagos por todo el período 2002-2003. Parecería estar lograda la postergación de los $ 2.700 millones del FMI por un año.

    Asu vez, quedan las minas imprevisibles de la labor legislativa. Tres decisiones adoptadas por el Congreso generaron fuertes reacciones externas por sus efectos sobre los bancos: la suspensión del llamado Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) a los préstamos, la extensión a las casas matrices de la responsabilidad de los bancos de responder por los depósitos realizados en Argentina y la postergación de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias hasta el mes de noviembre. La misión del FMI que arribó el martes 3 de setiembre deberá lidiar con estas novedades además de los problemas generales, uno de los cuales es la necesidad de que las provincias cuenten con alguna forma de asistencia financiera que evite que sigan emitiendo bonos, recurso que algunas de ellas se comprometieron a no utilizar a cambio de recibir fondos frescos.

    El terreno minado incluye, por fin, a la propia calle. La inseguridad ciudadana, como resultado del auge de los secuestros, asaltos y violencia, ha pasado a ser un problema de primer orden.

    La magnitud de los problemas puede resultar abrumadora. No existen, sin embargo, llamados a desconocer el régimen democrático de gobierno. Se generan, además, numerosas iniciativas de la población para remontar muchos de los problemas que se confrontan. Numerosos trabajadores están asumiendo las labores de administración de empresas abandonadas por sus dueños. Las organizaciones de la sociedad civil se han visto obligadas a tomar una participación más activa en el control de los actos de gobierno. El periodismo juega un papel cada vez más importante cada día y eleva su nivel en consecuencia.

    Hay quienes consideran que en Argentina han encontrado su límite políticas insostenibles referidas al proceso de endeudamiento, a la transferencia de recursos a las casas matrices y a los flujos especulativos de capitales que tanto daño continúan haciendo a las economías emergentes y a la polarización de la sociedad en un mar de pobreza y riqueza nunca antes visto. Hay quienes ven en este proceso muchos elementos que indican que está desapareciendo un viejo orden y que en el seno de la crisis se están gestando las tendencias de las que resultarán las soluciones: nuevas prioridades poniendo a la gente primero, más democracia efectiva, respeto al Estado de Derecho, confianza en los grandes recursos naturales y en la capacidad de su pueblo, integración a un mundo globalizado desde una perspectiva que responda a los problemas argentinos. Y, fundamentalmente, un liderazgo incorruptible y sensible a los requerimientos de la democracia, a la necesidad de fortalecer las instituciones, a dar respuesta a las necesidades de los sectores más vulnerables de la población y al imperativo de brindar a los jóvenes un proyecto común que construir, solidario, pacífico y generoso. Hay quienes consideran que hay que volver a lo fundamental. Por eso hay que seguir observando la evolución de los acontecimientos en Argentina pues corren.

     

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