Edición Nº 1712


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    EDITORIAL

    14 de marzo de 2002

    MIENTRASel Congreso estudia siete proyectos de ley para facilitar el acceso a la información en poder del Estado y perfeccionar así la legislación básica promulgada por el gobierno de Transición, el Ministerio de Justicia ha publicado esta semana un proyecto de ley destinado a prohibir formalmente a servidores o asesores públicos divulgar información "privilegiada" hasta después de haber cesado en el cargo.

    Como era de esperar, Expreso, el diario viudo del fujimorismo, ha calificado la iniciativa como "algo positivo", ya que reaviva la cultura del secreto y abre nuevas brechas para recibir discretamente contribuciones en maleta.

    El proyecto del ministro Fernando Olivera, que otrora fuera uno de los mejores "dateros" del mercado, pisotea con su amplitud y ambigüedad todos los principios que sobre la transparencia administrativa se imponen en el mundo democrático.

    La iniciativa señala que los servidores públicos "tampoco podrán divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante".

    Eso quiere decir que toda información podría ser negada a juicio de cualquier jerarca gubernamental, como en los mejores tiempos del doctor Montesinos y de las tertulias de Popy en el restaurante La Gloria con sus entonces amigos cavernarios del diario de Orejuelas.

    Los impedimentos y prohibiciones abarcarían tanto al Presidente de la República como al último pinche coimero de una empresa estatal o juzgado de paz, incluyendo a prefectos y subprefectos, alcaldes y regidores, ministros y generales, portapliegos y policías.

    El Congreso debiera rechazar de inmediato este proyecto aberrante para no caer en violentas contradicciones, y tanto los medios de comunicación como la ciudadanía en general condenar este intento de reforzar nuevamente la práctica del ocultamiento sistemático parapetada en los privilegios del poder, procedimiento que promueve el abuso y la corrupción.


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